En el Acuerdo uno o Política de Desarrollo Agrario Integral, se avanzó en seis puntos en La Habana:
1. Acceso y uso de la tierra
2. Programas de desarrollo con enfoque territorial
3. Infraestructura adecuada de tierras
4. Desarrollo, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza
5. Estímulo a la producciónia sobre Desarrollo
6. Formalización laboral
Uno de los principios que establecieron para el dialogo en La Habana fue: nada está acordado hasta que todo esté acordado. De ahí surge la pregunta de ¿todo
lo acordado en este punto, va hacer aplicado en todos territorios? Recuérdese que apenas se está hablando con la sociedad civil de lo que va a pasar en La Habana y de lo que pueda llegar a ser un posible acuerdo del tema de posconflicto en Colombia.
El verdadero proceso de paz arranca el día que se firmen los acuerdos en La Habana. En este sentido, no podemos pensar que el único generador de conflicto son las FARC, pues muchos piensan que si hay acuerdo entre la guerrilla y el Estado habrá paz en Colombia. Lo cierto es que con una firma de paz no se van a acabar los elementos que generan conflicto en Colombia. La guerrilla sí es un elemento desestabilizador importante de la paz, pero no es el único.
En este proceso de política de Estado para la paz y de política social organizativa para la paz, ¿quién va absorber la visión del otro? ¿El Estado va a asumir la posición que tiene la sociedad civil y las organizaciones frente a la paz? ¿El Estado va a incluir su propuesta en la visión que tiene las organizaciones y la sociedad civil sobre cómo queremos el desarrollo de la paz?
El Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, ha insistido en que la paz debe hacerse desde los territorios. Tiene muy buen conocimiento de los documentos de cómo se pensaba la paz desde el Chocó, pero, ¿cómo va a plantear esa misma situación en otros departamentos con otros tipos de características?
En el Chocó, el territorio es el eje fundamental de lo organizativo-étnico. Cuando el Comisionado habla de territorio, ¿se refiere a cualquier territorio pensando en regiones, en departamentos, o está hablando de los territorios que ocupan las comunidades étnicas, los territorios colectivos de comunidades negras e indígenas?
Elementos que se deben discutir con el gobierno, sobre qué va a pasar con nuestros territorios en un escenario de postconflicto
En el acceso y uso de la tierra, hay un problema serio con los territorios de las comunidades negras e indígenas, pues para lo que el Estado es no explotado, para nosotros es cuidado; entonces este es un primer elemento de discusión, que tiene que ver con las tierras inoficiosas o no explotadas.
¿Cómo vamos a llevar a la negociación el hecho de que el territorio para nosotros va más allá de los sembríos? Cómo convencer otra vez hasta la saciedad al gobierno y la guerrilla, que el hecho que seamos 500 mil personas en el Chocó, no significa que tengamos mucha tierra para poca gente. Cómo evitar que se nos aplique una lógica de tierras inoficiosas y estos territorios se convierten en una posibilidad de asignación de tierras y de territorios a quien según el Estado necesiten para trabajar.
El Pacífico en su totalidad es reserva forestal desde la ley 2 de 1959. Cito esta ley porque hay una discusión jurídica entre el Estado y los consejos comunitarios y los indígenas, pues las instituciones estatales creen que las propiedades colectivas siguen en reserva forestal. Esto significa que el Estado cree que lo puede seguir interviniendo, cuando estos territorios en el momento de ser titulados se convierten en propiedad privada.
Otro elemento del acuerdo establece la importancia de la sustracción de la reserva en tormo a la asignación de predios para la producción. Surge otro elemento de discusión ¿la producción para qué y para quién? ¿Producción para la satisfacción de las necesidades alimentarias de la gente, o producción para la comercialización de los productos, que cree el gobierno son exportables? Este punto no está claro en el acuerdo.
Frente a estos dos primeros dos puntos, ¿cómo va a quedar la propiedad colectiva de comunidades negras e indígenas?
El cuarto elemento que plantea el acuerdo, es la necesidad de la planificación del territorio, o sea, el ordenamiento territorial. Planificar es muy importante, pero el único ordenamiento serio de territorio que ha tenido este país, ha sido la titulación colectiva de comunidades negras e indígenas. Es la única, que al día de hoy el Estado no tiene mecanismos de cómo quitarle la tierra a la gente.
En este sentido, lo que se debe llevar a la mesa de diálogos de paz, es que estos territorios son el principio del ordenamiento territorial del Pacífico y a partir de allí, mediante la concertación con las autoridades etnicoterritoriales, pensar para quién se ordena y para qué se ordena; de lo contrario, nos estarían ordenando el territorio obedeciendo a una concepción que no favorecería a nuestra gente.
El acuerdo avanza también en la delimitación en unos casos, y en otros en la ampliación, de la frontera agrícola. En el caso del Chocó conocemos la frontera agrícola, porque conocemos el territorio, pero no olvidemos que hace unos años para poder titularle a la gente, se tenía que tumbar el bosque y a esto se la llamaba la ampliación de la frontera agrícola; hoy el acuerdo no define qué es ampliación o delimitación de la frontera agrícola y para qué se va hacer.
De lo que aquí se trata es cómo nosotros le damos cuerpo a estos elementos de tal forma que no se nos vaya a convertir lo que es una posibilidad real de producción y protección en una nueva colonización de los territorios nuestros. Un eje esencial que no se está teniendo en cuenta es la etnoeducación. El Chocó sigue intervenido en elementos trascendentales para su desarrollo en vez de fortalecer la autoridad civil que se tiene.
No hay calidad educativa, se termina siendo fuerza de trabajo para otros departamentos y no para el Chocó, pues el modelo educativo no es pertinente; esta es una realidad que hay que pensar en un proceso de negociación.
Mientras se está negociando con las FARC y buscando la negociación con el ELN, se está consolidando la presencia paramilitar, a tal punto que ya se unieron en una sola fuerza con el nombre de Autodefensas Gaitanistas. Así las cosas, ¿quién va a reemplazar en un proceso de negociación y en el posconflicto con las FARC, a esa autoridad ilegal que hacía control territorial y social en estos territorios? ¿Los paramilitares? ¿Los narcotraficantes? ¿O realmente el Estado va ejercer la autoridad a través de las instituciones que tiene? No podemos pasar de unos actores armados a otros. No se ve claro esto cómo se va a resolver.
Cuando el Estado y la sociedad colombiana piensan en la autoridad, nombran a la alcaldía y la gobernación; no se han dado cuenta, o no quieren darse cuenta, que en el Chocó y el Pacífico no hay solamente municipalidades y gobernaciones, sino que hay otro tipo de institucionalidad como los resguardos y sus cabildos, y los consejos comunitarios que son autoridad constitucional y legalmente establecidas. Pero por ahí no está pasando el tema del desarrollo y el tema de la autoridad, de cómo se ejerce.
El gobierno ha dicho de manera categórica y reiterada que en La Habana no se está negociando el modelo de desarrollo. Y cuando uno lee los acuerdos, efectivamente, no hay algo que diga esto va a trastocar el corazón del neoliberalismo. El modelo de desarrollo para el Chocó y el Pacífico, además de que ha sido excluyente, ha sido extractivista. Sin embargo, el modelo de desarrollo existente que según el gobierno no es negociable en La Habana, ojalá sea negociable en los territorios. Las comunidades tienen planes de Etnodesarrollo y de Vida, que sin ir en contra de la Constitución y la ley sí plantean otro tipo de alternativas de ver el desarrollo, plantean alternativas de que el oro no se come. Ese modelo tendrá que discutirse en diálogos regionales.
El gobierno y las FARC tienen que entender que lo de La Habana, se va a refrendar en la medida que las FARC no ataque a la gente; pero además, va a tener sentido que a partir del acuerdo que avance, el proceso de paz, tendrá que avanzar con diálogos regionales; porque Colombia es un país de regiones y los intereses que mueven los conflictos social y armado son diferentes. Y por tanto, el conflicto y sus soluciones van a tener matices diferentes. Uno de los temas en los que la sociedad civil tendrá que presionar es el impulso de los diálogos regionales.
El Alto Comisionado ha planteado que el tema de minería no es tema de discusión en La Habana; ojalá que sí sea tema de los acuerdos territoriales, de lo contrario de qué paz se habla en el Chocó, cuando su territorio en un 80% esta concesionado a empresas mineras o está solicitado. Si no se habla del tema minero en el Chocó, entonces de cuál paz estamos hablando.
En este país hay dos derechos fundamentales no consagrados en la constitución (artículos 11 al 41): el derecho al territorio y a la consulta previa para los grupos étnicos.que son los únicos derechos fundamentales colectivos, según la Corte Constitucional . Si esos dos derechos no se desarrollan en un proceso de paz, entonces, ¿de cuál paz estamos hablando?
El proceso de paz y de negociación va hacer realmente sostenible, en la medida que la sociedad civil se mantenga activa y en el caso del Chocó, que se fortalezcan las autoridades étnicas de consejos comunitarios, de resguardos indígenas y las organizaciones sociales cualquiera sea su denominación.
La paz en el Chocó debe pasar porque sus autoridades étnicas estén fortalecidas y ejerciendo autoridad.
* Abogado y asesor de COCOMACIA Y FISCH
Richard Moreno Rodríguez
En el Acuerdo uno o Política de desarrollo agrario integral, se avanzó en seis puntos en La Habana:
1. Acceso y uso de la tierra
2. Programas de desarrollo con enfoque territorial
3. Infraestructura adecuada de tierras
4. Desarrollo, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza
5. Estímulo a la producciónia sobre Desarrollo
6. Formalización laboral
Uno de los principios que establecieron para el dialogo en La Habana fue: nada está acordado hasta que todo esté acordado. De ahí surge la pregunta de ¿todo
lo acordado en este punto, va hacer aplicado en todos territorios? Recuérdese que apenas se está hablando con la sociedad civil de lo que va a pasar en La Habana y de lo que pueda llegar a ser un posible acuerdo del tema de posconflicto en Colombia.
El verdadero proceso de paz arranca el día que se firmen los acuerdos en La Habana. En este sentido, no podemos pensar que el único generador de conflicto son las FARC, pues muchos piensan que si hay acuerdo entre la guerrilla y el Estado habrá paz en Colombia. Lo cierto es que con una firma de paz no se van a acabar los elementos que generan conflicto en Colombia. La guerrilla sí es un elemento desestabilizador importante de la paz, pero no es el único.
En este proceso de política de Estado para la paz y de política social organizativa para la paz, ¿quién va absorber la visión del otro? ¿El Estado va a asumir la posición que tiene la sociedad civil y las organizaciones frente a la paz? ¿El Estado va a incluir su propuesta en la visión que tiene las organizaciones y la sociedad civil sobre cómo queremos el desarrollo de la paz?
El Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, ha insistido en que la paz debe hacerse desde los territorios. Tiene muy buen conocimiento de los documentos de cómo se pensaba la paz desde el Chocó, pero, ¿cómo va a plantear esa misma situación en otros departamentos con otros tipos de características?
En el Chocó, el territorio es el eje fundamental de lo organizativo-étnico. Cuando el Comisionado habla de territorio, ¿se refiere a cualquier territorio pensando en regiones, en departamentos, o está hablando de los territorios que ocupan las comunidades étnicas, los territorios colectivos de comunidades negras e indígenas?
Elementos que se deben discutir con el gobierno, sobre qué va a pasar con nuestros territorios en un escenario de postconflicto
En el acceso y uso de la tierra, hay un problema serio con los territorios de las comunidades negras e indígenas, pues para lo que el Estado es no explotado, para nosotros es cuidado; entonces este es un primer elemento de discusión, que tiene que ver con las tierras inoficiosas o no explotadas.
¿Cómo vamos a llevar a la negociación el hecho de que el territorio para nosotros va más allá de los sembríos? Cómo convencer otra vez hasta la saciedad al gobierno y la guerrilla, que el hecho que seamos 500 mil personas en el Chocó, no significa que tengamos mucha tierra para poca gente. Cómo evitar que se nos aplique una lógica de tierras inoficiosas y estos territorios se convierten en una posibilidad de asignación de tierras y de territorios a quien según el Estado necesiten para trabajar.
El Pacífico en su totalidad es reserva forestal desde la ley 2 de 1959. Cito esta ley porque hay una discusión jurídica entre el Estado y los consejos comunitarios y los indígenas, pues las instituciones estatales creen que las propiedades colectivas siguen en reserva forestal. Esto significa que el Estado cree que lo puede seguir interviniendo, cuando estos territorios en el momento de ser titulados se convierten en propiedad privada.
Otro elemento del acuerdo establece la importancia de la sustracción de la reserva en tormo a la asignación de predios para la producción. Surge otro elemento de discusión ¿la producción para qué y para quién? ¿Producción para la satisfacción de las necesidades alimentarias de la gente, o producción para la comercialización de los productos, que cree el gobierno son exportables? Este punto no está claro en el acuerdo.
Frente a estos dos primeros dos puntos, ¿cómo va a quedar la propiedad colectiva de comunidades negras e indígenas?
El cuarto elemento que plantea el acuerdo, es la necesidad de la planificación del territorio, o sea, el ordenamiento territorial. Planificar es muy importante, pero el único ordenamiento serio de territorio que ha tenido este país, ha sido la titulación colectiva de comunidades negras e indígenas. Es la única, que al día de hoy el Estado no tiene mecanismos de cómo quitarle la tierra a la gente.
En este sentido, lo que se debe llevar a la mesa de diálogos de paz, es que estos territorios son el principio del ordenamiento territorial del Pacífico y a partir de allí, mediante la concertación con las autoridades etnicoterritoriales, pensar para quién se ordena y para qué se ordena; de lo contrario, nos estarían ordenando el territorio obedeciendo a una concepción que no favorecería a nuestra gente.
El acuerdo avanza también en la delimitación en unos casos, y en otros en la ampliación, de la frontera agrícola. En el caso del Chocó conocemos la frontera agrícola, porque conocemos el territorio, pero no olvidemos que hace unos años para poder titularle a la gente, se tenía que tumbar el bosque y a esto se la llamaba la ampliación de la frontera agrícola; hoy el acuerdo no define qué es ampliación o delimitación de la frontera agrícola y para qué se va hacer.
De lo que aquí se trata es cómo nosotros le damos cuerpo a estos elementos de tal forma que no se nos vaya a convertir lo que es una posibilidad real de producción y protección en una nueva colonización de los territorios nuestros. Un eje esencial que no se está teniendo en cuenta es la etnoeducación. El Chocó sigue intervenido en elementos trascendentales para su desarrollo en vez de fortalecer la autoridad civil que se tiene.
No hay calidad educativa, se termina siendo fuerza de trabajo para otros departamentos y no para el Chocó, pues el modelo educativo no es pertinente; esta es una realidad que hay que pensar en un proceso de negociación.
Mientras se está negociando con las FARC y buscando la negociación con el ELN, se está consolidando la presencia paramilitar, a tal punto que ya se unieron en una sola fuerza con el nombre de Autodefensas Gaitanistas. Así las cosas, ¿quién va a reemplazar en un proceso de negociación y en el posconflicto con las FARC, a esa autoridad ilegal que hacía control territorial y social en estos territorios? ¿Los paramilitares? ¿Los narcotraficantes? ¿O realmente el Estado va ejercer la autoridad a través de las instituciones que tiene? No podemos pasar de unos actores armados a otros. No se ve claro esto cómo se va a resolver.
Cuando el Estado y la sociedad colombiana piensan en la autoridad, nombran a la alcaldía y la gobernación; no se han dado cuenta, o no quieren darse cuenta, que en el Chocó y el Pacífico no hay solamente municipalidades y gobernaciones, sino que hay otro tipo de institucionalidad como los resguardos y sus cabildos, y los consejos comunitarios que son autoridad constitucional y legalmente establecidas. Pero por ahí no está pasando el tema del desarrollo y el tema de la autoridad, de cómo se ejerce.
El gobierno ha dicho de manera categórica y reiterada que en La Habana no se está negociando el modelo de desarrollo. Y cuando uno lee los acuerdos, efectivamente, no hay algo que diga esto va a trastocar el corazón del neoliberalismo. El modelo de desarrollo para el Chocó y el Pacífico, además de que ha sido excluyente, ha sido extractivista. Sin embargo, el modelo de desarrollo existente que según el gobierno no es negociable en La Habana, ojalá sea negociable en los territorios. Las comunidades tienen planes de Etnodesarrollo y de Vida, que sin ir en contra de la Constitución y la ley sí plantean otro tipo de alternativas de ver el desarrollo, plantean alternativas de que el oro no se come. Ese modelo tendrá que discutirse en diálogos regionales.
El gobierno y las FARC tienen que entender que lo de La Habana, se va a refrendar en la medida que las FARC no ataque a la gente; pero además, va a tener sentido que a partir del acuerdo que avance, el proceso de paz, tendrá que avanzar con diálogos regionales; porque Colombia es un país de regiones y los intereses que mueven los conflictos social y armado son diferentes. Y por tanto, el conflicto y sus soluciones van a tener matices diferentes. Uno de los temas en los que la sociedad civil tendrá que presionar es el impulso de los diálogos regionales.
El Alto Comisionado ha planteado que el tema de minería no es tema de discusión en La Habana; ojalá que sí sea tema de los acuerdos territoriales, de lo contrario de qué paz se habla en el Chocó, cuando su territorio en un 80% esta concesionado a empresas mineras o está solicitado. Si no se habla del tema minero en el Chocó, entonces de cuál paz estamos hablando.
En este país hay dos derechos fundamentales no consagrados en la constitución (artículos 11 al 41): el derecho al territorio y a la consulta previa para los grupos étnicos.que son los únicos derechos fundamentales colectivos, según la Corte Constitucional . Si esos dos derechos no se desarrollan en un proceso de paz, entonces, ¿de cuál paz estamos hablando?
El proceso de paz y de negociación va hacer realmente sostenible, en la medida que la sociedad civil se mantenga activa y en el caso del Chocó, que se fortalezcan las autoridades étnicas de consejos comunitarios, de resguardos indígenas y las organizaciones sociales, cualquiera sea su denominación.
La paz en el Chocó debe pasar porque sus autoridades étnicas estén fortalecidas y ejerciendo autoridad.
* Abogado y asesor de COCOMACIA y el Foro Interétnco Solidaridad Chocó.
Conferencia tomada de la Revista territorio de Etnias 8
