Hace unos 33 años se fundó este acogedor municipio, rico en recursos naturales, ambientales y marítimos, ubicado en un lugar estratégico para la comunicación y acceso territorial de los otros municipios de la costa Pacífica nariñense como Mosquera, El Charco, Iscuandé, La Tola, Roberto Payán, entre otros. La alegría, la espontaneidad, la libertad con que sus habitantes disfrutaban de su territorio, la solidaridad, el goce del ser, la pujanza y, en general, la identidad cultural que ha caracterizado a aquellos hombres y mujeres olayenses fue lo que los llevó a fundar el municipio. Sin embargo, han sido precisamente todos estos elementos de familiaridad y solidaridad los que se han visto lesionados desde comienzos del presente siglo, causando caos, miedo e inseguridad.
Años atrás -comentaba con tristeza uno de sus fundadores- soñábamos con la construcción de una cultura de Paz, ver crecer el municipio en habitantes, en veredas, en comercio, como lo fue en los años 1990 a 2000, pero nunca contábamos con que de manera indeseada nos viéramos obligados a no disfrutar y gozar de esta biodiversidad territorial.
El conflicto armado
El día viernes 16 de noviembre de 2012, desde las dos de la tarde hasta las siete de la noche se presentó un fuerte enfrentamiento en el casco urbano (Bocas de Satina), entre la policía nacional y los paramilitares “Águilas Negras», al cabo del cual fueron capturados tres paramilitares. Sin embargo, se presenta un desplazamiento gota a gota de familias del barrio El Progreso, más conocido como El Basuro, donde se presentó la acción armada. La situación continúa tensa.
De otro lado, las veredas de la zona mar se encuentran en confinamiento, pues el Frente 29 de las FARC se ha tomado sus territorios, razón por la cual no pueden transitar libremente para realizar sus actividades diarias, como la pesca y la recolección de mariscos. El Consejo Comunitario allí asentado vive una emergencia humanitaria, pues sus habitantes viven el cien por ciento de estas actividades.
La economía extractivista
El modelo de desarrollo extractivista, planteado en forma de locomotoras, no está respetando el medio ambiente y tampoco las dinámicas culturales de los territorios colectivos. Por un lado, el Estado ilegaliza la minería, pero por otro, legisla para entregar a multinacionales el territorio de afrocolombianos e indígenas para la explotación minera y obras de infraestructura.
En cuanto a la actividad minera en Olaya Herrera, se ven las dragas subiendo y bajando a lo largo y ancho del rio Sanquianga y el rio Patía. Se han visto alrededor de 24 dragas desplazándose hacia la zona de límites con el municipio de Roberto Payán. ¿Dónde están las autoridades? ¿Acaso desde el gobierno nacional no se ha recalcado que estas son actividades ilegales, o es sólo discurso publicitario? ¿Por qué la fuerza pública permite el libre tránsito de estas maquinarias?
Cada día somos testigos de cómo los intereses personales se imponen por encima de los colectivos. Muestra de esto lo vemos en el Gran Consejo Comunitario del rio Sanquianga donde se encuentran instalados ocho dragones (dragas grandes para explotación de oro en río), en sólo cinco veredas de este territorio, aumentando cada día mas la inequidad social, llevando a las comunidades a la vulnerabilidad y a la miseria absoluta. Desde que se iniciaron los trabajos de minería en el río, las comunidades no pueden utilizar el agua como es costumbre, pues el cianuro y el mercurio la han envenenado. ¿Dónde está Corponariño? ¿Dónde está el Ministerio del Medio Ambiente?
Ante el agravamiento del conflicto armado y la presencia de retroexcavadoras, dragas y dragones para la explotación minera, las comunidades exigen al gobierno local, departamental y nacional tomar medidas especiales para hacer frente a esta estrategia de exterminio y violación sistemática de los DDHH y DIH. Y a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría le exige pronunciamientos sobre la situación del municipio de Olaya Herrera.
