El último atropello consistió en el envío de un contingente del ESMAD que atacó a varios habitantes, lanzó gases lacrimógenos, en una carpa que la comunidad había colocado en la ladera para no dejar trabajar la retroexcavadora, hasta tanto no se reconocieran sus derechos por parte del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el Consorcio ECC (1).
El Naranjo es un corregimiento perteneciente al municipio de Dagua, situado a 62 Km de Cali sobre la vía que de esta conduce a Buenaventura. Está compuesto por cuatro veredas, y aunque el territorio en su mayoría es estéril donde crece el bosque seco caracterizado por cactus y matorrales espinosos, tres veredas de la parte alta de la carretera se dedican a la producción agrícola, en especial al cultivo del tomate, en espacios acotados con abono; mientras que la vereda central ubicada en la vera de la autopista se dedica a la minería de piedra de enchape.
Cuando el 15 de junio de 2009 se firmó el contrato de la construcción del IV tramo (Loboguerrero – Cisneros) de la doble calzada Buga-Buenaventura, entre el Consorcio ECC representado por Carlos Alberto Solarte y el Director de INVIAS, Enrique Martínez Arciniegas, los pobladores de El Naranjo no se imaginaron la odisea que se iniciará para ellos. En primer lugar, porque precisamente en el caserío confluirían las bocas de tres túneles nuevos, situación que ha implicado una serie de situaciones manifiestas como el estruendo de las explosiones, enfermedades causadas por el polvo, agrietamiento de las casas y dificultades para ejercer la minería de piedra, principal sustento de la comunidad.
Este IV tramo, que se adjudicó por un valor de $348.446 millones es el más complejo de la Doble Calzada, pues contempla la construcción de 18 túneles, de los cuales 12 quedarán sobre la nueva calzada y seis más en la ya existente, para un total de 7.8 kilómetros. También serán construidos 27 puentes, seis en la nueva y 21 en la actual, que abarcarán 2.5 kilómetros de la vía . Para la realización de obras de infraestructura se contempla en la legislación colombiana la indemnización de predios de los particulares, la licencia de impacto social y ambiental y consulta previa si hay minorías étnicas, entre otros requisitos. Sin embargo, según lo demuestran los hechos posteriores, el Consorcio ECC llegó pasando por encima de las comunidades blandiendo en su mano una licencia ambiental tramitada en menos de tres meses, que en el pueblo nadie sabe cómo la otorgaron pues nunca el ministerio del Medio Ambiente les preguntó sobre el asunto.
Una de las actitudes que más han rechazado los habitantes de El Naranjo son las amenazas proferidas por el ingeniero Juan Gonzalo Medina de que “aquí vinimos fue a trabajar y pasamos sobre quien sea”, y otras personas del Consorcio que hacen presencia y a quienes se les ha visto armas. Chirillas es una persona que tiene cerca de 60 años y es hijo de uno de los socios de la mina. Posee en sus manos el papeleo de la mina, es decir, la escritura pública, el documento de tradición, impuestos, etc. Frente a las amenazas proferidas contra él dice: “ahora metieron los túneles, ya los están terminando y con amenazas, porque yo fui amenazado; a mí me dijeron, uno que trabaja en la carretera me dijo que de aquí nos sacaban con o con, o sea, plata o gatillo, me lo dijo dos veces”. Y Abelardo, otro poblador de 35 años de edad “nacido y criado en El Naranjo” reafirma que “yo, Abelardo Arroyabe, he sido amenazado por personas, me han amenazado de muerte, por estar de algún modo liderando y defendiendo unos derechos propios de mi gente, de mi familia, de una comunidad”. Al respecto, los pobladores reiteraron que tienen títulos de propiedad de sus viviendas y predios, que no son aparecidos como manifiesta el Consorcio ECC y que la existencia de comunidades negras obliga al Estado a hacer consulta previa, libre e informada.
“Nosotros somos todos nativos de aquí de la región, todos”.
Así lo ratifica Rubén Arley González, un hombre de 60 años de edad. “Yo nací en esta región y me crié aquí. Mi papá tenía ochenta y seis años cuando murió, nativo de aquí de la región, mi mamá también, mi mamá tiene ochenta y dos años”.
Los primeros pobladores de que se tenga noticia en El Naranjo fueron las familias Acebedo, Arroyabe, Tamayo, Zapata y Sánchez. Fueron caseríos formados cerca de la carrilera del tren. La primera finca que conocieron fue la de los Acebedo, ubicada entre la quebrada de Los Indios hasta la quebrada La Reina, que fue abierta por un contingente de indígenas traídos del departamento del Cauca. En aquel tiempo no existía carretera, pues esta, conocida como Cabal Pombo, se inició a construir entre los años de 1950 y 1952 . Arley recuerda que, “en ese tiempo, cuando se empezaban a explotar estas minas aquí en esta región, no existía carretera, se transportaba por el ferrocarril. El ferrocarril pasaba por este lado en el que estamos situados en este momento, fue cuando se empezó a trabajar estas minas de piedra”.
Por su parte, Chirillas dice que la piedra la transportaban en góndolas del ferrocarril y que el último viaje lo echó junto con su papá, Joaquín Emilio Sánchez, en el año de 1967 a razón de $200 el metro cúbico. Después lo siguieron haciendo en camiones con planchones que se movilizaban por la carretera destapada recién construida.
Muy probablemente el tren del Pacífico (después de innumerables vicisitudes que se prolongaron por más de 40 años que retrasaron su construcción), posibilitó con su llegada a Cali en 1915, la llegada a la región del corregimiento El Naranjo de colonos provenientes tanto del Pacífico como del interior del país. La existencia de la población está estrechamente relacionada con la mina de piedra de enchape como lo deja entrever Alberto González Tello: “Nosotros somos nacidos y criados aquí; yo tengo 53 años de vivir aquí y tengo 43 años de trabajar aquí en la mina de piedra”.
El tema central de Chirillas es la mina: “Personalmente llevo cuarenta y cuatro años trabajando la mina de piedra. La mina fue comprada en el año l.964, por título del Estado, de la nación, bajo resolución 2259 emanado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hasta hoy habíamos trabajado libremente, pacíficamente, hasta ahorita que llegó el Consorcio ECC y el ministerio de INVIAS a atropellarnos, a pasar por encima de todos nosotros, de nuestros derechos; están dañando la mina pasándole unos túneles, con la falsa promesa que hicieron cuando empezaron que iban a pagarla”.
El discurso de Chirillas está construido sobre la base de la legalidad que representa el papeleo otorgado al socio de su padre a través de escritura pública. A su vez, ve que sus derechos son violentados en la medida que el mismo Estado ha violado su propia legalidad al permitir que una de sus instituciones, INVIAS, no está respetando decisiones anteriores. En el discurso de Chirillas que es también el discurso de la Asociación de Pedreros de El Naranjo, el centro de debate con el Estado es que este violó el corpus de derechos reconocidos.
En el discurso de Chirillas hay una diferencia entre ser el dueño de la mina a ser el dueño del papeleo. Este entraña la posesión frente al Estado, pero no frente a la asociación. Todos los mineros, un poco más de 35, que trabajan en la mina no le tienen que pagar nada a él. Chirillas es un minero más que si no trabaja no come: “Ellos trabajan para ellos, a mí no me pagan nada, porque todos trabajan para las familias. A pesar de que yo tengo el papeleo y he pagado los impuestos; mi papá trabajó hasta el año 2010, ya murió y quedé yo representando el papeleo, porque mi papá era socio del que compró la mina y el socio murió. Somos por ahí unas treinta y cinco personas o cuarenta que trabajamos extrayendo la piedra, pero los que subsistimos somos más de trescientas personas, aquí en este contorno, contando las familias, hijos y todos, fuera de los que nos compran, los que revenden el material; fuera de los enchapadores que también subsisten de este material”.
“Aquí no se ha hecho consulta previa, no se ha hablado con nadie”.
La invisibilidad de la comunidad negra de El Naranjo es una manera que ha adoptado el Consorcio ECC, INVIAS y el ministerio del Interior para evitarse hacer consulta previa, requisito que le implica dar a conocer los alcances de la obra y realizar una negociación con las personas afectadas, como lo reafirma Rubén Arley González: “Nos están afectando por la doble calzada, porque ya no nos va a quedar trabajadero, ya nos están desplazando prácticamente, nos están es sacando o echando del trabajadero, porque aquí no se ha hecho Consulta Previa, no se ha hablado con nadie, inclusive, que ellos no se sientan a un diálogo con la comunidad, ellos no quieren nada, no quieren sino entrar a trabajar atropellando la gente, no reconociéndole sus derechos”.
Gustavo Mosquera vive al lado de la carrilera del tren, tiene cuatro hijos y sus padres son provenientes de López de Micay en el Cauca. Además de pedrero es un miembro de las comunidades negras que, según el artículo 169 de la OIT, debe ser consultado en un caso como el de la doble calzada. En relación a la certificación del Consejo Comunitario comenta que: “Desafortunadamente, hemos tenido la mala intervención del Ministerio del Interior que hasta la fecha no se ha pronunciado para la certificación [del Consejo Comunitario] del corregimiento El Naranjo. No se sabe qué habrá ocurrido porque la delegada que venía a hacer la certificación, dos días antes de la certificación, renunció. Ha habido varias convocatorias para que vengan a hacer la verificación para ver si hay comunidades negras y cuando no es una cosa es la otra, si no es que renuncian o es que no vienen”.
Sobre la consulta previa dice: “Ahora va a haber un problema allá donde van a abrir el túnel que el acueducto pasa por la parte de abajo, y esta es la fecha que no han dicho por donde, porque como aquí no hicieron Consulta Previa, entonces ese es uno de los problemas, que aquí no hicieron Consulta Previa”. Gustavo Mosquera percibe que tantas trabas no son sólo problemas burocráticos: “Tiene que haber alguna mano oscura del Consorcio. Deben estar impulsando para que no nos certifiquen, porque a ellos no les conviene. Al Consorcio no le conviene que certifiquen el Consejo Comunitario del corregimiento El Naranjo”.
“¿Dónde es que vamos a parar? ¿Cuáles son las esperanzas de paz con el gobierno, ah?”
El sábado 3 de diciembre de 2011, después de más de un mes de protesta en la orilla de la carretera, tratando de evitar que las retroexcavadoras trabajaran en la montaña que da a sus casas por el peligro de una avalancha o derrumbe y tratando de presionar al Consorcio ECC e INVIAS para que se sentaran a conversar, la única respuesta que obtuvieron fue la represión del ESMAD.
Uno de los pobladores que reclama con más ímpetu es Alberto González Tello. La casa de su mamá y su hermano discapacitado fue violentada por la policía del ESMAD. Él dice: “Mi mamá se llama Oliva Tello y ellos llegaron allá como una cosa tan indiscriminada que me parece a mí un abuso tan terrible con una anciana de 83 años, como 20 policías lanzándole gases lacrimógenos. ¿Saben qué nos dijeron? Se van de aquí parranda de hijueputas y desafiando a la gente a pelear; a mí me pegaron un garrotazo aquí en el brazo, que mire cómo me dejaron y aún estoy hinchado todavía, vea”.
A Alberto se le nota la impotencia. Habla recio. En sus palabras expresa que la violación de los derechos ciudadanos no va a llevar a un camino prometedor: “No tenemos derecho nosotros de reclamarle al Estado, ni a reclamarle a nadie aquí lo de nosotros, entonces ¿Dónde es que vamos a parar? ¿Cuáles son las esperanzas de paz con el gobierno, ah?
Rubén Arley González alcanza a ver su desolador futuro. Si le quitan el trabajo, la mina, todo será hambre y penurias. A sus 60 años no sabe qué más hacer. Tal vez por ello su discurso entiende que la paz tiene que estar pensada desde el trabajo: “El futuro de nosotros es el desplazamiento de aquí para otra parte, sin saber a dónde vamos. ¿Qué espera el gobierno de la juventud de estas regiones? Que tal vez mañana o pasado mañana, empuñen las armas y al monte, eso es lo que espera el gobierno. ¿Qué es lo que el gobierno busca, la paz? No hay paz, nunca, por eso. Que no afecten a nadie, el polvo, la bulla, explosiones, todo el día y noche, las veinticuatro horas, los derrumbes, deslizamientos, mire esa loma, todo nos afecta, esa loma se puede venir en cualquier momento y quedamos atrapados aquí, donde hay ancianos, hay niños. No sabemos de qué vamos a vivir porque nosotros ya donde vamos, ya no hay empleo para nosotros, porque nosotros ya somos mayores de edad”.
El argumento de Manuel Mosquera trasciende al Consorcio ECC y trata de explicar la actitud de los políticos que no les ha interesado la situación que padecen: “Se le ha puesto la queja al gobernador del Valle, se le ha puesto la queja al tal personaje ese que llaman el alcalde de Dagua, eso no ha servido para nada y no más se presenta por aquí, cuando hay tiempo electoral, y pare de contar. Ha hecho caso omiso a la problemática que ha estado pasando aquí; ni los concejales ni el alcalde, ni nadie se ha hecho presente aquí”.
Para Chirillas el papeleo es la llave que les abrirá el pago de la mina. Sabe que claudicar es perder, pues ya ha visto los casos de las personas que malvendieron su casa al Consorcio ECC: “Nosotros no queremos ir a integrar todo lo que es el desplazamiento, lo que es los sin trabajo, los desplazados, sin nada que hacer en la vida. Ya la gente de los que los sacaron forzosamente desplazados de aquí, están casi que pidiendo limosna por allá en Dagua, sentados en las calles se los encuentra uno, batallando o renegando por haberse tenido que ir de aquí, a la fuerza se puede decir”.
Para Abelardo Arroyabe, el desarrollo no puede pasar por encima de los derechos de las comunidades. “Nosotros no nos oponemos al desarrollo del país, nosotros sabemos que esta obra es de gran impacto y de interés nacional e internacional, pero esa obra no puede pasar por encima de unas comunidades, por encima de unos derechos propios, derecho a la vida, derecho al trabajo”.
La comunidad de El Naranjo ha quedado en medio de la dicotomía hasta ahora irresuelta: Por un lado, un Estado que sigue viendo el desarrollo en términos de obras de infraestructura, las cuales están destinadas, según esta posición, al logro del progreso del país: Por la carretera a Buenaventura se supone que irán a pasar las mercancías de todo el mundo, incluso las que irán para Venezuela y Brasil; es un progreso de las cosas mas no de las personas. De otro lado, se encuentran los derechos de las personas y comunidades reconocidos en la legislación nacional e internacional, pero que los impulsores del “desarrollo” los ven como un obstáculo, y por tanto, deben ser avasallados, o en el mejor de los casos, indemnizados con un valor mínimo. Es importante mencionar que, como se ha visto en el último año con los carteles de la contratación, en la dicotomía que se expone aquí hay también el elemento de la corrupción y la presión por vía de las amenazas. Esto ha sido una constante que inhibe las reclamaciones legales y muchas veces, silencia a los afectados que prefieren la sumisión antes que perder a uno de sus familiares.
Notas
(1) El Consorcio ECC está integrado por: Concreto S.A., Estgamo Estudio y Manejo, CSS Constructores S.A., Luis Héctor Solarte y Carlos Alberto Solarte. El plazo de entrega de las obras está para julio de 2013. (Tomado de informaciones de prensa digital)
