Reparación Integral….porque ninguna víctima me es ajena
La SEMANA POR LA PAZ es la oportunidad para demostrar los esfuerzos de miles de personas que trabajan por la construcción de la paz. En este contexto La Comisión Diocesana de vida, Justicia, Solidaridad y Paz de Buenaventura manifiesta su profunda preocupación por los hechos de violencia que se han venido presentando en el municipio de Buenaventura, en las comunas y en los ríos, con principal afectación a las zonas de bajamar. La muerte toca nuestras puertas, se siente la zozobra y la incertidumbre de quienes habitan estos territorios y que en ocasiones pasadas han sufrido en carne propia los embates de este conflicto armado.
La realidad es cada vez más compleja, la gente vive de cerca la miseria, la inequidad, la violencia y la desigualdad. Los intereses económicos sobre el territorio han hecho de este bello puerto un lugar para la guerra, la muerte y el desplazamiento.
Nuestra fe en el Dios padre y madre de la vida nos impulsa a valorarla y considerarla como un don sagrado. Nuestra esperanza en el resucitado nos ayuda a vencer cualquier amenaza y miedo dentro de nuestro territorio. Esta experiencia de fe nos invita a estar vigilantes y a unirnos en la defensa de la vida.
¿Qué defendemos?
El territorio y la vida dentro del territorio. El municipio es epicentro de una crítica situación de deterioro del respeto y garantía de los Derechos Humanos y la aplicación del DIH. Cada día se agrava la crisis humanitaria generada por la disputa territorial de los actores armados, situación que incide notablemente en el quebranto de la identidad étnica y territorial, en el resquebrajamiento de sus lazos familiares y comunitarios, en el olvido paulatino de sus prácticas culturales, en la desterritorialización tanto rural como urbana, los destierros como política sistemática para apropiarse de las tierras, todas estas circunstancias que configuran un detrimento progresivo de la dignidad humana de estas comunidades.
*Esta crisis humanitaria que vive el país se refleja en el desplazamiento forzado interno, exponente de una violación sistemática de los derechos, que tiene que ver con bajos niveles de ingresos, bajo otorgamiento de subsidios de vivienda, altos niveles de inseguridad alimentaria, alta deserción escolar y una alta dependencia frente a la ayuda humanitaria.
Aunque la personería distrital informó al SAT (sistema de alertas tempranas) que durante el 2009 no se han reportados casos de desplazamientos forzados, las comunidades manifiestan que como resultado de las amenazas algunos se han visto obligados a desplazarse a otras comunas de forma silenciosa y sin denunciar esos hechos, por temor a la retaliación de los victimarios o simplemente porque se desconoce el trámite para denunciar, esto hace constatar un nivel de sub-registro muy alto en la denuncia.
Una historia de 10 años:
Violaciones a mujeres, niños y niñas, matanzas hechas con la complicidad de la fuerza pública, reclutamiento de menores que pasaron de ser víctimas a victimarios. Venganza, retaliación, resentimiento por parte de unos e indiferencia por parte de la mayoría.
Somos un país amnésico y de muy mala memoria. Quizá porque a cada ciclo de guerra le ha seguido un pacto de paz que ha enterrado el pasado con la idea de que para seguir adelante no se puede recordar el horror, pues sería como echarle sal a las heridas.
Por ello hacemos memoria de una década de terror, de una historia que no ha sido contada por las victimas… y la hacemos para que rompamos con la indiferencia de una sociedad que olvida su pasado…
Los años (2000 – 2005) están caracterizados por más de 32 masacres, mediadas por el posicionamiento de los actores armados para ejercer control territorial, controlar las rutas del narcotráfico, sitios estratégicos donde están planificados los megaproyectos y el control de los recursos naturales.
Es por esto que no olvidamos la masacre ocurrida el día 19 de abril del 2005 en el barrio punta del Este, donde fueron sacados de sus casas con la promesa de realizar un partido de fútbol once jóvenes que luego fueron encontrados por sus seres queridos torturados y asesinados; crímenes de lesa humanidad que siguen sucediendo, especialmente contra la población joven.
El proceso de paz con los grupos paramilitares en Colombia tiene como segunda fase la desmovilización que inició en Noviembre del 2004. Este periodo en condiciones normales y reales debería haber registrado un cambio notable en el comportamiento del conflicto como por ejemplo; disminución de muertes violentas o de desapariciones forzadas.
Así, por ejemplo, mientras que en el año 2004 se presentaron 312 homicidios, para el 2005 (año de la desmovilización paramilitar) se presentaron 325 homicidios, y para el 2006 (un año después de la desmovilización) se registraron 404 homicidios, presentándose un incremento de 89 homicidios, cuando se suponía que debía reducirse significativamente.
Sin embargo el año 2005 fue uno de los años más violentos donde se registraron más de quinientas muertes según los datos de las organizaciones de base de Buenaventura.
La intensidad de los hechos en este periodo es trascendental para el análisis de la desmovilización y sus impactos en Buenaventura; pues del 2000 al 2009 el número de muertes violentas oscilan según cifras oficiales en 300 muertes aproximadas por año, cifra que a pesar de registrar un sub-registro sigue siendo considerablemente alta.
De igual modo, pese a los niveles de sub-registro, el número de denuncias sobre desapariciones forzadas registraron un progresivo incremento; para el año 2006 las autoridades recepcionaron 41 demandas, mientras que en el 2007 y 2008 recepcionaron 182 y 112 respectivamente. En este período se registran hechos de desaparición forzada en todas las comunas y barrios de la zona urbana de Buenaventura y en algunos ríos de la zona rural.
Las muertes ejemplarizantes se continúan dando, pero con un agravante, desaparecen el cadáver modalidad diferente al homicidio. En la desaparición, los cuerpos son arrojados al mar o enterrados en los sitios donde estos grupos delinquen y de esta manera ocultan a las víctimas, causando mayor dolor a las familias y dificultando la realización de una rápida investigación judicial, como fue el caso del cuerpo exhumado en la comuna uno, en la parte baja del barrio Nayita y del joven líder Jair asesinado en el barrio Lleras, defensor de los desplazados. Cabe anotar que la cifra de desaparecidos no disminuye, lo mismo pasa con las muertes violentas que de enero a julio de 2010 han reportado 85 muertes oficiales, con un aumento del 15% del año anterior.
* Somos testigos del “desarrollo” de nuestra ciudad, y de un mercado mundial con intereses mezquinos. La práctica y ofertas que hacen los sectores políticos, las empresas, las trasnacionales y los actores armados han transformado muchos procesos colectivos, han desintegrado los valores sociales. Podemos percibir la compra de la conciencia de líderes y por ende los intereses de sus comunidades. Hablar del derecho a la consulta previa suena amenazante y peligroso, hasta el punto en se han dado procesos desleales llevados a cabo por las mismas empresas y que no garantiza la libre determinación de las comunidades afectadas. Los mega-proyectos diseñados y en proceso de implementación para ésta región movilizan grandes intereses nacionales e internacionales que hacen del conflicto armado una estrategia de control y despojo de los territorios colectivos y ancestrales de las comunidades afrocolombianas e indígenas. No podemos permitir que se impongan éstas simuladas consultas en el territorio.
*Se pensaba que era cosa del pasado, pero aun hoy, se ejerce control sobre algunos sectores del comercio. Controlan los barrios, imponen normas y se toman la justicia por su cuenta.
*Se pensaba que era cosa del pasado, pero aun hoy, las FARC no renuncian a la idea de abandonar este territorio y por el contrario están tratando de copar los espacios perdidos. Convocando a sus antiguos miembros hoy pertenecientes a las llamadas “bandas criminales” para que se les unan nuevamente y a los jóvenes les proponen mejores ingresos si optan por engrosar sus filas.
*La mentalidad de desarrollo extractivista del país pone en riesgo los recursos naturales y la vida de los que habitan estos territorios, específicamente en el corregimiento de Zaragoza donde la explotación de oro es ilegal. Se desarrolla en una zona de reserva forestal habitada por comunidades afro-descendientes, que sufren la presencia del conflicto armado. En ese lugar trabajan más de cinco mil personas, y hasta hace poco se podían contar no menos de 200 retroexcavadoras y dragas. A pesar de existir una decisión judicial emitida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura, luego de que el pasado 10 de febrero el ciudadano Jorge Enrique Torres presentará una acción popular en contra de la explotación ilegal de oro en el sector mencionado, dicha solicitud fue respaldada por la Defensoría Regional del Pueblo. Donde se ordena retirar la maquinaria pesada.
No hay ninguna institución estatal que haga cumplir la medida, las retroexcavadoras trabajaban normalmente. Además de consumir enormes cantidades de agua, el desastre ecológico incluye envenenamiento de ríos y de la cadena alimenticia humana, deforestación y esterilidad de la tierra que atenta contra la seguridad alimentaria de las próximas generaciones. Todos sabemos que esta realidad sólo contribuirá a perpetuar la desigualdad y la pobreza, que es la condición histórica en la que se desenvuelve esta región y el país.
Se pensaba que era cosa del pasado, pero aun hoy, Buenaventura se sigue desangrando por culpa de la violencia, con una situación social cada vez más compleja que refleja un panorama a veces desolador. Pero como hombres y mujeres de fe, que confiamos en aquel que con la vida venció a la muerte, nos unimos de manera solidaria en el dolor de cada una de las familias de las víctimas y hacemos un llamado enérgico a y a la vez animamos a todas las organizaciones de la sociedad civil para que continúen con su infatigable labor en pro del bienestar y la paz, pues no habrá una paz duradera y verdadera sin una auténtica justicia social.
No podemos dejar pasar este momento para hacerle un llamado a la justicia colombiana y exigirles que dejen en libertad a la señora ESTELA CANGÁ VALENCIA y al señor FERNANDO VALENCIA CAICEDO quienes están sindicados de rebelión por las fuerzas armadas de Colombia quienes en operación militar entran el 8 de mayo de 2010 a la vereda El Águila persiguiendo a la guerrilla de la Farc, causando terror en dicha vereda y en la región del río Yurumanguí, éstas personas de la vereda son campesinos que no tienen nada que ver con estos grupos, lo consideramos como un falso positivo.
Así mismo y de manera especial nos dirigimos a las autoridades públicas para que realicen las acciones necesarias, y como Estado colombiano fortalezca su legitimidad al ejercer su función primordial de proteger la vida y los derechos de los ciudadanos.
Comisión Diocesana de vida, Justicia, Solidaridad y Paz de Buenaventura
Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia septiembre 21 de 2010
