El tráfico ilegal de minerales, así como el apetito de las mafias en regiones como Antioquia, Valle, Guainía, Chocó y Tolima para financiar sus organizaciones en zonas estratégicas de explotación de recursos naturales, tienen a las autoridades judiciales y ambientales bastante preocupadas; el lavado de dinero al narcotráfico se cuela por las rendijas de supuestos negocios legales y títulos mineros que han documentado el DAS e Ingeominas, pero además el boleteo, la extorsión y el desplazamiento por parte de los ilegales parecen desbordar la capacidad del Estado para ponerle coto a un fenómeno que viene pasando de agache.
El asunto está pasando de castaño a oscuro y desde hace rato ocupa la atención de la policía secreta de Colombia. Sólo en exportaciones de oro, en los primeros cuatro meses de este año, se alcanzaron cifras récord de US$600 millones, superando las del café en US$62 millones. Números nada despreciables que tienen a los frentes primero, séptimo, 16 y 39 de las Farc, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac, del capo Cuchillo), ‘Los Paisas’, ‘Los Rastrojos’ y otros criminales en Urabá metiéndole la mano a este negocio, sobre todo a la explotación del coltán o el llamado oro azul, un mineral cuyos yacimientos se hallan principalmente en Vichada y Guainía, que se usa en casi la totalidad de dispositivos electrónicos.
Las autoridades han encontrado que en los últimos 20 años han salido de forma ilegal por la frontera con Venezuela y con destino hacia Brasil toneladas de coltán, donde los compradores les pagan a indígenas $10.000 por kilo o a manera de trueque los cambian por jabones y comida. Un negocio redondo, pues se calcula que una tonelada de coltán en Bogotá puede costar entre US$40 y US$60 mil. Por eso el DAS ha venido insistiendo en que es necesario, de una buena vez, regular cómo se otorgan los títulos mineros con el fin de evitar que la explotación de un mineral tan estratégico sirva para financiar el terrorismo, como de hecho está ocurriendo, o para blanquear dineros y, lo que es peor, que explosivos de uso exclusivo de minas se desvíen a las mafias.
El director de Ingeominas, Mario Ballesteros Mejía, ha reportado que se tienen más de 500 solicitudes de títulos mineros por parte de comerciantes de Guainía, “dentro de las cuales se destacan 200 realizadas por un solo minero, de nombre Pedro Chiquemarca, de Putumayo, a quien el departamento le tiene decomisadas aproximadamente 700 toneladas de coltán”. Según el informe, conocido por El Espectador, la recomendación de Ingeominas es crear una zona de reserva con una extensión de 10 millones de hectáreas, para impedir a toda cosa que la riqueza natural caiga en manos de explotadores informales y pueda paliarse la intención del narcotráfico de hacerse a través de terceros a yacimientos de coltán, tal como ocurrió en África.
Comerciantes han denunciado que deben pagarles un impuesto de US$2.000 a US$2.500 por tonelada a los grupos ilegales que custodian el coltán. De hecho, a finales del año pasado, el gobierno de Venezuela envió 15 mil soldados a la frontera de la Orinoquia para proteger minas estratégicas de ese país, cuyas reservas están valoradas en US$100 mil millones. Son los brasileños quienes ilegalmente se adentran en territorio colombiano para comercializar el coltán, dice el informe de inteligencia, que además indica que Puerto Carreño es un punto de tránsito para el mineral que ingresa desde Venezuela con destino hacia Bogotá o el Pacífico, donde es exportado.
El panorama es delicado. Empresas dueñas de licencias de explotación minera vienen siendo víctimas de extorsiones. En Tolima, el frente Tulio Barón y la columna Jacobo Prías de las Farc, a través de sus redes de milicianos, seleccionan potenciales víctimas. Se ha establecido que bandas narcotraficantes en Antioquia, “aprovechando la forma artesanal e ilegal como se desarrolla la actividad aurífera, estarían lavando dinero a través de la compra de oro a precios por encima del valor normal, haciendo venta posterior al Banco de la República de Medellín”. La entidad, además de comprarles el oro, les devuelve el 12% de la venta por la transacción.
En Chocó el trabajo ilegal de dragas se está causando un daño ambiental irreversible, aunado a la violencia de los frentes 37 y 24 de las Farc, el Eln y ‘Los Rastrojos’. El 30% de su población activa se emplea en la minería. En Antioquia, la situación en Segovia, Remedios y El Bagre también preocupa, los ilegales cobran hasta $4 millones por cada retroexcavadora para sacar arena de los aluviones. En Guainía hay reportes de que primeras autoridades departamentales y locales de Puerto Inírida serían dueños y socios de dragas para explotación minera, “quienes para no verse involucrados en actividades ilícitas habrían solicitado licencias para la explotación aurífera a nombre de los capitanes indígenas de las comunidades de Danta, Zamuro, Venado”, entre otros.
El capo Luis Enrique Calle Serna, alias Comba, busca monopolizar la extracción minera en el Valle y controlar la circulación del dinero por la compra y venta de los minerales. En el corregimiento de Zaragoza, en Buenaventura, desde 2009 se vienen presentando problemas sociales, legales y ambientales por la explotación y el barequeo. En abril pasado, un juzgado administrativo del puerto, por medio de una acción popular, ordenó el cese inmediato de la explotación. En conclusión, el asunto minero se volvió un tema de Estado y el DAS está empeñado en alertar que los violentos se reinventan para financiar sus organizaciones y el terrorismo.
Tomado de Elespectador.com
