COMUNICADO
Las organizaciones indígenas de manera reiterada hemos denunciado la sistematicidad de las vulneraciones de derechos en contra de los Pueblos Indígenas y sus territorios. El que reconocemos como un genocidio da cuenta de cifras nada alentadoras: En 11 años han sido asesinados 1644 hombres y mujeres indígenas y un total de 88.505 fueron víctimas de desplazamiento forzado. Haciendo un análisis porcentual de las cifras previamente relacionadas, diariamente 35 indígenas fueron desplazados forzadamente de sus territorios, entre uno y dos indígenas fueron desplazados cada hora y fue asesinado un indígena cada 40 horas.
A pesar de lo anterior nos preocupa que a dos años de entrado en vigencia el Decreto Ley 4633 de 2011 , las palabras que con tanto esfuerzo fueron plasmadas en el papel no tengan impacto en la realidad de los pueblos indígenas, ni siquiera en un sentido simbólico. El nivel de cumplimiento e implementación del Decreto Ley es nulo.
El daño ocasionado en contra de los Pueblos Indígenas, en muchos casos irreversible, se agrava por la falta de voluntad política por parte del gobierno en materia de atención y reparación integral de las víctimas Indígenas, traducida en:
1. Carencia de rutas integrales construidas por los pueblos para la atención a víctimas indígenas en los territorios atendiendo con pertinencia étnica y cultural;
2. Irrespeto de las estructura organizativas indígenas regionales y nacionales en materia de articulación y consolidación de procesos en el marco del Decreto Ley;
3. Falta de adecuación institucional dando cuenta de lo referenciado normativamente para la atención de la población indígena víctima;
4. Inexistencia de registros con componentes diferenciales consultados con los Pueblos Indígenas;
5. Talanqueras para el acceso a la atención integral;
6. Incumplimiento en los casos de restitución para los pueblos indígenas;
7. Revictimización en la atención individual y en escenarios de reparación colectiva y restitución de tierras y
8. Falta de disposición presupuestal que dé cuenta de la magnitud real de los daños ocasionados en contra de los Pueblos Indígenas y que observe el subregistro existente;
Las políticas estatales direccionadas a los territorios indígenas, dan cuenta de dinámicas de despojo e intervención, identificamos como una estrategia del Estado el poner a discutir a sectores sociales históricamente empobrecidos y discriminados en el reconocimiento de sus derechos territoriales. Las situaciones recientes que tienen lugar en el Catatumbo, Arauca, Cundinamarca; la comunidad Muisca está siendo despojado de sus tierras a través de procesos jurídicos y amenaza de desalojo, Casanare; desastre ambiental, extracción minera, agotamiento de las fuente hídricas y la violación de derecho a la educación, Cauca; amenaza a los pueblo y líderes, Chocó, La Guajira, la Sierra Nevada, la Amazonia, Nariño, Vichada y Meta son una clara muestra de ello y de la importancia de la participación directa de los Pueblos Indígenas en los diálogos en La Habana, en perspectiva de aportar a la construcción de la paz, a sabiendas que ello no implica la cesación de la guerra en Colombia.
Resulta una verdad a voces que la situación humanitaria de los Pueblos Indígenas no tiende a mejorar, a 2014, contando cerca de 30 niños y niñas indígenas muertos de desnutrición, la que a todas luces es una obligación del Estado se traduce en una urgencia manifiesta. La necesidad de volcar todos los esfuerzos institucionales para frenar los procesos de inminente exterminio de cerca de 67 de los 102 Pueblos Indígenas debe ser una prioridad y derrotero del Estado colombiano.
Por ello, consideramos prioritario, acogiendo el clamor de los Pueblos Indígenas afectados y de las instancias realizadas por la Mesa Permanente de Concertación y las Organizaciones Indígenas nacionales con asiento en la misma, avanzar en forma decidida en la implementación efectiva del Decreto Ley 4633 de 2011 y garantizar en adelante el cumplimiento de los compromisos pactados con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, propendiendo por la salvaguarda de los derechos de las víctimas indígenas.
Consideramos que la omisión de las entidades e instituciones encargadas de atender a las victimas indígenas, amerita una investigación disciplinaria y la veeduría internacional, expresada en el rigor de las instancias de justicia competentes para sancionar al Estado colombiano, cuyo accionar negligente está generando el genocidio de los pueblos indígenas de Colombia.
Deledados y delegadas Indígenas Mesa Permanente de Concertación Nacional con los pueblos y Organizaciones Indígenas, Comisión Nacional de Territorios, y Comisión Nacional de Derechos Humanos.
