Existe una nueva modalidad de actos de barbarie en la región, como es el lanzamiento de artefactos explosivos, tanto en Tumaco, el Charco, Barbacoas, Magüí, Roberto Payán, La Guayacana y Llorente. Estos artefactos han explosionado en negocios, calles públicas y frente a colegios, produciendo gran número de víctimas a policías y a civiles, inclusive niños. Incluso se utiliza a menores de edad como inocentes portadores de esas bombas. Estos explosivos generan muertes indiscriminadas a población inocente. Pero además generan un sentimiento de inseguridad absoluta, de zozobra y de miedo.
Se han incrementado las extorsiones y las vacunas a profesionales, a comerciantes y personas que viven del rebusque, que cuando no son satisfechas generan asesinatos y lanzamiento de artefactos explosivos. Esto está produciendo el desplazamiento de muchas familias y el cierre de puestos de trabajo, aumentando aún más la grave situación de desempleo en la región.
Ha aumentado la lucha por el control de territorio en los barrios por parte de los grupos armados al margen de la ley, creando unas mal llamadas fronteras invisibles que son defendidas a muerte. Esto ha generado desplazamientos internos de las familias. Los pobladores se sienten rehenes en sus propios barrios y veredas, fuertemente intimidados no salen de sus casas a partir de las 9:00 de la noche, impidiendo reuniones y perjudicando seriamente la vida social y las relaciones tradicionalmente acogedoras del pueblo afro.
Las comunidades tienen la impresión de que la Fuerza Pública minimiza el impacto de la violencia y la gravedad de los hechos contra la población civil, presentando estadísticas de reducción del 30% de asesinatos, sin embargo y aún así, la tasa de asesinatos en el Municipio de Tumaco duplica la media nacional y ha aumentado sustancialmente el miedo y la inseguridad de los pobladores de Tumaco y los Municipios de la costa pacífica nariñense.
La percepción general es que la situación se les ha salido de las manos y que no controlan la situación de orden público. Este grave aumento de la inseguridad ha ocasionado por parte de la población una desconfianza grande en la Fuerza Pública.
Esto mismo sucede en otros municipios, continúan los desplazamientos masivos en el Charco – Río Tapaje, y tanto la Fuerza Pública como las FARC utilizan a las comunidades como escudo, infringiendo el Derecho Internacional Humanitario. En las vías de comunicación por agua y por mar, ha aumentado la inseguridad, el hostigamiento, los secuestros de canoas, así como la quema de buses.
PETICIONES
Un llamado a los actores armados a respetar el ambiente de paz que tradicionalmente ha caracterizado a esta región pacífica. Que busquen mecanismos para contribuir a un real progreso sostenible y justo de este pueblo.
La no inclusión de menores de edad en el conflicto tanto en la zona urbana como en la rural.
Un llamado a la Fuerza Pública a recuperar la confianza de la población y la seguridad de las calles y barrios de nuestros Municipios, respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Un llamado general al pueblo de Dios que no veamos con indiferencia y normalidad esta violencia, que asumamos una actitud crítica en defensa de la vida y en búsqueda de una sociedad de paz, para las presentes y futuras generaciones.
Un llamado al Estado a invertir en desarrollo sostenible construido desde la región y desde sus pobladores, promoviendo el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
