Carlos Daniel Merlano Rodríguez, miembro de la empresa Urapalma, decidió acogerse a sentencia anticipada, lo que implica que aceptará los cargos que se le imputan a él y a los demás implicados: concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Así lo hizo saber el pasado jueves, dentro de la ampliación de indagatoria solicitada por su abogado y surtida en Barranquilla, donde Merlano permanece preso.
Según el expediente, este abogado fue quien diseñó el entramado legal que les permitió a los empresarios hacerse a las tierras a través de una cadena de traspasos irregulares. Además, hay evidencia de que la empresa Urapalma -de la que Merlano era asesor jurídico- fue creada exclusivamente para desarrollar el proyecto de Vicente Castaño.
Al respecto, los ex paramilitares Raúl Hazbún, alias `Pedro Bonito`, y el extraditado Hebert Veloza, alias `HH`, aseguraron que, además de agrónomos, el proyecto contaba con un abogado de cabecera: «Carlos Merlano, quien realizó los estudios de títulos y gestionó los préstamos oficiales».
Y aunque inicialmente Merlano dijo que los empresarios no sabían que se trataba de territorios `afros`, ahora está aceptando que sí existió acuerdo con `paras` para desalojar a los campesinos y apropiarse de sus tierras. Incluso, prometió entregar otros nombres de firmas implicadas.
Arreglo frustrado
La decisión de Merlano -que deberá ser refrendada esta semana por su abogado y aprobada por un juez- debilita la defensa de los otros implicados, quienes venían asegurando que actuaron de buena fe y sin saber que los `paras` estaban detrás del proyecto.
Incluso, varios de los hoy palmeros fugitivos sostuvieron varias reuniones reservadas con altos funcionarios del Ministerio del Interior, para devolver las tierras ante el inminente carcelazo.
Incluso, EL TIEMPO estableció que un día antes de que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía les dictara las medidas de aseguramiento, Antonio Nel Zúñiga Caballero, Gabriel Jaime Sierra e Ignacio Moreno estuvieron en la cartera del Interior tratando de llegar a un acuerdo.
Ese día, la reunión fue en la oficina de Rosa Carlina García -directora de Asuntos de Comunidades Negras- y estuvieron con ellos Ervin Bernal, Claudia Argote y dos funcionarios del Incoder, identificados como Andrés Parra (de jurídica) y Alexánder Soto (topógrafo del instituto).
Ya el 6 y el 26 de mayo se habían registrado los primeros acercamientos, en los que estuvo presente Andrés Castro, de Fedepalma, gremio que ha negado cualquier nexo con este caso.
«Estuvimos en las dos reuniones con los palmeros para que quedara claro que ninguno de nuestros asociados está implicado y que están confundiendo a una de las firmas. Ese día, se firmó un acta en la que los palmeros se comprometieron a devolver las tierras», explicó Castro.
Este diario también estableció que los palmeros buscaron un acercamiento con el Banco Agrario para sanear los préstamos que obtuvieron allí y que, fueron invertidos en las tierras despojadas.
Anoche, el presidente del Banco Agrario, Andrés Castro, confirmó que se reunió con representantes de Urapalma, Palmadó y Palmas de Curvaradó quienes le pidieron reestructurar sus deudas: más de 10 mil millones. Pero la solicitud no fue acogida.
La Fiscalía no estaba enterada de estas reuniones paralelas con funcionarios que, en todo caso, no afectan las decisiones judiciales que se han venido tomando.
Tomado de UNIDAD INVESTIGATIVA El Tiempo
(Foto Rafael Gómez q.e.p.d.)
