COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

 

CARAVANA POR LA VIDA Y POR LA PAZ EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONCLUSIONES

Entre los días 11 y 15 de octubre de 2021, con el grito, hecho consigna: ¡Por la vida y por la paz, todos por San Juan!, por iniciativa de la Diócesis de Istmina-Tadó, ACADESAN, COCOMINSA, ASOCAMESAN, la CIVP, la CRPC, y otras organizaciones defensoras de derechos humanos que se fueron sumando, se realizó en la Sub-Región del San Juan, en el Departamento de Chocó, LA CARAVANA POR LA VIDA Y POR  PAZ. Tuvo tres objetivos fundamentales:

  • Acompañar y escuchar a las comunidades afros e indígenas que han sufrido en los últimos meses la profundización del histórico conflicto social, político y armado y el impacto de la violencia indiscriminada por la disputa territorial de los actores armados.
  • Socializar el informe de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico para esta Sub-Región del San Juan del Departamento del Chocó.
  • Comprometernos todos, como comunidades de la Sub-Región del San Juan, con los 13 MANDATOS DEL PACTO POR LA VIDA Y POR LA PAZ e insistir en las 11 exigencias de la Propuesta de ACUERDO HUMANITARIO ¡YA! En el Chocó.

En desarrollo de la Caravana se hicieron dos grandes jornadas de encuentro y reflexión: una en la comunidad indígena de Taparalito, Municipio del Litoral de San Juan  y la otra en la comunidad negra de Noanamá, Municipio del Medio San Juan. Así mismo, se visitaron las comunidades de Corriente Palo, Puerto Olave, San Cristóbal, San Miguel, y Dipurdú del Guásimo y con espacio más corto de tiempo, las comunidades de: Taparal, Los Perea, Las Delicias, Munguidó, Barrios Unidos, Bella Victoria, Pangalita, La Peñita, Copomá, Chagpien, Cucurrupí, Panamacito, Montebravo, Nuevo Amanecer, Potedó, Trapiche, Perrú, Fugiadó, Puerto Murillo, Doidó, Chambacú, Negría, y San Agustín.

A lo largo de la Caravana pudimos escuchar la voz de decenas de personas que, a pesar y por encima del miedo, expresaron el pensar y sentir de las comunidades, poniendo rostro y palabras a la crisis humanitaria que padecen los pueblos étnicos y la población mestiza del río San Juan. En medio de la descripción desgarradora de los impactos de la guerra, pudimos observar también la fuerza, la resistencia, la dignidad, el arte y la cultura de pueblos que no están dispuestos a rendirse, que no quieren abandonar ni entregar su territorio: pueblos que lamentan un pasado de olvido y de indebida manipulación de sus necesidades y reclaman un presente y un futuro donde puedan vivir bien.

Antes de entrar en detalles sobre lo observado, queremos manifestar nuestra profunda tristeza y decepción por la casi total ausencia del Estado y la presencia, esporádica y con poco compromiso y abultada en promesas, del Gobierno en las distintas dependencias de los entes municipales, departamentales y nacionales que deben velar por la vida, la salud, la educación, la recreación, el deporte, la agricultura, etc. Constatamos, con dolor a estas alturas del Siglo XXI, que nuestro país es más territorio que Estado y que los valiosos compromisos de nuestra Constitución Nacional están por estrenarse en estas macondianas comunidades. Tenemos que aclarar que la invitación se hizo y, nominalmente, a muchas de estas entidades. Además, nos causó un gran desconcierto que no hubiera presencia de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, entidades que en muchas oportunidades nos han acompañado y han intervenido para defender derechos vulnerados.

A continuación, presentamos los hallazgos más importantes de la Caravana:

  1. El desplazamiento forzado y el confinamiento se mantienen en el río San Juan, con miles de personas gravemente afectadas. Muchas de las familias desplazadas y confinadas están pasando hambre porque las instituciones del Estado Colombiano, específicamente los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal, han omitido sus obligaciones de garantizar alimentos en cantidades suficientes. Así mismo, muchas familias están albergadas en condiciones inhumanas por cuenta del hacinamiento, careciendo además de ropa y de los elementos más básicos de higiene personal. En este sentido, es más que lamentable la falta de respuesta de la Unidad para las Víctimas (UARIV) para garantizar el derecho al mínimo vital.
  2. Persiste un importante nivel de subregistro respecto del desplazamiento forzado y mucho más respecto del confinamiento, pues las entidades competentes (Personerías, Alcaldías, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) no han desplegado las acciones necesarias para tomar todas las declaraciones masivas e individuales. Esto puede ser una de las causas para que Los Gobiernos señalados tengan una respuesta precaria frente a la garantía del derecho fundamental al mínimo vital, aunque no es una excusa legítima tratándose de hechos notorios de vulneraciones masivas a los derechos humanos.
  3. A pesar de los compromisos y manifestaciones realizadas por el Viceministro del Interior, Juan Pablo Díaz Granados, el Defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis, y demás instituciones que participaron en la sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, CIPRAT, realizada el 2 de septiembre de 2021 en Istmina, no se ha presentado una mejoría importante en la situación de riesgo y vulneración de derechos de las comunidades que habitan en la subregión del San Juan. A la fecha, prácticamente la única medida que se observa es el incremento en el pie de fuerza militar. Al respecto, las comunidades fueron enfáticas en manifestar que la militarización no es la única solución a la problemática si no va acompañada de una presencia eficiente del Estado en todo lo que arriba señalamos.
  4. La población civil sigue siendo objeto de violaciones a los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario, cometidas por todos los actores del conflicto armado.
  5. La crisis humanitaria que hoy viven nuevamente las comunidades negras e indígenas del río San Juan tiene su origen estructural en las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, por acción y omisión del Estado Colombiano, en especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Mientras tanto, y precisamente por ello, los intereses económicos legales e ilegales siguen avanzando en su intensión de despojar a las comunidades de su territorio, para poder sacar provecho del petróleo, metales preciosos, agroindustria, biodiversidad, obras de infraestructura para megaproyectos, narcotráfico, etc. Este contexto de conjugación de violaciones a los DH e intereses económicos está conduciendo de manera cada vez más acelerada a la extinción física y cultural de las comunidades, en lo que ya podemos llamar un etnocidio en curso.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado para que de manera urgente se implementen acciones que permitan proteger y restablecer plenamente los derechos de las comunidades negras e indígenas, así como de la población mestiza que habita en el río San Juan. En particular, urge que:

  1. El Gobierno Nacional, en cabeza de la UARIV, garantice el derecho fundamental al mínimo vital de todas las personas desplazadas forzadamente y confinadas, mediante la entrega de atención humanitaria adecuada y con enfoque diferencial en todos sus componentes: alimentos, albergue, ropa, elementos de aseo.
  2. Las entidades que hacen parte del Ministerio Público: Personerías, Defensoría y Procuraduría, articulen acciones para la toma de las declaraciones de desplazamiento, individual y masivo, y de confinamiento, mediante jornadas de atención directamente en territorio y en las cabeceras municipales. En este punto es importante recordar que el subregistro por este tipo de hechos no es solo de los últimos meses, sino de muchos años atrás.
  3. Las entidades gubernamentales que hacen parte del Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas, CERREM con voz y voto adopten todas y cada una de las medidas de protección colectiva solicitadas por ACADESAN mediante acta suscrita el 26 de marzo de 2021.
  4. Las entidades estatales cumplan con la implementación plena y adecuada de las medidas cautelares otorgadas por el Juez de Restitución de Tierras de Quibdó mediante Auto 040 de 2018, en favor de ACADESAN y resguardos indígenas del Litoral del San Juan.
  5. Se inicien las investigaciones disciplinarias y penales, así como los incidentes de desacato respecto de las órdenes judiciales que han sido reiteradamente incumplidas, contra los servidores públicos que por acción u omisión son responsables de la infame situación que padecen las comunidades.
  6. La Procuraduría General de la Nación cite a la Gobernación del Chocó y a los Alcaldes de los Municipios de Litoral del San Juan, Medio San Juan, Istmina, Nóvita, y Sipí, a una reunión, de carácter urgente, para concretar acciones de atención y protección de las comunidades.
  7. Se profieran requerimientos, pronunciamientos y órdenes por parte de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta el incumplimiento generalizado de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento, de los cuales destacamos: 004 y 005 de 2009, 373 de 2016, 091 de 2017, y 266 de 2017.
  8. Los organismos internacionales de carácter humanitario refuercen la presencia y el acompañamiento directamente en el territorio de las comunidades negras e indígenas.
  9. La comunidad internacional, organismos internaciones, y en general a las organizaciones defensoras de derechos humanos, contribuyan con la visibilización de la situación y la incidencia para la garantía efectiva de los derechos.
  10. Cesen las acciones militares por parte de todos los actores del conflicto armado (legales e ilegales), como se ha venido exigiendo desde el “Acuerdo Humanitario ¡Ya!” y el Pacto por la Vida y por la Paz, así como el respeto estricto a las normas del Derecho Internacional Humanitario mientras dure la confrontación.

Finalmente, pero no menos importante, reiteramos que la solución de fondo para la crisis humanitaria y las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos en el río San Juan pasan necesariamente por:

  1. La implementación completa y adecuada del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, respetando en especial el Capítulo Étnico.
  2. El cumplimiento de las normas establecidas para la protección y atención de las víctimas del desplazamiento forzado y del conflicto armado: Ley 387 de 1997, Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de Seguimiento, Ley de Víctimas (Decretos Ley Étnicos), para sólo mencionar algunas.
  3. El desarrollo de diálogos de paz y soluciones negociadas con todos los actores y grupos armados que operan en el país.
  4. La garantía plena de los principios y fines establecidos en la Constitución Política de Colombia, que pueden resumirse en el derecho fundamental a la dignidad humana definido por tres partes inseparables: Vivir bien: buenas condiciones materiales de vida, como salud, educación, ingresos, etc.; Vivir como quiera: tener autonomía real, escoger libremente el proyecto de vida y No ser humillado: mediante la violencia y el abuso de poder.

Particularmente, la Diócesis de Istmina-Tadó, a través de su Plan de Acción Pastoral LA CHAMPA MISIONERA, se compromete, para con los Cabildos Indígenas y Consejos Comunitarios:

  1. Apoyar y acompañar todas las iniciativas encaminadas al fortalecimiento organizativo de sus entidades, para empoderarlos y que sean ellos los gestores y realizadores de sus propias iniciativas y que  ejerzan, constitucionalmente, la autonomía  en sus propios territorios.
  2. Concordes con lo anterior, apoyarlos en el diseño e implementación de los sus Planes de Vida y de Etnodesarrollo, respectivamente. Además, implementar y fortalecer los emprendimientos productivos que generen autonomía alimentaria con enfoque de economía solidaria.
  3. Como Iglesia de la Provincia Eclesiástica de Santafé de Antioquia y de la Región del Pacífico Colombiano, queremos continuar acompañando e iluminando las organizaciones sociales, visibilizando e incidiendo en aras de un mayor cuidado y respeto por la vida, el desarrollo humano integral y el acatamiento de lo establecido para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
  4. Acompañar, como veedores ciudadanos, los Municipios PDET de nuestro territorio: Istmina, Condoto, Nóvita, Sipí, Medio San Juan y Litoral de San Juan, de tal manera que logremos una eficaz implementación de los proyectos a ejecutarse en estos entes territoriales.
  5. Luchar, por los medios a nuestro alcance, para que nuestro Departamento del Chocó sea mirado, con atención y solidaridad de compromiso, por la empresa privada del país. Necesitamos empresas que nos ayuden a explotar, con medida y reglamentación, las inmensas riquezas de nuestro Departamento en aguas, fauna, flora, pan coger, los más variados y valiosos metales. Pero, sobre todo, a empoderar y llenar de sano orgullo esta raza indígena y afro de nuestro país que solo necesita ser mirada como la fuerza digna y productora de bienestar de nuestra Colombia.

Istmina, 20 de octubre de 2021

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