Gonzalo Sánchez visitó Buenaventura justo cuando las Farc voló una torre y dejó a la ciudad sin energía. El famoso ‘violentólogo’ que hizo parte hace casi tres decadas de la comisión que estudió la época de ‘La Violencia’ se ha convertido en el ‘relator’ del conflicto colombiano. Desde la Dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica ha retratado el horror de la guerra, desde las masacres paramilitares, los ataques guerilleros y las violaciones de los Derechos Humanos de los agentes del Estado.
Y justo, el martes pasado, cuando presentó el informe ‘Buenaventura: un puerto sin comunidad’, comprobó con los ataques guerrilleros su tesis de lo que llama “una de las tremendas paradojas de la guerra. Los actores armados se centran en los núcleos más débiles de la población. Como Buenaventura y Tumaco, zonas apartadas en las que no está el foco de la atención institucional”.
“No hay un sentido en hacer una demostración de fuerza apoyándose en el dolor de los más débiles. No muestran fuerza sino prepotencia. No son los grandes empresarios ni los grandes hoteles los que padecen la voladura de las torres sino la población”, expresó en entrevista con El País.
¿Cuáles son las conclusiones del informe de Buenaventura?
Lo que ha mostrado el informe es que Buenaventura es la región más sufridad, pobre, excluida, atropellada… Lo que se vive es una catástrofe humanitaria de larga duración, en la que se mezclan todas las perversidades de la guerra.
El informe habla de “una economía manejada por personas del interior” y de una poca participación de los negros en los cargos importantes del Puerto. ¿Hay discriminación?
Es evidente. La discriminación se manifiesta de todas las formas, en términos económicos, sociales, políticos. El clamor de ellos fue ese: este es nuestro territorio y nosotros estamos siendo representados por otros. Se sienten desposeídos de la capacidad de dirigir su destino.
Esto tiene que ver con el tema del Puerto, la sensación que deja la transformación de su estructura a un ente privado, la gente lo dice claramente eso significó que el puerto se construyera a espaldas de la sociedad. La manera en que se ha construido es un mecanismo de exclusión. La gente lo plantea y no es tan radical como los de afuera piensan. Hoy lo demostró una líder cuando dijo: ‘El Puerto sí va, pero va con nosotros’. Eso me pareció de una contundencia tenaz, no nos oponemos pero el territorio es nuestro.
Muchos de los líderes sociales relacionan los proyectos de expansión portuaria con la violencia.
Yo no me atrevo a hacer una relación entre las formas de criminalidad y los modelos de desarrollo, pero lo que sí puedo afirmar a la luz del informe es que hay una conexión estructural entre los dos universos. El universo de la población y el del modelo portuario y sus recursos. Ese modelo atiza desigualdades existentes y hace que la población que está excluida piense que el único camino de sobrevivencia es la inserción en la criminalidad.
El informe demuestra en cifras el altísimo nivel de víctimas jóvenes y eso hace parte del impacto de la guerra. No hay opciones para esta juventud.
El reclamo de la comunidad, es que el declive hacia la miseria y la violencia empezó con la privatización del Puerto.
Así lo ve la gente. No se que tanto es así, pero la percepción de la gente es esa. Con el informe queda claro que con el viejo esquema de Colpuertos, que tenía un proceso de sindicalización daba un proceso de distribución social, tuvieron conquistas laborales, educativas y de salud. Esto servía para la generación de una clase media y eso quedó roto con la privatización.
Esto coincide con la creación de los grupos armados, de la llegada de la guerrilla y del narcotráfico a la ciudad. Y después se multiplican porque llegan todos los actores. Y llega esta guerra amorfa que es la guerra de la bacrim.
Desde Memoria Histórica han reconstruido muchas otros escenarios del horror de la guerra como Trujillo, Putumayo… ¿Cómo ve el caso de Buenaventura? ¿Hay similitudes?
Acabo de estar en otro escenario de terror que fue Puerto Torres, Caquetá, veo muchas continuidades de lo que dice el informe de allá y lo que pasa en Buenaventura con las llamadas ‘casas de pique’. En Caquetá se habló de casas de torturas, algo más racionalizado en su función. Se hacía en una zona distante, apartada. Lo que pasa acá está más en la lógica de mostrar y exhibir el terror. En el informe se encuentra que así las personas no lo vean, sí lo oyen. Es un mensaje directo a toda la población circundante.
Para mi el rasgo distintivo de lo que pasa en Buenaventura es la convergencia de todas las perversidades de la guerra. La violencia sobre los niños, las mujeres, el homicidio, el desplazamiento forzado… Aquí se agotó el diccionario de la violencia. Todas las modalidades de victimización se materializaron acá.
¿Cómo ve a Buenaventura en un posconflicto?
Los desafíos aquí son demasiado grandes. Lo que uno ve es que Buenaventura puede ser el anticipo de lo que sería el posconflicto en muchas zonas del país y de todas las dificultades para construir un proceso de paz.
Uno ve las violencias residuales después de un proceso de paz. Es muy inquietante, si este es el espejo del posconflicto, ¿qué vamos a hacer con la consolidación de lo que significa una sociedad madura para la reconciliación, para el debate y la tramitación por los canales institucionales?
Buenaventura es el opuesto a un Estado maduro para el posconflicto.
Hay una intervención militar y social que completa un año. Los líderes del Comité de la Marcha son muy críticos y dicen que el Gobierno vino a anunciarles inversiones que ya estaban presupuestadas y no a escucharlos.
Cualquier intervención, incluso la de nosotros, sería nula sino hubiese contado con la participación de las organizaciones sociales y comunidades de víctimas. Aquí hay un profundo sentido del valor que tiene su palabra, su mirada y su experiencia en la toma de decisiones. Ahora, hay una conciencia tremenda. Me admira que una sociedad tan golpeada esté con un nivel tan alto de empoderamiento sobre sus derechos.
El Estado va a tener que aprender que entre más acciones que hagan sino involucran a la sociedad que pretenden salvar esto no va a tener ningún sentido. Buenaventura reclama un viraje en la relación del Estado y la sociedad.
¿Usted cree que el informe va a generar un cambio?
Espero que sí. Lo primero lo vimos hoy, y eso ha pasado con muchos de nuestros informes, es que las comunidades locales lo convierten en un arma de lucha. Eso lo expresó una líder al decir que este es el Estado mismo reconociendo su responsabilidad. Yo no se si esa lectura es plena pero si hay mucha razón en ella. Este informe les da argumentos para fortalecer sus reclamos, ese es un efecto social inmediato.
Y creo que el Estado después del informe debe pellizcarse y sentirse interpelado sobre cuáles son las líneas de intervención adecuadas. Obviamente que una línea de intervención militar del territorio no ataca los problemas estructurales.
La comisión de la Verdad
El jueves los negociadores del Gobierno y las Farc anunciaron la creación de la Comisión de la Verdad, ¿cuáles son sus alcances?
Hay tres elementos importantes para definir. El primero es la responsabilidad de la violencia de todos los actores; atender todas las modalidades de violencia y un énfasis en la dimensión territorial. Otro punto es que el carácter de la comisión se dice que no es judicial, entonces van a comparecer los responsables pero sin una responsabilidad judicial. El tema de las responsabilidades judiciales va a seguir otro camino. Lo que se ha hecho es separar las dos rutas.
Para la comisión las presiones van a hacer políticas y mucho más altas. Sabiamente se ha dicho que empezará sus tareas una vez finalicen los acuerdos, es un mecanismo pos acuerdos.
¿La comisión va a tener en cuenta el trabajo hecho por Memoria Histórica, como el Basta Ya?
Esto no se dijo explícitamente en el primer texto de los acuerdos. Uno entendería que sería difícil para cualquier mecanismo de verdad en este país decir que va a partir de cero cuando hay unos elementos objetivos no solo de Memoria Histórica sino todo el acumulado social.
La comisión para la Memoria Histórica, pactada entre las Farc y el Gobierno, tuvo críticas y terminó en disputas entre los mismos académicos. ¿No podría suceder lo mismo con esta comisión?
Hay que tener en cuenta que son comisiones diferentes. La anterior solo tuvo cuatro meses y en ese tiempo es difícil establecer un debate en profundidad de las distintas voces que se escucharon. En esta comisión se dan tres años de trabajo y cuando comiencen tendrán recursos presupuestales y de infraestructura definidos desde antes.
Si se compara con Justicia y Paz, en la que los postulados deben decir la verdad o perder los beneficios, ¿qué va a garantizar que los guerrilleros lo hagan?
Aquí el mecanismo es distinto. En Justicia y Paz sí había una implicación penal, pero aquí se dividen las instancias no judicial y de verdad para que cualquier perpetrador, como no se le va a judicializar lo que diga, tenga las garantías de poder hacerlo. Después vendrá el otro canal de la justicia transicional para definirlo. Son dos escenarios distintos.
Adicionalmente, en Justicia y Paz era la voz de los perpetradores, las víctimas se limitaban a escuchar. Aquí el principio de partida es la voz y el sufrimiento de las víctimas.
