A Buenaventura llegaron en compañía de la organización irlandesa Trocaire y de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, liderada por el obispo de Tumaco, Gustavo Girón Higuita. En la parroquia del barrio Lleras fue la reunión que se complementó con una visita al barrio y un recorrido en lancha por los barrios de bajamar.
Precisamente es en los barrios de bajamar donde se presenta un alto número de homicidios: en lo que va corrido del año 2010 van más de 250 asesinatos y 64 desapariciones como lo ha venido denunciando la pastoral social de la diócesis de Buenaventura, en cabeza de su obispo Héctor Epalza, también presente en la reunión.
Los diputados Tom Kitt T.D., Michael D Higgins, T.D., y los senadores Mark Daly y Pat Green, figuras representativas de la política irlandesa escucharon con atención las denuncias sobre violación de DDHH en el municipio de Buenaventura. Estas van desde las muertes, desapariciones, desplazamientos hasta unas condiciones de vida indignas para cerca de 300 mil pobladores afrodescendientes que viven en la pobreza, a pesar de que el puerto le eroga a las finanzas del país cerca de tres billones de pesos anuales.
Una de las situaciones graves la están padeciendo los pobladores de bajamar a quienes el gobierno intenta reubicar de sus entornos ancestrales para proyectar y ejecutar megaobras al servicio del comercio trasnacional y el gran capital. Por su parte, las comunidades rurales viven graves violaciones a sus derechos, como la de la cuenca del Naya, a quien el gobierno les ha negado el derecho a la titulación de su territorio y se encuentran hoy a merced de empresas mineras y del narcotráfico.
Otra de las situaciones preocupantes que se denunció es el control paramilitar de los productos de la canasta familiar. Desde hace aproximadamente unos cuatro años, los paramilitares controlan la carne, las verduras, las frutas, los huevos, entre otros, y quienes han osado competir sin pagar la vacuna han sido asesinados.
Para los denunciantes la llamada desmovilización paramilitar fue más bien una legalización, pues sus estructuras están intactas y siguen operando en connivencia en muchas ocasiones con la fuerza pública.
Los parlamentarios por su parte se mostraron preocupados frente a estas situaciones y se comprometieron con las comunidades bonaverenses a ser su voz en el parlamento irlandés y europeo y frente al gobierno colombiano.
