«Pánico y tristeza. Nada más», es lo que sienten los 22 niños de la escuela Alto Caño Martín, en la vereda Carraos, de Tame, Arauca, según el profesor de esta remota institución rural donde estudiaban los hermanitos Torres Jaimes, cuya muerte tiene conmocionado al país.
El profesor explica que la escuela estuvo abandonada varios días y que los menores apenas están empezando a retornar. Antes, ellos iban y regresaban solos de la escuela, en recorridos de más de una hora en burro o bicicleta. Ahora lo hacen acompañados de sus padres, pues cuando los niños ven al Ejército simplemente se niegan a salir de sus casas por físico miedo.
En estas veredas todos sospechan que las tropas están involucradas en el espeluznante asesinato, ocurrido en la tarde del pasado 14 de octubre. Ese día, José Álvaro Torres, un humilde campesino, separado, que apenas alcanzó el segundo grado de primaria, salió de su rancho en la vereda El Temblador a trabajar como jornalero en una finca relativamente cercana. En la casa, hecha con tablas de madera y paja, quedaron sus tres hijos, solos, como tantas otras veces.
Yenny, de 14 años, era la mayor y responsable de cocinar para sus hermanitos menores: Yimmy Ferney, de 9, y Jeferson Jovany, de 6. Al medio día, José llegó al rancho, almorzó con sus hijos y luego salió a trabajar de nuevo. Un poco después, le pidió a un vecino que fuera al rancho a recoger un repuesto, y este regresó con la noticia de que los niños no estaban. Sin embargo, no se alertó, pues pensó que estarían jugando en los alrededores. Pero al final del día, cuando se dio cuenta de que no regresaban, empezó su tragedia. Recorrió toda la zona preguntando por sus hijos pero nadie le dio razón.
Al siguiente día, con la colaboración de varios campesinos, emprendió una búsqueda rigurosa. En vista de que no los encontraron, José se fue para Tame a alertar a las autoridades, mientras sus vecinos seguían rastreando en el terreno. Al día siguiente, sábado, empezaron a buscar ya no solo por los caminos, sino entre los matorrales. Para entonces, una preocupación fatal rondaba el ambiente.
Efectivamente, en una zona escarpada encontraron una hojarasca que cubría dos pedazos de tierra removida. José estaba en la Sijín de Tame cuando recibió una llamada: sus vecinos le pedían que regresara cuanto antes. Al final de la tarde, cuando era claro que se trataba de una fosa con cuerpos humanos, los campesinos informaron a todas las autoridades judiciales. Sin embargo, dada la hora, ninguna acudió para hacer el levantamiento. No obstante, un grupo de la Cruz Roja Colombiana, por petición de la Fiscalía de Arauca, hizo la exhumación esa misma noche.
La escena que encontraron era tétrica: en una fosa estaban los cadáveres de los dos niños y de otro, el de Yenny, con rastros de haber sido violada. Los tres cuerpos estaban a medio vestir y tenían heridas mortales de arma cortopunzante en distintas regiones: cuello, espalda, cabeza. Esa misma madrugada los transportaron a Medicina Legal de Arauca.
El domingo, una comisión interinstitucional, transportada en helicópteros del Ejército, arribó a la zona e inspeccionó todo el sector; tomó testimonios y registró minuciosamente el terreno. Desde entonces, dos unidades de la Brigada Móvil 5 de la Octava División están bajo sospecha. Se trata de unos 60 uniformados que por esos días acamparon y patrullaron el sector.
Varios indicios han hecho que los investigadores consideren que algunos uniformados podrían estar involucrados en este crimen. Ni en la humilde vivienda ni en sus alrededores hay rastros de sangre o de violencia. Únicamente los hay en la fosa, distante a 232 metros de la casa. Ello indicaría que en ese mismo lugar fueron agredidos, asesinados y sepultados. Lo que está por explicarse es cómo pudo ocurrir esto a 254 metros del campamento militar, dado que matar a los niños y cavar los huecos requiere tiempo y control del área. No obstante, un testigo asegura que la víspera del crimen los militares habían abandonado el campamento. Pero en todo caso, continuaban en los alrededores.
Uno de los indicios más preocupantes es que varios campesinos dicen que los soldados solían ir a sus casas para intercambiar víveres. Los niños asesinados fueron visitados en dos ocasiones por uniformados, cuando su padre no estaba. Un oficial del Ejército que sigue de cerca el caso le confirmó a SEMANA que esas dos visitas efectivamente ocurrieron y que «estas de por sí son irregulares».
La proximidad del Ejército a la casa ha sido verificada también con una serie de elementos que los militares dejaron desperdigados cuando levantaron los campamentos y continuaron su marcha. Se trata de empaques de víveres y pertrechos rotulados como de la Compañía Buitres 2, perteneciente a la Brigada Móvil 5. Cerca de la fosa se encontraron las cenizas de una hoguera reciente.
A ese conjunto de elementos en el terreno se han ido sumando otros. Los soldados bajo sospecha, que están aislados y concentrados en Arauca, han incurrido en inconsistencias en las entrevistas hechas por el propio Ejército, que son evaluadas por la Fiscalía. También se vienen adelantado pruebas técnicas, cuyos resultados preliminares no son halagüeños.
Un informe interno de la Fiscalía, conocido por esta revista, señala que los equipos de campaña de varios militares bajo sospecha fueron sometidos a una prueba conocida como Bluestar. Se trata de una solución química que reacciona ante rastros de sangre. De 11 equipos sometidos a examen siete arrojaron positivo. Ello no quiere decir nada distinto a que hubo algún contacto con sangre, no necesariamente reciente. Los siete equipos fueron remitidos a laboratorios para establecer «si hay fluidos, si los mismos son de origen humano y, de ser positiva la respuesta, se extraiga el ADN, para un futuro cotejo con el de las víctimas», según se lee en el informe.
Tras practicar la necropsia a los tres niños, el Instituto de Medicina Legal de Arauca tomó varias muestras que envió a Bogotá para establecer su ADN. Lo propio se hizo con los militares en cuestión y con José Álvaro, el papá de los niños, quien fue la última persona que los vio con vida. El cotejo del ADN será la prueba reina.
Mientras la investigación avanza se han conocido otros hechos que podrían complicar más la situación de los uniformados. En la Sijín de Tame existe la denuncia de una campesina que asegura que su hija de 13 años fue violada el 2 de octubre en otra vereda.
Según la denuncia, ese día la menor estaba en su casa, sola, cuando fue sacada a la fuerza bajo la lluvia por un uniformado que portaba un arma larga y que la llevó hasta una maraña donde la ultrajó. Tras el acto, el sujeto la obligó a lavarse la vagina y la amenazó de muerte si decía algo.
Existe otro antecedente ocurrido en la capital de Arauca el 5 de abril pasado. Ese día la Policía detuvo en flagrancia al soldado Duverney Pava Henao cuando huía entre la maleza tras violar a una colegial de 14 años en inmediaciones de la Brigada 18.
El crimen de los niños Torres Jaimes tiene en alerta al gobierno. Tanto el Ministro de Defensa como el alto mando militar han advertido que serán implacables con los responsables, incluso si son militares. El vicepresidente Angelino Garzón advirtió que se trata de un crimen de lesa humanidad. La Fiscalía decidió trasladar al búnker de Bogotá el expediente, mientras que organizaciones de derechos humanos empezaron a divulgar el suceso en influyentes esferas internacionales.
Mientras tanto, José Álvaro Torres, el padre de los menores, permanece refugiado donde unos amigos tan pobres como él y asegura que nunca volverá a su casa. «¿A qué?», se pregunta. Cuando ve las noticias sobre el caso dice que teme por su vida. Él fue el primero en señalar de sospechoso al Ejército y exige castigo para los responsables. Lo exige, temblando, con desespero y a la vez con vehemencia. Igual que lo haría cualquier padre si sus hijos son asesinados de esta manera tan brutal.
