-Bagadó es el primer municipio con la totalidad de demandas de restitución presentadas, ¿qué significa esto?
“En Bagadó, al abordar los casos étnicos, hemos tenido un logro grande y es el del fallo a favor de dos comunidades indígenas del Resguardo Embera Katío del Río Andágueda, a las cuales se les restituyeron 50.000 hectáreas y también presentamos el 100 % de las demandas de todos los grupos étnicos, que representa el 99 % del territorio, entre los dos casos estaríamos hablando de 19.000 personas negras y 7.000 indígenas, lo que equivale a 3.500 familias. El resto de las tierras del municipio le pertenece a las minorías étnicas”.
-¿Qué sigue después para las comunidades étnicas?
“El primer logro es tener claridad de que va a haber unas órdenes que van a permitir reivindicarles los derechos territoriales a esas comunidades, el ejercicio de la libre autonomía en sus territorios, que es lo que esperamos que se materialice en las órdenes, así como el restablecimiento del goce efectivo de sus derechos, las prácticas y los usos tradicionales que ellos hacen de sus tierras y un tema mucho mayor sería garantizar y consolidar su identidad cultural, que está en riesgo de desaparecer”.
-¿Cuál es la situación actual de las comunidades étnicas que esperan la restitución de sus tierras?
“El abandono de sus territorios ha generado un confinamiento y obstáculos para la libre movilidad. Desde el año 2013 ha habido regresos al territorio de gran parte de población desplazada que se encontraba en Bogotá. Algunas no quisieron hacerlo, porque el retorno es voluntario. Pero es que hay que generar unas condiciones socioeconómicas dignas, salud, vías, educación, vivienda, conectividad y comunicaciones. No solamente es el tema de la seguridad física sino también la seguridad social”.
-Con Bagadó se ha dado un paso importante, pero ¿qué pasa en el resto del departamento?
“En restitución de tierras hay 3’174.000 hectáreas que pertenecen a las comunidades negras y 1’123.000 a las comunidades indígenas. Con la sentencia de Bagadó se da un paso muy importante en reconocer que se les han vulnerado sus derechos étnicos, algo que en Colombia no se había hecho. En el departamento aún falta mucho por abordar, apenas estamos empezando el camino”.
-¿Cuál ha sido la mayor dificultad en el Chocó para los procesos de restitución de tierras?
“La seguridad física, porque estamos en medio del conflicto, las comunidades están conviviendo con los grupos armados, en el Chocó el tema del conflicto es complejo, hay presencia de Bacrim, Eln y Farc. Además las actividades mineras que afectan a las poblaciones. Vamos a empezar a documentar todos estos casos, el Estado ha tenido abandonado por años el departamento y recuperar la confianza en este ha sido una barrera que hemos ido superando y por eso ha sido tan importante para nosotros mantener un diálogo continuo con las comunidades. La articulación institucional ha sido muy lenta y esta es importante para poder implementar y materializar las órdenes de restitución, que es cuando realmente se van a construir esas condiciones socioeconómicas”.
Garantías de no repetición
Para Bonilla Martínez, las garantías de no repetición se logran mediante la articulación institucional, de modo que se pueda alcanzar “la recomposición del tejido social y de las prácticas culturales que se pierden por el desplazamiento. Hay que destinar recursos para atender a la población que está llegando y hacer un ejercicio preventivo para que puedan estar de manera permanente en el territorio. Estamos trabajando en ejercicios de Nación – territorio, que tienen que ver con políticas de restitución, tales como la protección económica, social y física que requieren las comunidades. Por eso, en estas nuevas elecciones de alcaldes, los planes deben llegar estructurados de manera coherente para que tengan el ingrediente de transversalizar la Ley de Víctimas para atender a las personas desplazadas, acompañar los retornos y garantizar los recursos para poder hacer efectivas las sentencias”, puntualiza la directora.
