Inacción de la Vicepresidencia para proteger a perseguido y amenazado por reclamar tierras.
Cerca al parque central de Belén de Bajirá testigos escucharon que los paramilitares, al mando del conocido como “Tabaco”, identificó la llegada de Santander al perímetro urbano ordenando la implementación de un operativo para asesinarlo.
El oportuno aviso de los testigos y la circulación en ese momento de agentes policiales permitieron huir a Santander del lugar a donde se dirigían los paramilitares y ocultarse en un lugar sin poder moverse. 30 minutos más tarde los paramilitares ordenaron un operativo de “pesca” –captura- en el trayecto de Belén de Bajirá a su lugar de habitación en la Zona Humanitaria de Caño Manso.
Santander, en la reciente visita de los Ministros de Agriculta y del Interior denunció ante funcionarios públicos la persistencia de las operaciones paramilitares e identificó a paramilitares. Denunció, a la delegada oficial, la continuidad de operaciones de los ocupantes de mala fe con hombres armados que departen con las estructuras de la brigada 17.
El integrante del consejo menor manifestó su preocupación por la existencia de una lista en manos de paramilitares en la que aparecen los nombres de las personas que deben ser asesinadas para que los negocios continúen y de la continuidad de crímenes en medio de la presencia de la fuerza pública.
Santander, a la hora de hacer público este informe, se encuentra sin ningún tipo de respuesta oficial a su demanda de evitar que el atentado se realice, luego de 3 horas de conocida la noticia por la dirección de derechos humanos de la Vicepresidencia no habido respuesta.
Este hecho se suma a otros que le han antecedido como amenazas, operaciones empresariales dentro de los territorios comunales, inacción y tolerancia de la fuerza pública con paramilitares situaciones que demuestran el desconocimiento del Auto de la Corte Constitucional.
El mantenimiento de los agronegocios y de la ganadería extensiva
Semanas atrás, en Caracolí, Claudia Argote, empresaria ganadera, ocupante de mala fe anunció que ejerce su derecho de propiedad para lo cual ha armado un grupo entre 80 y 100 hombres para hacerse respetar. Los predios de Argote son del territorio colectivo de Curbaradó.
Por otra parte, en Llano Rico, Apartadocito y La Raya en la comunidad de Caño Claro empresarios como William Ramírez, Lopera y Mejía, director este último de La Subasta Ganadera de Urabá, movilizan al frente del ejército y de la policía, sus hombres armados intimidando a integrantes del consejo menor para continuar controlando comercial y económicamente el territorio.
Estos empresarios continúan operando en la región sin que las autoridades judiciales realicen actuación eficaz alguna.
Más que acatar la ley, está se sigue desconociendo. Mientras el Auto de la Corte requiere al gobierno nacional ordenar el cese de nuevas operaciones empresariales en Curbaradó, en el poblado de Cetino, el director de la Comercializadora Internacional, UNIBAN, Jesús Correa montó un nuevo vivero de palma aceitera.
Se mantiene la ocupación de mala fe desde hace 4 meses
Entre tanto en predios del consejo menor de Camelias avanzó la destrucción ambiental por parte de los ocupantes de mala fe, que desde diciembre del año ingresaron al territorio comunal. La policía nacional de Colombia se ha negado a realizar el desalojo ordenado desde hace más de 2 meses por parte de la Inspectora Municipal. Como se conoció en su momento, paramilitares y los ocupantes de mala fe indicaron que su ocupación de predios contaba con el apoyo del gremio bananero.
Por su parte, Luis Mario Gaviria Vélez, hermano de José Obdulio Gaviria, conceptuó sobre el Auto de la Corte llamando a las comunidades a pronunciarse, pues su entidad interpreta que se debe cancelar la atención a los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curbaradó.
Empresarios delinquiendo a pesar de estar privados de la libertad.
Testigos, algunos de ellos, vinculados con la empresa criminal, sostuvieron que empresarios palmeros, entre ellos Gabriel Jaime Sierra, dentro de su estrategia de defensa, está buscando negociar con sus víctimas del despojo para que se retracten de los denunciados, y en contraprestación participarán como socios en agronegocios y en ganadería extensiva.
Sierra se encuentra en detención domiciliaria por los penales de desplazamiento, concierto para delinquir (paramilitares), la destrucción ambiental en Curbaradó y Jiguamiandó.
Más de 20 personas de 13 empresas palmeras se encuentran vinculadas como responsables de esos tipos penales. Sin embargo, no hay decisiones de fondo, un amplio sector continúa gozando de libertad, armándose y usufructuando la propiedad colectiva de manera ilegal.
