El 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, por decisión que tomó en 1994 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU.
Las comunidades indígenas del Chocó, embera, woaunan y tule, continúan padeciendo una dolorosa tragedia humanitaria. En medio de la miseria generalizada de la población chocoana, los indígenas agonizan en las peores condiciones. Son los más excluidos y marginados en una región de excluidos y marginados, los más discriminados en una región discriminada, los más pobres, indigentes y necesitados en una región de pobres, indigentes y necesitados.
La presuntuosa retórica oficial sobre seguridad, desarrollo o prosperidad aparece al desnudo como vulgar demagogia cuando se conoce la realidad de los poblados indígenas. Hambre, insalubridad, analfabetismo, inexistencia de ayuda técnica y crediticia, aislamiento, falta de energía eléctrica, de acueductos, alcantarillados, altos índices de morbilidad y mortalidad, corta expectativa de vida son el común denominador de las infrahumanas condiciones de los indígenas chocoanas.
De manera esporádica aflora el iceberg del exterminio indígena, los grandes medios publican fotografías impactantes y se rasgan las vestiduras con la muerte de niños indígenas en Carmen de Darién, en el Baudó o en el Alto Andágueda. Lo anterior se agrava con el ingreso a sus territorios de grupos armados ilegales vinculados a la coca y al narcotráfico que descomponen el ambiente con amenazas, reclutamiento forzado, violaciones y crímenes, generando desplazamiento de comunidades enteras. Es frecuente encontrar en las calles de Medellín, Pereira y Bogotá indígenas provenientes del Chocó y de otros lugares del país pidiendo una moneda para no morir de hambre o suplicando ayuda para enterrar a uno de los suyos. Y se publican crónicas periodísticas sobre el hacinamiento de indígenas del Chocó en inquilinatos de mala muerte en zonas de prostíbulos en Bogotá.
Se escribe mucho sobre los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero nada de ello se cumple en la práctica.
La Muriel Mining Corporation, MMC, una multinacional con domicilio principal en Colorado, Estados Unidos, inició desde hace varios años el proyecto minero ‘Mandé Norte’, relacionado con la exploración, explotación y comercialización de cobre, oro, molibdeno y otros elementos y compuestos, en 16.000 hectáreas de bajo Atrato (12.000 hectáreas en Carmen de Darién y 4.000 en Murindó). La zona del proyecto en Carmen de Darién está ubicada en Táparos, Jarapetó y La Rica, en el resguardo indígena de Urada Jiguamiandó y los planes del monopolio norteamericano son remover cada día setenta mil toneladas de tierra durante treinta años.
Todo el proyecto está asentado en territorio indígena, pero los capataces de la MMC, con respaldo de funcionarios del Ministerio del Interior, desconocieron los derechos de los indígenas y burlaron la norma de la necesidad de la consulta previa. Por fortuna, las denuncias de múltiples organizaciones conllevaron a la presentación de una tutela y a la expedición de una sentencia de la Corte Constitucional ordenando a la MMC suspender la exploración.
En la sentencia se señala que se violaron los derechos de once comunidades indígenas y dos afrocolombianas, ya que en el proceso de consulta previa no se tuvo en cuenta a sus autoridades e instituciones representativas. Señala que «la consulta resulta obligatoria cuando las medidas que se adopten sean susceptibles de afectar específicamente a las comunidades aborígenes, en su calidad de tales».
Lo anterior tampoco se ha cumplido en el otorgamiento de títulos mineros en zonas de comunidades indígenas, por más de 200.000 hectáreas a la Anglo Gold Ashanti, en el Alto Atrato y Alto San Juan. ¿Y fueron consultados los indígenas chocoanos en relación a los trabajos de exploración de hidrocarburos que se realizaron hace varios años y que se han reanudado hace dos meses en la zona del San Juan?