Quizás el caso del que más se puedan extraer lecciones para esclarecer la verdad verdadera sobre el despojo y el destierro y formular políticas integrales de restitución de tierras y de justicia es el de los territorios colectivos de los consejos comunitarios de afrocolombianos de Jiguamiandó y Curbaradó.
Las violaciones contra dichas comunidades datan de 1997, año en que la Fuerza Pública adelantó la operación Génesis, comandada por el General retirado Rito Alejo del Río, en circunstancias que actualmente son objeto de investigación judicial como resultado de las declaraciones de postulados de Justicia y Paz, en las que han involucrado a importantes miembros de la Fuerza Pública que dirigieron ese operativo.
Concretamente, el ex comandante del Bloque Elmer Cárdenas, Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, ha narrado el encuentro en el que participaron integrantes de la Brigada XVII y de los paramilitares. Según el paramilitar, además de explicarse “detalles de la operación que se realizarían por tierra y aire”, contra las Farc, se convino el apoyo de los paramilitares, a través de doce hombres que actuarían como guías en la operación militar del Ejército.
El efecto directo de dicha operación militar fue el desplazamiento masivo de cerca de 4.000 personas hacia los municipios de Turbo y Mutatá y el vaciamiento del territorio, circunstancias que se tradujeron en el despojo más grande de territorios que se ha documentado hasta la fecha. El Incoder lo calificó como una “contrarreforma agraria”, dado que las tierras adjudicadas a poblaciones rurales terminaron en manos de terratenientes usando todo tipo de estratagemas como lo contó La Silla Vacía.
Si bien es cierto que las situaciones que caracterizan el expolio de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curbaradó no pueden predicarse en todos los casos de despojo y abandono de tierras en el país, las declaraciones de exjefes paramilitares, entre ellos, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, Ever Veloza García, alias ‘HH’, y Vicente Castaño Gil, alias ‘El Profe’, conducen a cuestionar si existió – y existe- una estrategia criminal por parte de actores legales e ilegales para adueñarse de tierras y consolidar territorios con fines vinculados al modelo de desarrollo económico, en la que confluyen agentes privados y públicos.
A continuación se mencionan algunas de las situaciones relacionadas con las graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos en el Urabá, que invitan a reflexionar sobre los móviles y responsables del destierro y sobre la viabilidad de cumplir con el deber de devolver jurídica y materialmente las tierras y territorios a las víctimas:
1. Situaciones de despojo vinculadas a elementos del modelo de desarrollo económico
En una primera aproximación pareciera extraño vincular las modalidades de despojo de tierras y territorios con los elementos del modelo de desarrollo económico en el campo, en el que se privilegia la competitividad y la productividad vía el impulso a la inversión nacional e internacional en proyectos agroindustriales de gran escala, como la siembra de palma para la producción de aceite y agrocombustibles, en los términos de las políticas del gobierno de Uribe (“2019. Visión Colombia Centenario” y los dos planes de desarrollo) y de la administración de Santos (Proyectos de Ley de Plan Nacional de Desarrollo –2010– 2014 “Prosperidad para Todos”, y de Víctimas, en estudio del Congreso).
Sin embargo, a partir de las versiones de los paramilitares en Justicia y Paz, se infieren situaciones que permiten explicar la asociación entre el éxodo forzado y la puesta en marcha de grandes proyectos de desarrollo.
En las versiones rendidas por Freddy Rendón, Ever Veloza y Pedro Hasbún se afirma recurrentemente que la siembra de palma aceitera en la región del Urabá en los territorios abandonados por el éxodo forzado fue aprovechada por ilegales y legales (bananeros, ganaderos y palmicultores) para conseguir tierras por sumas muy inferiores a su valor real, a sabiendas del accionar paramilitar en la región y de los intereses del desaparecido exjefe paramilitar, Vicente Castaño, en el proyecto palmicultor y en el desarrollo futuro de la región.
Así las cosas, la ocupación y las compras ilegales e ilegítimas en los territorios de las comunidades afrodescendientes estaban asociadas a las expectativas de desarrollo económico de la región por parte de actores legales e ilegales. De un lado, estaba el interés directo de Castaño “para su proyecto, para su empresa, Urapalma” , narrado por el extraditado jefe paramilitar, Éver Veloza. Del otro, estaban los intereses de sectores bananeros en diversificar su producción “con menos matas de plátano y quizá más palmas, maderas y ganado”, y madereros en aprovechar y explotar las tierras deforestadas por ellos mismos.
Además convergieron las expectativas económicas (valoración de las tierras, turismo, infraestructura portuaria, entre otros) que genera la construcción de la carretera del Darién entre Panamá y Colombia, proyecto ampliamente promovido en el período 2002 – 2010, pese a la oposición de autoridades panameñas y de amplios sectores de los dos países.
Al respecto, Veloza García declaró que: “Vicente ha dicho (…) que la carretera con Panamá algún día tiene que ser un hecho y va a pasar por ahí, entonces por eso el objetivo de montar ese proyecto [siembra de palma] ahí ya que si se montaba la panamericana (…) quedaría muy fácil para exportar y a muy bajo costo exportar ese aceite y esa manteca hacía el exterior”.
En esa línea Vicente Castaño declaró: “En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes” .
Precisamente, en el informe de la Defensoría entregado a la Corte Constitucional, se indica que el proyecto palmicultor fue impulsado desde la Gobernación de Antioquia, entidad que participó en la realización de la Feria Urabá Vibra en la Región, la palma africana y sus aportes al desarrollo de la región.
Asímismo, sectores empresariales agrupados en la Asociación de Empresarios Exitosos por la Paz, promovieron la siembra de palma. La citada Asociación fue presidida por Luis Ignacio Guzmán Ramírez, quien en 17 oportunidades fue encargado de la gobernación de Antioquia en el periodo 1995 – 1997, y que ocupó la subdirección de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá).
Casualmente, este ex funcionario, una de las personas que -según ‘El Alemán’- estuvo involucrado en las compras de tierras en Urabá, ha participado en las reuniones realizadas con las comunidades “para resolver el conflicto de los territorios colectivos en Urabá, en representación de los palmicultores».
La participación de empresarios en el proyecto palmicultor que se inicia en 2001, es referida en las versiones de Rendón, el ex comandante del Bloque Elmer Cárdenas quien señaló a Rodrigo Zapata, desmovilizado que en la época de los hechos fungía como empresario, como “la cabeza en la compra de tierras (…) para Vicente Castaño”, de quien se afirma que en “cuatro días se hizo dueño de mil hectáreas”. De igual forma, en las versiones de ‘El Alemán’ se alude a la compra de tierras por parte de “Otros políticos de aquí de Medellín [que] compraron unas 30.000 ó 40.000 hectáreas”.
2. La relación entre el destierro y actores vinculados al narcotráfico
Adicionalmente, el caso de Jiguamiandó y Curbaradó ilustra la relación entre el narcotráfico y el destierro. Según el asesinado comandante alias Rodrigo Doble Cero en la siembra de palma en el sur del eje bananero de Urabá, “chorrean sangre, miseria y corrupción”, y la forma como se obtuvieron las tierras y el dinero de las entidades públicas hacía “parte de una cadena de lavado de dineros del narcotráfico, testaferrato, desplazamiento forzado, muerte y violencia”. Al respecto, los dueños de la empresa Gradesa, propietaria de la planta extractora de aceite en la zona y beneficiaria de recursos de la cooperación de Estados Unidos, tiene el 50 por ciento de sus bienes en proceso de extinción de dominio por conductas relacionadas con el tráfico de drogas.
3. La ¨parainstitucionalidad¨ en la violación de los derechos de propiedad y posesiones
Como lo indicó Vicente Castaño a la revista Semana, la estrategia de vincular empresarios a iniciativas de desarrollo se regía por la premisa de que “Al llevar a los ricos llegan las instituciones del Estado”. Concretamente, en el caso en estudio, la llegada de las “instituciones del Estado”, se tradujo en el auspicio, `legalización` y financiamiento del despojo: de un lado, la usurpación de los territorios abandonados por el desplazamiento forzado estuvo revestida de legalidad a través de actos administrativos.
Del otro, los empresarios se beneficiaron de la normativa de fomento y estímulo a los monocultivos de palma, entre ellos el acceso a recursos de cooperación y a créditos del sector rural e incentivos de capitalización rural a las llamadas alianzas productivas para la paz, promovidas desde el Ministerio de Agricultura del gobierno de Pastrana, del que fue titular Carlos Murgas, llamado el “Zar del Agro”.
El financiamiento de la siembra de palma por parte del Banco Agrario y Finagro (más de 20 mil millones de pesos), además de contrariar disposiciones ambientales y étnicas, no fue ajeno a la estrategia antes aludida. Como lo demuestran las investigaciones en curso, Finagro estuvo presidida por María Fernanda Zúñiga Cháux, hija de uno de los directivos de la empresa Urapalma, miembro de la junta directiva de otra de las empresas palmeras y sobrina del ex gobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera. Este último, sobre quien alias El Alemán, dijo haber conocido “como comisionado político del bloque Calima en un encuentro en La 21, en 2002”, es investigado por la Fiscalía por sus supuestos nexos con paramilitares.
En la apropiación ilegítima e ilegal de los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curbaradó es notoria la omisión de las autoridades ambientales, específicamente de Corpourabá y Codechocó, y del Ministerio del Interior, encargado de la protección de los derechos de los afrodescendientes.
Estas entidades no adoptaron las medidas para impedir las violaciones a las comunidades afrodescendientes, pese al llamado de atención de la Defensoría del Pueblo en el año 2002, en el que se solicitó a la Corte Constitucional la suspensión de los cultivos hasta tanto las empresas cumplieran con sus obligaciones de solicitar los respectivos permisos ambientales y de garantizar el derecho fundamental a la participación de las comunidades negras. Por el contrario, Codechocó tramitó los planes de manejo ambiental de Palmas de Curbaradó, Palmadó, Inversiones Agripalma, Consejo Comunitario de Curbaradó y la Unidad Productiva Palmera Afrocolombiana.
4. La aplicación del modelo de Urabá en otras regiones del país
La revisión del caso de Jiguamiandó y Curbaradó permite contar con elementos para analizar el despojo en otras regiones del país, especialmente si se tiene en cuenta que la estrategia de vincular empresarios y otros actores fue una “de las misiones que [tenían] todos los comandantes” paramilitares al mando de Vicente Castaño.
No obstante, son incipientes las investigaciones y revelaciones en la materia. Por vía de ejemplo, es poco lo que se conoce sobre el destierro y sus beneficiarios en Casanare, en donde, según Veloza García, alias El Profe “compró no sé cuantas miles de hectáreas de tierra (…) por medio del exgobernador del Guaviare (Oscar López) [al que] le decía ‘chatarrito’”, para sembrar palma. Al citado exgobernador, condenado por vínculos con los paramilitares de los Llanos Orientales (entre ellos alias El Profe y Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo), se le asocia con la obtención de 40 mil hectáreas, “[M]ientras los paramilitares intimidaban o desplazaban a los campesinos.
5. Los obstáculos para la reversión del despojo y la restitución real y material
El caso de Jiguamiandó y Curbaradó ejemplariza las limitaciones legales e institucionales para la devolución material de las tierras y territorios ocupados y apropiados ilegal e ilegítimamente.
Ciertamente, pese a la contundencia de las revelaciones e investigaciones sobre los responsables directos e indirectos, en instancias internacionales y nacionales y las órdenes del Tribunal Constitucional, las comunidades afrocolombianas no pueden ejercer efectivamente sus derechos constitucionales al territorio y a los recursos naturales contenidos en ellos, así como otros derechos esenciales para garantizar su supervivencia como grupo étnico (autonomía, participación, gobierno propio, e identidad como grupo diferencial, entre otros).
Causa de ello es que los “ganadores del despojo”, legales e ilegales, continúan en la región, ejercen presiones y dividen a las comunidades, tal y como lo señaló la Corte Constitucional al suspender el proceso de entrega física de los territorios colectivos.
Una reflexión final
Frente a la contundencia de los hechos que demuestran la existencia de un plan criminal para apropiarse de las tierras y territorios en amplias zonas del país, mediante graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, pareciera que para asumir el reto de dilucidar las causas y actores legales e ilegales no bastan las medidas previstas en la política integral de tierras y en la política de restitución de tierras propuesta por el gobierno como un sistema de información sobre despojos y creación de una justicia especializada, entre otras.
Algunas de ellas, como la formalización masiva de la propiedad rural, sustracciones de zonas ambientales, creación de zonas de desarrollo empresarial, y levantamiento de las prohibiciones legales de la Unidad Agrícola Familiar, usufructos y arrendamientos de largo plazo, así como el derecho de superficie y la prelación de proyectos declarados de utilidad pública e interés social sobre la restitución, pueden llegar a ser incluso funcionales a la legalización del despojo y al usufructo de las tierras abandonadas para la implementación de proyectos mineros, agroindustriales y forestales.
Reversar el despojo e impedir el usufructo ilegítimo de las tierras abandonadas por la fuerza demanda acudir a diferentes estrategias e instrumentos, entre ellos, la puesta en marcha de una política criminal tendiente a esclarecer los hechos, identificar el patrón del destierro y la cadena de delitos, juzgar y sancionar penal, civilmente a los responsables, sin perjuicio de que se trate de agentes legales e ilegales.
Además, en aras de evitar la reproducción de las violaciones, se requiere de instrumentos que aseguren el derecho colectivo de la sociedad a conocer la verdad “de la magnitud, las modalidades y efectos de los abandonos y despojos de tierras (…)”, como lo señaló la Corte Constitucional al sugerir la puesta en marcha de un mecanismo para ese fin. Dicho mecanismo puede hacer parte de la Comisión de la Verdad sugerida por la Corte Suprema de Justicia el que, de manera paralela a los procesos judiciales, puede contribuir a “la construcción de la memoria histórica de la barbarie paramilitar” .
Sin lugar a dudas son múltiples los desafíos que tendría que acometer una comisión de verdad sobre el atesoramiento y usurpación de tierras, así como los grandes riesgos que implicaría su labor. Sin embargo, un compromiso del gobierno en promover su creación y operación con miras a enfrentar lo que el representante Iván Cepeda, ha denominado “un gigantesco proceso de despojo y de legalización del despojo”, permitiría ahondar en la relación entre las tierras y conflictos violentos que han marcado la historia colombiana y, seguramente, también permitiría adoptar las acciones y medidas legislativas, administrativas y judiciales requeridas para revertir el despojo y abandono forzado de territorios e inmuebles, y garantizar su no repetición.
En definitiva, la reparación integral de las víctimas del destierro y el despojo exige el reto inaplazable de abordar el análisis de las causas y actores que participaron en esas conductas, y de investigar y sancionar los responsables sean legales o ilegales.
De de lo contrario, intentos como los planteados por la nueva administración de Santos, dirigidos a recuperar, distribuir y restituir las tierras, así como de reparar a las víctimas del campo pueden reducirse, una vez más, al análisis que nutren las investigaciones y estudios sobre los fracasos que originan y alimentan los conflictos y las violencias que, infortunadamente, marcan la historia colombiana.
TOMADO DE LA SILLAVACIA.COM
