La COORDINACION REGIONAL DEL PACÍFICO COLOMBIANO, (CRPC) es una red donde confluyen diversas organizaciones étnico-territoriales de población afro colombiana y pueblos indígenas, al igual que las jurisdicciones eclesiásticas del Pacífico. Nuestro propósito es la defensa del territorio y el conjunto de derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afrocolombianos del Pacífico.
La región del Pacífico concentra una continua y sistemática violación de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos. Aquí se configura una exclusión especial; los indicadores de calidad de vida señalan que la costa Pacífica sigue estando muy por debajo de los estándares nacionales. Contrario a ello sucede con el desarrollo del conflicto armado ya que su creciente fuerza en la región ha dejado solo terror, masacres, desapariciones, amenazas, el drama del desplazamiento forzado, etc.
Frente a esta grave crisis humanitaria, el abandono estatal, las múltiples violaciones a los DDHH y las infracciones al DIH que están cometiendo los actores armados en contra de la población civil en toda la costa Pacífica levantamos nuestra voz de protesta, rechazo y denuncia.
La geografía del Pacífico compuesta de mar, ríos, esteros, islas y manglares, rica en minerales, biodiversidad y en culturas, hoy está en peligro; las poblaciones afrodescendientes e indígenas Embera Dóbida, Eperara Siapidara, Chamí, Katío, Wounaan y, que en el pasado vivieron en armonía, compartiendo un territorio donde la palabra era ley y respetada y donde la mayor parte de los conflictos los dirimían mediante el diálogo, el consejo de los abuelos y la guía de los mayores, hoy están confinados en su propio territorio, amenazados y en peligro de padecer un exterminio en Colombia por las acciones de los grupos armados legales e ilegales, por la minería a gran y menor escala, por las políticas de implementación de los megaproyectos, por las concesiones mineras inconsultas, por la desatención del Estado y por las permanentes fumigaciones aéreas que afectan sus cultivos de pancoger.
El accionar y presencia de las FARC, ELN, paramilitares y Fuerza Pública en los territorios étnicos del Pacífico está debilitando la autonomía y gobernabilidad de los Consejos Comunitarios y los Cabildos Indígenas, ya que están imponiendo extrañas formas de vida y de convivencia a la población, están ejerciendo actividades ilícitas y aprovechándose de la explotación de los recursos naturales con la imposición de vacunas o de toques de queda o combates dentro de las comunidades..
El pasado 14 de Mayo de 2014, ocurrió un atentado con granada en la Vereda Chilví, jurisdicción del municipio de Tumaco en la vía Tumaco-Pasto, donde fueron asesinados dos niños Pier Ángelo Cabezas Montaño y Luis Sebastián Preciado Valencia, en este atentado también resultaron 8 policías heridos. En un acto de irresponsabilidad y sin ninguna prueba la Policía Nacional aseguró que los niños víctimas fueron quienes lanzaron las granadas, situación que rechazamos tajantemente ya que testimonios aportados por la Diócesis de Tumaco ponen en duda la versión de la Policía Nacional: Eran niños conocidos en el pueblo por su buen comportamiento y estaban dedicados a actividades deportivas, musicales y teatrales. resulta contrario e increíble que ahora los señalen como los autores materiales de ese atentado.
El 25 de febrero de 2014 ocurrió una detonación de un artefacto explosivo en el supermercado Mercamés de la ciudad de Quibdó, en donde perdieron la vida 4 personas y otras diez quedaron heridas. En lo que va corrido del año, sólo en el casco urbano de Quibdó se han asesinado alrededor de 25 jóvenes.
Desde el pasado 05 de mayo (ELN, Rastrojos, Águilas Negras y Urabeños) libran enfrentamientos en los territorios colectivos de los resguardos indígenas del río Dubasa, en las comunidades indígenas de Doparé, Piedra Mula, Docasina, Pueblo Nuevo, Punto Viejo, Villa Miriam, Debadá, Jeandó, Dupurdú, Andeudó, Carrizal, entre otras, se presenta una grave crisis humanitaria y una constante violación a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por el repetido accionar de los actores armados ilegales presentes en la zona; esta situación ha generado el desplazamiento de más de 1300 personas, entre los que se cuentan niños, niñas, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo, quienes hoy se encuentran en las comunidades de Catrú Central, Puerto Meluk y Puerto Echeverry donde se vienen presentando problemas de salud; otro grupo de pobladores huyeron a las montañas del Baudó sin que se conozca su estado por la imposibilidad de encontrarlos, un miembro de la comunidad perdió la vida al caer en un artefacto explosivo, la explosión le amputó una mano y una pierna causándole la muerte de manera inmediata.
En algunas comunidades hay alrededor de cien personas con intención de desplazarse para salvaguardar su vida, a la falta de médicos, enfermeras y medicamentos para atender a los enfermos y desplazados se le sumó, la salida el día sábado 24 de mayo de todas las instituciones que estaban atendiendo la situación en la zona, con ello se ha dificultado aún más la atención a las más de 1.300 personas que requieren urgente cuidado.
En los municipios de Olaya Herrera, Barbacoas, La Tola, Mosquera y Roberto Payán, Bojayá, Medio Atrato, Atrato, Vigía del Fuerte, la guerrilla de las FARC, han puesto afiches, han pintado casas con mensajes alusivos a su organización, y tienen izadas permanentemente banderas en el 80% de las veredas y lugares de encuentro comunitarios como escuelas, puestos de salud, viviendas y caseríos, etc. A algunos líderes los obligan a obedecerles y ser portadores de su política revolucionaria, pero cuando éstos intentan protestar los amenazan obligándolos a salir de los territorios generando desplazamientos gota a gota, a las personas que se resisten les han quitado la vida. Todas estas acciones no permiten que las comunidades hagan uso adecuado de sus políticas organizativas emanadas de la ley 70/1993, aún más, no las entendemos cuando en este proceso de paz las FARC dialoga con el gobierno pero asesina y maltrata a los campesinos y campesinas.
Ante el terror impuesto, las amenazas, la resistencia a ser utilizados como informantes muchos Representantes Legales y miembros de las Juntas de los Consejos Comunitarios elegidas en diciembre del 2013 se han visto obligados a renunciar de sus cargos a cambio de conservar sus vidas y la de sus familias.
Desde el año 2008, la policía antinarcóticos viene realizando fumigaciones en municipios como Olaya Herrera, El Charco, La Tola, Roberto Payán, Mosquera, Guapi y Timbiquí, López de Micay, Iscuandé, Tumaco Salahonda, Magüí Payán, Barbacoas, Riosucio; cuatro años después estas aspersiones aéreas sólo han creado una crisis humanitaria por la escasez de alimentos en la región, acabaron con los cultivos de plátano, naranja, cacao, yuca, papachina, pepepán, aguacate, limón y la caña, que eran el único sustento de las familias campesinas.
Durante los días 18, 19, 20 y el 21 de mayo de 2014 avionetas escoltadas por helicópteros militares, estuvieron fumigando en zonas en territorios colectivos de los Consejos Comunitarios de Sanjoc, Playón y Mamuncia pertenecen al municipio de López de Micay una gran cantidad de cultivos de pancoger.
Entre los días 16 y 28 del mes de marzo de 2014, se presentaron enfrentamientos entre el frente 29 de las FARC y el Batallón de Infantería de la Marina 42 – Baflim, del ejército nacional, lo que genero el desplazamiento de las comunidades de Joanico, Limones, Quiroga, San José en el Consejo Comunitario Guajuí, y las comunidades de La Pampa y Partidero en el Consejo Comunitario de Guapi Abajo. Las comunidades desplazadas no cuentan con las mínimas garantías de atención por parte de la administración municipal en Guapi y menos con las condiciones para retornar a sus territorios.
El día 24 del mes de marzo explotó un artefacto explosivo en el casco urbano de Guapi que dejó nueve personas heridas entre ellas a una mujer mutilada en sus dos piernas y dos víctimas fatales.
El municipio de Barbacoas, Nariño, se oye decir que es tierra de nadie. O por lo menos no de sus verdaderos dueños que son comunidades negras e indígenas. Las torturas, masacres, confinamiento, muertes selectivas, desapariciones, a que han estado sometidas años tras años los habitantes y dueños del territorio es cada día más grave. El día martes 21 de enero de 2014 los paramilitares masacraron a cinco personas de la comunidad Nueva Vista, tres de ellos pertenecientes al Consejo Comunitario Renacer Campesino y dos del Consejo Comunitario La Gran Unión del Rio Telpí.
En la primera semana del mes de febrero los paramilitares asesinaron dos personas de la comunidad El Descanso de este mismo municipio. Lo irónico es que los medios de comunicación masivos no divulgan esta situación de muertes y silenciamiento que viven estas comunidades.
De igual manera, el 24 de diciembre de 2013 llegaron aviones del ejército nacional a la comunidad indígena Unión Chamí cuenca del río Salaquí (bajo Atrato, Chocó) pertenecientes a la organización indígena CAMIZBA, causando daños y destrozos en las parcelas de pancoger, generando miedo en la comunidad y violando sus derechos de autonomía y exponiendo a la gente por el riesgo de fuego cruzado con otros actores armados.
El día 24 de diciembre del 2013 en la cuenca de Salaquí en la comunidad indígena de barranco hubo un enfrentamiento del ejército nacional y la guerrilla de las FARC, poniendo así en riesgo a la población civil y causando daños materiales y sicológico a la población; este hecho genera zozobra en las personas que viven en el territorio debido a que no tienen confianza para desplazarse libremente en su territorio, trauma sicológico en los niños, mujeres y adultos mayores.
Del 14 al 19 de febrero del 2014 hubo un paro en el corregimiento de Belén de Bajirá por la problemática y disputa territorial entre el departamento de Antioquia y Chocó de este municipio, la indefinición de esta situación tiene a los habitantes afectados en confrontaciones internas por el acceso a los servicios de salud, y educación, la población exigen que se defina a que departamento pertenecen.
En la cuenca del río Curbaradó se ha iniciado con el proceso de restitución de tierras, en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras, sin embargo, preocupa que este no presente mayores avances, aproximadamente seis personas que venían en el proceso de restitución de tierras han sido asesinadas y sus familias nuevamente victimizadas. No existen garantías de no repetición.
De acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo, en el año 2012 se registraron por lo menos 122 asesinatos en Buenaventura, en el 2013 llegaron a 140 y en lo que va de 2014 ya superan las 56 personas asesinadas, alrededor de 12 personas han sido reportadas como desaparecidas. En Buenaventura, no solo asesina, sino que se descuartiza, se desaparece, se masacra, se desplaza, estigmatiza, a los niños se reclutan, y condicionar la movilidad de la gente con la imposición fronteras invisibles (VerdadAbierta.com, 19 de febrero).
Se estima que en el 2013 se desplazaron de sus lugares de residencia urbana en Buenaventura más de 5.000 personas, en el llamado desplazamiento intraurbano.
La situación de violencia que allí se desata cuenta con un trasfondo económico y político. Buenaventura es uno de los sitios más importante y estratégicos para los intereses de los grandes capitales nacionales e internacionales en la implementación de los megaproyectos, lo que hoy conocen como el progreso y el desarrollo. Es el lugar de llegada y desembarque del desarrollo que ve como un estorbo a la gente negra que habita alrededor del gran puerto. Por ello debemos tener claro las conexidades que hay entre la violencia y el desarrollo que se quiere imponer, de otra manera hay que ver es cómo están aliadas empresas y algunas instituciones con los agentes delincuenciales, todo en una estrategia de desterritorialización y exterminio a la población.
En los zonas pertenecientes a los Consejos Comunitarios de los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó se ha presentado una constante y descarada violación del derecho a la consulta previa con una política desordenada de titulación minera por parte del Gobierno (Ministerio de Minas y Energía) a particulares sin contar con el consentimiento libre e informado de los Consejos Comunitarios. El gobierno se ampara en una legislación arbitraria y amañada para concesionar territorios étnicos y reducir la consulta previa a un procedimiento posterior liderado por las empresas interesadas. La Coordinación Regional rechaza este procedimiento; ya que va en contravía del convenio 169 de la OIT, de la ley y de algunos pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, en donde se señalan algunos requisitos o criterios sobre la consulta previa que como su nombre lo indica debe ser antes de realizar la acción que afecta el territorio. La sola concesión de títulos mineros a particulares causa un impacto en las comunidades y sus territorios, en ese sentido todos estos actos son violatorios del derecho de las comunidades.
Como jurisdicciones eclesiales (Diócesis de Quibdó, Istmina-Tadó, Buenaventura, Tumaco y el Vicariato Apostólico de Guapi) en unión con los procesos organizativos de COCOMACIA, ACADESAN, ASCOBA, COCOMOPOCA, ASOREWA y COCOCAUCA frente a las anteriores situaciones de violaciones de derechos humanos en la región del Pacífico colombiano debemos solidarizamos con estos pueblos sufrientes y exigir al menos lo siguiente:
Al gobierno nacional cumplir con su deber de Respetar, Proteger y Garantizar los Derechos Humanos en todo el territorio de las comunidades negras e indígenas del Pacífico colombiano, cumpliendo, acatando todos los tratados internacionales que versan sobre la materia, de manera especial respetar las normas especiales que protegen derechos de las minorías étnicas en Colombia, acoger y poner en práctica las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales desde el año 2010.
Que el gobierno nacional cumpla con su obligación de tomar las medidas razonables en el marco del derecho internacional para prevenir que agentes estatales y no estatales produzcan violaciones a los Derechos Humanos en Colombia.
A los actores armados, cesar cualquier acto de violencia en contra de la población civil, acoger las normas del Derecho Internacional Humanitario respetando el carácter de distinción de la población civil no involucrándola en sus acciones bélicas, respetar las autoridades étnicas existentes en el Pacífico colombiano acatando y respetando los reglamentos internos que voluntariamente se han fijado los procesos organizativos en la región, acabar con la realización de cualquier actividad ilícita dentro de los territorios de las comunidades.
A los consejos comunitarios y autoridades indígenas continuar en la defensa de su territorio frente a las amenazas por los intereses foráneos, frente a la presencia de la minería que amenaza con la destrucción de la biodiversidad y del medio ambiente, frente a la presencia de actores en el territorio. La Coordinación Regional del Pacífico reconocemos sus grandes esfuerzos por alcanzar mayores niveles en su calidad de vida y la preservación del territorio, por ello los instamos a fortalecer sus reglamentos internos y autoridades propias de manera que respondan adecuadamente hacia las nuevas tendencias del país en el postconflicto.
De la comunidad internacional y los organismos internacionales debemos solicitar un mayor control y vigilancia de la inversión proveniente de cada uno de los países, garantizando que estas no sean utilizadas como instrumentos para la violación de los derechos a las poblaciones del Pacífico colombiano.
A la iglesia en el Pacífico continuar acompañando desde la luz del evangelio la vida y esperanza de estos pueblos afro, indígena y mestizo que sufren ante tanta barbarie, apoyar las iniciativas comunitarias por fortalecen la resistencia y supervivencia de las comunidades en su territorio, denunciar toda acto de injustica y violación de Derechos Humanos en el Pacífico.
* Coordinador del Proyecto Regional del PacíficoColombiano
