Viaje a Beté con COCOMACIA
Por Miguel Ángel Estupiñan
(Artículo publicado en revista Vida Nueva Colombia)
Puerto de Quibdó a media tarde. Las aguas del río intensifican su opacidad por cuenta de un cielo encapotado. Presagiando la lluvia, los tripulantes de una panga meten en bolsas plásticas su equipaje. Van rumbo a Beté, donde tendrá lugar la asamblea del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato.
La institución nació hace más de 30 años como una respuesta de las comunidades negras de la región a la necesidad de defender su territorio y hacer valer sus derechos étnicos. El papel del equipo misionero dirigido, en su momento, por Gonzalo de la Torre fue determinante en los orígenes del proceso organizativo. Por eso Fanny Rosmira Salas Lennis dice que el sacerdote es el padre y el fundador de COCOMACIA.
A los doce años la líder comenzó a participar de las comunidades eclesiales de base que se multiplicaron en el Medio Atrato, animadas por el claretiano. Atenta a los desafíos de la realidad, la lectura popular de la Biblia en aquella primera hora contribuyó a la tarea de generar conciencia.
En la década de 1980, las comunidades negras no tenían derecho a acceder a la propiedad de los terrenos en los cuales venían desarrollado sus vidas desde hacía siglos. Paradójicamente, la región estaba vinculada a un sistema de parques naturales en el cual tenían su escenario de acción empresas foráneas como Maderas del Darién, que explotaban el territorio y a sus pobladores.
Todo ello, y otros aspectos del aislamiento que el Estado imponía a la gente del Chocó, agudizando su empobrecimiento, era materia de la reflexión de los grupos que regularmente se encontraban en asambleas estimuladas por la experiencia eclesial.
Muy pronto las mujeres se perfilaron como protagonistas del proceso organizativo. Coordinaron acciones de economía solidaria para sostener los grupos bíblicos. Con la debida capacitación, se encargaron de la atención a los enfermos y de los hogares infantiles que se fueron creando. Hicieron parte de los procesos de alfabetización para adultos, a través de los cuales se gestaron múltiples liderazgos en beneficio común.
“¿Qué les queda a nuestros hijos? -te pregunto, compañera- Ni pa’ champa ni pa’ casa los bosques tendrán madera”. Versos de este tipo fueron incluidos en las cartillas con que personas como Fanny Rosmira enseñaron a escribir a sus paisanos. Fruto de muchas luchas, nació la Asociación Campesina Integral del Atrato, que entre otras causas vio necesario reclamar la propiedad colectiva del territorio ancestral, para mejorar las condiciones de vida de las comunidades y salvaguardar su querencia.
La organización
Nada más salir de Quibdó y un retén para a la embarcación. Miembros de la Armada Nacional hacen que la panga se acerque a la orilla donde están acantonados. Miran de reojo, saludan a los tripulantes y permiten que continúen su viaje.
Jesús Durán, comunicador social de la Corporación Pacipaz, señala que uno de los efectos en la región del proceso de negociación entre las FARC y el Gobierno es que los controles militares han menguado su presión sobre las organizaciones sociales en este tipo de retenes. En el pasado los tripulantes habrían debido apearse y dar cuenta de su identidad uno a uno.
Sin embargo, hay cosas que no cambian. O, al menos, no por el momento. Río abajo la delegación de COCOMACIA se encuentra con un planchón que lleva dos retroexcavadoras.
Si el control de las autoridades fuera efectivo, no se verían máquinas de esta naturaleza sobre el Atrato. Como ha hecho constar el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, sobre afluentes como el Bebará, el Bebaramá, el Neguá y el Ichó se adelantan explotaciones de minería mecanizada que han contaminado los ríos, descargando toxinas en las aguas y amenazando el sistema de ciénagas y ensenadas de la región.
Con apoyo de la entidad, COCOMACIA entabló una acción de tutela para obtener la protección y salvaguarda de los derechos a la vida, a la salud, al medio ambiente sano, a la alimentación, al agua y al territorio; los cuales, según afirma el documento, “han sido sistemáticamente amenazados y vulnerados con ocasión de la grave afectación y contaminación del río Atrato”.
Las autoridades ambientales de la región responsabilizan a las comunidades negras por la entrada de dragas de succión, elevadores hidráulicos y retroexcavadoras. COCOMACIA y Tierra Digna afirman que entre los factores críticos que han llevado al fortalecimiento de la minería mecanizada en el Medio Atrato, con los daños que esta actividad viene representando, hay que referirse a asuntos como la debilidad institucional en el control de la actividad, la corrupción administrativa y la situación de alta vulnerabilidad de los campesinos y organizaciones étnicas propietarias de los territorios colectivos. A lo anterior se suma un factor más: la presencia y accionar de grupos armados al margen de la ley.
Cuando a finales de la década de 1990 las comunidades negras del Medio Atrato lograron que el Estado les titulara terrenos de manera colectiva, irrumpió la violencia paramilitar, proveniente de Urabá. A la presencia guerrillera en la zona se sumó entonces, con el apoyo de agentes del Estado, su acción contrainsurgente. Muy rápido se pudo entender que detrás de la confrontación armada se movían, una vez más, intereses foráneos sobre un territorio de etnias, rico en recursos naturales.
La guerra
Cae la tarde. El cielo se despeja por un momento, surcado de nubes amarillas, rosadas, blancas. El sol se oculta entre bosques tupidos, a medio camino, cuando la lluvia recurrente da una leve tregua. Jesús recuerda que cuando ocurrió la masacre de Bojayá el cielo cobró el color de la sangre y su reflejo en el río Atrato parecía un mensaje de la naturaleza. Como si todo se fundiera con el dolor.
Ya en 2002 la agenda de COCOMACIA había sido modificada por la guerra. La organización creada en principio para la defensa del territorio y la búsqueda del respeto de los derechos étnicos tuvo que ampliar su radio de acción, para hacer frente a la victimización como consecuencia del conflicto armado a la cual se vio enfrentada el pueblo. “Al Atrato lo convirtieron en cementerio”, afirma Rosmira.
Representantes legales de los consejos comunitarios y líderes locales fueron asesinados. En los años más duros del conflicto, el trabajo de COCOMACIA y de la Diócesis de Quibdó se orientó a acompañar a las comunidades al borde de desplazamiento y a familias ya desarraigadas, en la exigencia de sus legítimos derechos. A pesar de los bloqueos sobre el río, se buscaron formas de trabajo entre la gente: actividades de promoción juvenil, que impidieron que muchos adolescentes fueran reclutados por los grupos armados; creación de tiendas comunitarias, que hicieron frente al hambre.
Entonces, la aspiración de la paz se contempló en relación con los anhelos propios de la identidad cultural, amenazada por la violencia y los intereses foráneos; una paz territorial, ambiental y social con enfoque diferencial orientada a la autodeterminación.
En el marco del proceso de negociación entre el Gobierno y las FARC, esa ha seguido siendo la bandera. Por eso fue una conquista popular que los acuerdos de La Habana subrayaran que los pueblos étnicos deben tener control de los acontecimientos que les afectan a ellos, a su territorio y a recursos, manteniendo sus instituciones, culturas y tradiciones.
La incertidumbre
Richard Moreno, líder del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) y de la Comisión Étnica, reitera que la paz no viene de Cuba. “La agenda de los movimientos sociales no se reduce, no se limita ni se resume en las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla”. Hay un proceso organizativo de marras detrás de un cambio social verdaderamente incluyente.
En los últimos años, la incidencia política de COCOMACIA ha estado orientada a garantizar que nada de lo acordado afecte los derechos especiales de estos pueblos, como la consulta previa, la tenencia de la tierra y la gobernabilidad.
La implementación de lo convenido entre el Gobierno y las FARC pone a las comunidades negras del Medio Atrato ante un conjunto de incertidumbres. Si en tantos años la guerrilla se entrenó en hacer la revolución con armas, la grandeza de COCOMACIA, según Richard, radica en que durante todo este tiempo la gente aprendió a hacer organización de una forma pacífica. “Bienvenidos los que se fueron”, afirma, al tiempo que se pregunta si el movimiento que surja de los procesos de desarme respetará la autonomía de la entidad.
Con los años, intereses de toda índole han cercado la autonomía de los consejos comunitarios. El plan de Etnodesarrollo de COCOMACIA se enfrenta a otras visiones que sobre el territorio tienen políticos, madereros, mineros y demás. “Divide y reinarás” parece ser la máxima detrás de quienes, con ofertas inconvenientes, han buscado adueñarse del control económico y social de la región, asegura Rosmira. La líder valora los principios éticos que, según el padre Gonzalo de la Torre, fundamentaron el origen del proceso organizativo: honradez para no aprovecharse de la organización con intereses particulares; servicio desinteresado; saber elegir a personas competentes para que sean los directivos de los consejos locales; aprovechar los contenidos de la Ley 70, para evitar que politiqueros y corruptos impongan su ley; claridad social ante los actores armados, sin comprometer a la comunidad; responsabilidad ante los agentes de la economía extractiva, para no vender la conciencia; conocimiento del daño que ha provocado el narcotráfico; sabiduría para exigir el respeto de los derechos, en especial salud, trabajo y educación de calidad; cuidado de las experiencias económicas comunitarias; amor al territorio, a la historia y a la cultura; y vivencia de la interculturalidad.
Las sombras suben desde el lecho del río. La oscuridad se intensifica entre la manigua y cubre levemente las riberas. En medio de la noche que llega, una luz de fondo: Beté.
