La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, facultada para investigar y enjuiciar a los más altos dignatarios del Estado, se distingue por su histórica inoperancia. Sin embargo, la semana pasada cuando se pactaron y distribuyeron entre los partidos las mesas directivas del nuevo Congreso, esta fue la única célula legislativa que las mayorías uribistas excluyeron de cualquier negociación.
“Los uribistas dijeron de entrada que la dirección de esa comisión no estaba sujeta a ningún tipo de negociación. Que ellos la controlarían los próximos cuatro años. Incluso comentaron que quienes aspiraran a dirigirla tendrían que aprobar un test de lealtad para garantizar su compromiso con el presidente Uribe”, dice un representante que participó de las reuniones.
Al final de las reuniones de designación de comisiones y de sus respectivas mesas directivas, la de Acusación, integrada por 15 representantes, quedó compuesta así: cinco de La U, tres conservadores, tres liberales, dos de Cambio Radical, uno del PIN y uno por las negritudes. Y los cargos directivos ciertamente en manos de uribistas pura sangre: los representantes de La U Héctor Vergara y Gonzalo Pinzón, asumieron la presidencia y la secretaría, respectivamente. Mientras que el conservador Carlos Orlando Clavijo se quedó con la vicepresidencia.
La Comisión de Acusaciones tiene la responsabilidad de investigar y enjuiciar al Presidente de la República, al Fiscal General y a los magistrados de las altas cortes. Y aunque contra estas dignidades se presentan todo tipo de denuncias diariamente, los procesos suelen ser archivados por la llamada “comisión de absoluciones”. Muy excepcionalmente trascienden como la acusación que se le hizo a Ernesto Samper por el escándalo del proceso 8.000 del que terminó absuelto.
Esa constante se da por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque el desarrollo de un proceso o su pronto archivo depende de la voluntad política que prevalezca allí dentro. En segundo, porque se trata de una comisión más que desdentada en cuanto a capacidad investigativa. Sin embargo, en una coyuntura tan desbordada como lo es el enfrentamiento escalado entre Uribe y la Corte Suprema, es lógico que el gobierno saliente quiera conservar el control de ese órgano para evitarse cualquier dolor de cabeza en los días que vendrán.
“Se llegó a un acuerdo sobre la mesa directiva para el primer año, que es mi presidencia, el resto de la historia está por escribirse”, asegura el representante Vergara. La versión no coincide con la de su colega y compañero de bancada Augusto Posada quien admite que el uribismo, representando en la U y en el partido Conservador, mantendrá por cuatro años el control de la comisión. Posada explica que no se trata de una estrategia para proteger al presidente, sino que es simple representación política.
“En los diálogos para designación de mesas directivas no se pregunta quién es uribista o antiuribista. Los partidos presentan sus intereses temáticos de acuerdo con su número de congresistas y así se distribuyen las mesas” dice. Además califica de falsa la versión de que se haya diseñado una prueba para garantizar lealtad a Uribe.
No es la primera vez que se escucha del test uribista. La idea originalmente fue concebida por Rodrigo Rivera, ahora designado ministro de Defensa, en el arranque de la campaña presidencial y contó con el visto bueno del propio presidente Uribe. Se trataba de un cuestionario a través del cual se le medía el aceite al ramillete de aspirantes que decían ser ‘uribistas’ e incluía preguntas como: ¿Está dispuesto a renunciar al rescate militar de los secuestrados?
Si esa situación se dio en la presidenciales, no es descabellado que el uribismo ciertamente se preocupe de controlar la Comisión de Acusaciones. Porque a pesar de su inactividad, es mejor tener sus riendas que no tenerlas.
La demanda de Uribe
Teniendo en cuenta estas circunstancias, llama la atención la decisión del presidente Uribe de demandar al magistrado Yesid Ramírez por ordenar la investigación contra su hijo Tomás, luego de que la Corte Suprema de Justicia le pidiera a la Fiscalía General investigar al hijo mayor del Presidente por el presunto ofrecimiento de prebendas para la reelección de su padre en 2006.
“Cuando el juez falla por el odio, prevarica”, dijo Uribe la semana pasada. Y en la noche de este miércoles, Tomás Uribe anunció la demanda y agregó: “el mismo juez que manifiesta que mi padre es un asesino, es el que me investiga, sin tener competencia para ello”.
El pedido de la Corte a la Fiscalía se basa en las declaraciones de varios testigos y en lo dicho por el ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Guillermo Cuello Baute, quien dijo que Tomás Uribe influyó en la asignación de una notaría en Tunja a un recomendado suyo.
“Que no sigan acabando la justicia suplantándola con el odio. Qué mal ejemplo da la Corte Suprema de Justicia a través de un magistrado como Yesid Ramírez, que tanto daño le ha hecho a Colombia”, dijo el mandatario el pasado jueves.
La decisión de Uribe también tiene que ver con la información publicada este domingo por el diario El Espectador sobre la manera como el DAS infiltró la Corte Suprema. Un aparte de la nota dice: “Días antes, el 9 de mayo, según un reporte del DAS, se le escuchó afirmar al magistrado Yesid Ramírez que no le cabía duda de que el Presidente tenía que ver con las amenazas de muerte en su contra”.
Esto fue interpretado por la Casa de Nariño, según funcionarios del Gobierno, como que el magistrado se refirió al presidente Uribe como un asesino. Incluso el abogado Jaime Granados, apoderado de Uribe en esta demanda, dijo a Caracol Radio: “La información que tenemos es la misma que aparece en el diario El Espectador el pasado domingo, que dice que el presidente tenía que ver con las amenazas de muerte en su contra, eso es calificarlo como asesino”.
Sin embargo, este jueves el director de El Espectador, Fidel Cano, aclaró que lo escrito por el periódico fue citado de un informe que entregó el DAS, y que por ninguna parte aparece el término de asesino.
