El 21 enero del año corriente las y los bonaverenses recordaron la muerte de Gerardo Valencia Cano, pero no recordaron lo que dijo e hizo en Buenaventura y el Pacífico en favor de las generaciones presentes y futuras; a lo mejor resulta problemático o riesgoso hoy como ayer adentrarse en sus escritos porque en ellos se sustrae la esencia de un profeta: que anuncia la buena nueva y denuncia las injusticias. Precisamente fue apodado por sus detractores como el “Obispo Rojo”, quienes de manera amañada asociaron su accionar comprometido con ideas comunistas. Pero quienes lo conocieron dan fe de su profetismo y lo recuerdan por su radical compromiso en favor de la vida y de los desposeídos.
Cuarenta (40) años después del paso del “obispo rojo” por Buenaventura, tenemos la oportunidad de analizar en perspectiva su caminar observando hoy las mismas situaciones que él denunció advirtiendo la deshumanización de las comunidades negras e indígenas de Buenaventura. En el Pacífico de hoy persisten las situaciones observadas por Monseñor Valencia Cano: un sostenido extractivismo, así como un proyecto de modernización desarrollista, que agudizan las condiciones de marginalidad histórica, donde se instaura un conflicto social y armado en escalada desde los años noventa, dos décadas después de su muerte.
En este contexto nacional, regional y local de “anti-reino” será imposible ser teólogo de misa o de balcón, ser un ciudadano o ciudadana desprevenidos o alienados. Así como denunció Gerardo Valencia Cano la explotación de los recursos naturales y ambientales en el Pacífico, nuestras conciencias nos empujan a denunciar la injusticia que ocurre hoy con la comunidad negra del Consejo Comunitario de Citronela – Buenaventura (Valle del Cauca) – Colombia.
En dicho contexto, desde hace dos años, hemos observado que gran cantidad de foráneos hacen presencia en la región interesados en aumentar su capital, a través de la explotación de oro y material del río en los terrenos del Consejo Comunitario de Citronela. Y vienen adelantando la exploración y explotación de recursos en las orillas del río Dagua; allí a través de retroexcavadoras sacan el material y lo echan en la máquina clasificadora para separar el oro de otros materiales como balastro menudo, piedra ligante y balastro sucio.
Los foráneos pagan al dueño del terreno siete mil pesos ($7.000) por cada viaje o “volquetada”, mientras lo venden posteriormente a un precio que oscila entre cincuenta mil y sesenta mil pesos. Dicha situación ha hecho que paramilitares se apropien de terrenos ajenos, usurpando la autoridad legítima. El material que es sustraído tiene como destinatario las construcciones de bodegas en la zona franca de la ciudad en el orden de la expansión portuaria, así como los depósitos de los empresarios para construcciones de grandes obras de infraestructura vial en la ciudad.
Es importante señalar que el corregimiento de Citronela lindera con la comunidad de Zaragoza donde se perpetuó el ecocidio por la explotación aurífera desde el kilometro 23 hasta el kilómetro 38, afectando los corregimientos de río Dagua, San Marco, San Cipriano, Triana, Katanga, con permanentes homicidios, feminicidios y violaciones sexuales cometidas en su mayoría por paramilitares, destrucción de la flora y la fauna y de los cultivos de pan coger, movimiento de masa, avalanchas, crecientes y derrumbes.
El extractivismo mantiene a la mayoría de la población en la miseria, perpetrada por la ausencia estatal. Además, se sustenta no sólo en el fortalecimiento de capitales foráneos, sino en la explotación de las mismas gentes dedicadas a dichas actividades, adquiriendo manifestaciones particulares en lo rural y en lo urbano, donde se evidencia una clara infracción a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y a los derechos colectivos de las comunidades negras amparados por la Constitución Nacional.
Para las organizaciones sociales y comunitarias es clara la relación de los mega-proyectos y la explotación de los recursos naturales con la dinámica del conflicto armado y la violencia sociopolítica que tiene lugar en este contexto de guerra, dado que desde la lógica capitalista las comunidades negras e indígenas representan un obstáculo. Por lo tanto, la guerra es la estrategia que se utiliza para “limpiar” demográficamente los territorios o desterritorializar a las comunidades ancestrales que históricamente han habitado su territorio. Mientras continúe el empobrecimiento y la desigualdad en Buenaventura, hacer memoria de la vida y el pensamiento de Gerardo Valencia Cano, implica “deshacer los pasos”2 y denunciar las situaciones de injusticia. En este Puerto e Iglesia de contrastes y esperanza, la “Buena–ventura” ávida de Buena – Nueva, todavía resalta la presencia de Monseñor Gerardo Valencia Cano.
Con el fin de solicitarles a las autoridades competentes salvaguardar la vida e integridad y respetar los derechos colectivos de las comunidades negras consagrados en Ley 70 de 1993 donde se reconoce el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable los territorios colectivos, y en ejercicio del Derecho de Petición consagrado en al artículo 23 de la Constitución Nacional, exigimos y nos denunciamos en los siguientes términos:
a) Denunciamos la explotación de material del río sin la correspondiente consulta previa y sin la autorización debida de la comunidad negra de CITRONELA; creando así condiciones de ilegalidad y de desconocimiento de las autoridades ambientales especiales que tienen las comunidades negras.
b) Denunciamos los factores de violencia que se generan por la presencia y accionar de los actores armados, en medio del silencio cómplice del Gobierno frente a la situación que sufre la comunidad.
c) Denunciamos el daño ambiental que ya se causó, la desorientación del río Dagua, la afectación a la flora y la fauna y a los cultivos de pan coger.
d) La toma de decisión de la comunidad negra está completamente supeditada al poder e intimidación del grupo armado paramilitar.
e) Solicitamos a los autoridades policiales, judiciales, entes de control y ministerio público evitar los inminentes homicidios.
f) Exigimos expulsar a los actores armados que intimidan e imparten órdenes en la comunidad negra de CITRONELA y retirar de inmediato e investigar a los dueños de las empresas de volquetas.
