La meta de esta solicitud consiste en poner a salvo a la población civil, utilizada hoy como escudo humano dentro del enfrentamiento que la banda criminal de los Urabeños libra con el Ejército de Liberación Nacional por el monopolio de los territorios ancestrales de comunidades negras y pueblos indígenas. Hacia el 15 de junio de 2014, antes de que fueran sometidos al confinamiento forzado y de que sus teléfonos celulares fueran decomisados, pobladores de esa zona del Alto Baudó alcanzaron a reportarles a sus familiares residentes en Quibdó que alrededor de 200 hombres armados habían ocupado Chachajo, luego de haber navegado por el río en varias embarcaciones motorizadas. Selva adentro, se enfrentaron con los guerrilleros, a quienes parece ser les causaron bajas y heridos, para luego ponerse a salvo en el mismo puerto de Chachajo, pero sometiendo a sus habitantes a riesgos inhumados e injustos, al extremo de que estas personas presienten que ellos pueden ser protagonistas de una tragedia comparable a la que tuvo lugar en Bojayá el 2 de mayo de 2002.
Tanto dirigentes de Acaba, como activistas de derechos humanos y miembros de la Diócesis de Quibdó prendieron las alarmas ante el comandante de la Fuerza de Tarea. Infortunadamente, él no considera que haya una amenaza grave y se mantiene en la posición de que las fuerzas regulares tienen asegurada esa región. No obstante la autoridad con la cual está investido ese destacamento militar, disentimos de la posición de quien lo dirige, y en consecuencia urgimos el cambio en su posición para que el Estado ejerza una presencia decisiva en ese valle y ampare los derechos a la vida y al territorio de sus pobladores.
Hacemos este llamado urgente porque desde 1994 venimos exigiendo que el Estado intervenga para devolverle al Baudó el carácter de excepcional “remanso de paz” que describieron equipos de científicos sociales y naturales que desde mediados del decenio de 1980 recorrieron libremente la zona en respuesta al llamado de nuestra organización. En efecto, estudiosos de muy diversas universidades recorrieron ese valle desde San Francisco de Cugucho al extremo norte, hasta Pizarro, sobre la desembocadura del río en el Pacífico. Quedaron perplejos ante la eficacia de los mecanismos dialogales que la gente negra e indígena empleaba para resolver sus conflictos territoriales, económicos, sociales y políticos.
Aspirando a que quizás el resto del país que, por el contrario, se hundía en diversas formas de violencia pudiera beneficiarse de las lecciones de paz que ofrecían los baudoseños, la Universidad Nacional de Colombia involucró a esas personas dentro de su Observatorio de Convivencia Interétnica en Colombia. Además, el vínculo establecido coincidió con el inicio de las sesiones de la Comisión Especial de Comunidades Negras que por mandato constitucional convocó el presidente César Gaviria para convertir al Artículo 55 Transitorio de la Constitución de 1991 en lo que hoy se conoce como Ley 70 de 1993. Entonces, ese sector académico no sólo pudo involucrarse en la difusión por las aldeas ribereñas del Baudó de los derechos territoriales, políticos y culturales que legitimó la nueva carta, sino que pudo coadyuvar a que el Estado colombiano tomara conciencia de los aportes de no violencia que las personas de ese valle le podían hacer a las discusiones y elaboraciones de las cuales era responsable.
Infortunadamente, al año de que el presidente Gaviria firmara esa Ley, irrumpió una disidencia del Ejército Popular de Liberación con uniformes, armas y formas de mando y extorsión desconocidas en la región. Todos los disensos locales fueron objeto de represión violenta, de modo que para comienzos de 1995 nuestra organización ya registraba el asesinato de uno de sus dirigentes más connotados, Eman Palacios y los primeros desplazamientos forzados hacia Quibdó.
Ante la desidia estatal con respecto al deterioro del orden público, políticos locales optaron por pedirle ayuda a otro grupo guerrillero, el Benkos Biojó, que le había sumado reivindicaciones raciales a su lucha de clases. Infortunadamente, la victoria de esa guerrilla sobre el EPL legó la falsa esperanza de que era posible apagar incendios con gasolina, e invitaron a las FARIP —Fuerzas Armadas Revolucionarias Indígenas— y luego los paramilitares de Carlos Castaño como árbitros de los conflictos por tierras cuyo valor comenzaba a crecer en respuesta a la propagación de los cultivos de coca.
Entre más hoja se procesaba y más cocaína se exportaba, más glifosato caía sobre aguas de beber, plataneras y yucales. Esta presencia del Estado, excepcional, aislada e infortunada para la salud pública de afrobaudoseños e indígenas contribuía a escalar el conflicto armado, hasta llegar a la repartición del valle entre la banda de Los Rastrojos y el ELN, con Puerto Meluk como punto limítrofe entre las dos máquinas de guerra. Este aberrante equilibrio se rompió en 2013, cuando Los Urabeños ingresaron con la pretensión de expulsar a sus adversarios y monopolizar toda la zona.
De operarse este proceso, el valle del río Baudó quedará envuelto en las formas de criminalidad y violencia propagadas en Buenaventura. Al Estado le corresponde evitar la tragedia en la cual, con seguridad, podrán quedar implicados miembros de una sociedad civil la cual, hace 25 años, descollaba como paradigma nacional de convivencia no violenta
Por todo lo anterior exigimos del Estado y de los organismo de Derechos Humanos actuar lo más rápido posible para que en el Baudó o en alguna de sus comunidades étnicas no se vaya a repetir otro Bojayá ya que el enfrentamiento masivo será inminente con refuerzos que han llegado al Baudó por parte de las guerrilla de las FARC en apoyo al ELN.
Atentamente
CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL RIO BAUDO Y SUS AFLUENTES “ACABA”
