COMUNICADO: Ante nuestras peticiones, con fecha 14 de junio de 2008, se hizo público el informe de riesgo No. 014-08, de la Defensoría delegada para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado, sistema de alertas tempranas – SAT, en el se plantea que la población de la región vive con nivel de riesgo alto por ser el centro de disputa territorial debido a su riqueza minera, maderera y al auge cocalero, con la influencia de los carteles de la droga del Norte del Valle ligados a los grupos paramilitares de los “Rastrojos” y “Machos”.
Por la confrontación armada durante los últimos cinco años, aproximadamente 450 personas, habitantes de comunidades que van desde Pichimá a Cucurrupí, se han desplazado hacia Buenaventura.
La situación de riesgo ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo en el Informe de Riesgo 024 emitido en mayo del 2006 correspondiente a los municipios de Istmina, Medio San Juan y Sipí, a través del cual se informó que las Autodefensas Unidas del Norte del Valle (aparentemente integradas por desmovilizados de los Bloques Calima y Pacífico), excombatientes que no entregaron sus armas e integrantes de los llamados “Machos” y “Rastrojos”, hací an su aparición con el objeto de retomar los territorios que controlaron los ya desmovilizados, para combatir a la guerrilla y a los supuestos auxiliadores, administrar el negocio del narcotráfico, cobrar extorsiones a las explotaciones madereras y mineras, ofrecer seguridad y recibir adhesión de la población”.
Los últimos hechos acaecidos en la región dan cuenta que el 13 julio de 2010, aproximadament e a las 4 p.m., personas desconocidas Intentan coger al señor Macario, al frente del cementerio de Cabeceras. El logró escapar pero perdió el bote y un motor 15 con el que viajaba. Las versiones que se tienen dicen que esa mismas personas han estado rondando bienes de las comunidades.
El pasado 19 de Julio fue encontrado muerto el señor JUAN BAUTISTA MURILLO, en la quebrada la Gloria ubicada en territorios de la comunidad de Palestina. Apareció con signos de haber sido golpeado. Posteriormente, el 29 de Julio, fue asesinado el joven EDWIN PEDROZA, en la quebrada La Sierpe, en terrenos de la comunidad de El Coco. Este joven fue degollado brutalmente.
El 23 de julio: se recibió información que la comunidad de Palestina está confinada porque la armada y un grupo armado que se encuentra cerca de la comunidad les han prohibido movilizarse.
El 27 de julio: varias familias del Coco se han desplazado hacia Palestina.
28 de julio: 20 familias de la comunidad del Coco que estaban en Palestina empezaron a desplazarse gota a gota unos hacia Buenaventura y otros hacia Docordó.
La gravedad se presenta, a partir del inminente riesgo de agresión paramilitar y guerrillera que corren las comunidades asentadas en los municipios que pertenecen al Titulo Colectivo del Consejo Comunitario General – ACADESAN, por la disputa territorial que adelantan desde hace varios años los grupos paramilitares y narcotraficantes denominados “Los Rastrojos” con los llamados “Águilas Negras” y las grupos, hoy denominados, bandas emergentes.
El día de hoy la zozobra y el pánico en las comunidades los acrecienta la presencia amenazante de actores armados no identificados, en otras comunidades de la zona, como Cabeceras.
Por lo anterior, el Consejo Comunitario General de San Juan ACADESAN requiere de una especial protección y se les garantice un tratamiento diferencial, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, a nuestras comunidades. Solicitamos a las entidades del nivel nacional, regional, local y al Ministerio Público, cumplan con las funciones establecidas en la Ley, para que:
La Agencia Presidencial ACCIÓN SOCIAL del nivel nacional y territorial, brinde y garantice la Atención Humanitaria a las comunidades desplazadas del litoral del San Juan;
El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia (Protecció n, Desplazados, y DD.HH) y las autoridades militares y policiales de la zona garanticen las medidas de Protección y Prevención, tanto a los líderes desplazados, como a las comunidades en general.
La Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior y de Justicia adopte las medidas de coordinación y apoyo institucional, para la protección de nuestros derechos.
El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo analicen y emitan Informes de Riesgo y Alertas Tempranas, para movilizar las medidas de protección que se requieran. Igualment e el acompañamiento jurídico y seguimiento de la Defensoría del nivel regional.
La Procuraduría de Derechos Étnicos solicite a quien corresponda las Medidas de Protección de Nuestros Territorios, artículo 127 de la Ley 1152, “Protección del Derecho Fundamental al Territorio”- por la situación de riesgo y desplazamiento que estamos sufriendo. Igualmente el llamado de atención e investigación a las entidades del nivel regional y local, por la omisión e incumplimiento de las funciones.
La Cooperación Internacional CICR, ACNUR, Servicio Jesuita a Refugiados, Comisió n Intereclesial de Justicia y Paz el Acompañamiento, la Observación y las Misiones Humanitarias, para que se verifique la situación de Derechos Humanos y DIH.
La atención a los miembros de las comunidades de Palestina, Coco y Quicharo que se encuentran en resistencia en su territorio y que se encuentran confinados sin poder salir a conseguir su sustento.
Consejo Comunitario General del San Juan – ACADESAN
