Que nadie diga que no pasa nada en el Pacífico nariñense
Miguel Ángel Estupiñán
Sobre una enorme cruz de madera se nombran las tribulaciones de un pueblo. Los papeles que la cubren llevan inscripciones hechas con marcador: “pobreza”, “violencia”, “desempleo”… La cruz se extiende sobre una pared en el estudio de monseñor Gustavo Girón Higuita, el obispo de Tumaco.
A unos pasos de la estancia, también en la primera planta, junto a la entrada de la casa en que el prelado pasa las noches cuando se encuentra en el casco urbano del municipio, otra cruz se presenta a los ojos del espectador: es una pintura de Jafeth Gómez,sobre costal,en que se retrata a un hombre atado y a su familia acompañándolo en la adversidad.
“¿Cómo anunciar la alegría del Evangelio en un lugar como Tumaco?”. “Hay que ayudar a las personas y apoyarlas”, responde el obispo. Con 74 años de edad, monseñor Girónno tiene el menor reparo en trasladarse durante horas por agua a los municipios más apartados de su jurisdicción con tal de hacerse presente allí donde se esperan gestos concretos de solidaridad por parte de la Iglesia. De bajo perfil y un estilo de vida austero, el obispo de Tumaco rompe los estereotipos con que suele asociarse “la dignidad sacerdotal” cuando erróneamente se le confunde con altivez.
El prelado habla de la crisis humanitaria del Pacífico nariñense echando mano de una analogía: una persona enferma necesita atenciones permanentes. La pobreza es una enfermedad de décadas en la región y la violencia se ha ido incrementando. El trabajo de la diócesis está orientado a responder a esta realidad.
El informe: una primera mirada
Entre las muchas acciones de compromiso que adelanta la Iglesia local se encuentra la publicación de un informe sobre la situación social, de derechos humanos y violencia socio-política en el Pacífico nariñense: ¡Que nadie diga que no pasa nada! Recientemente, durante el día internacional de los Derechos Humanos, la Comisión Vida, Justicia y Paz presentó el cuarto informe, haciendo memoria de Gabi May, fallecida en septiembre de 2013.
Durante aproximadamente tres décadas la misionera alemana se entregó incansablemente al servicio de la región. Trabajó en la Pastoral de la Salud asesorando a muchas personas en la exigencia de sus derechos; apoyó a varios grupos de mujeres víctimas, a través del tejido y el acompañamiento jurídico y sicosocial; promovió iniciativas como el Teatro y la Semana por la Paz, la Galería y la Casa de la Memoria del Pacífico Nariñense. Precisamente, en este espacio de vida tuvo lugar la actividad.
Janer Castillo presentó el contenido del documento, fruto del trabajo de la Comisión para informar exhaustivamente acerca de la crisis humanitaria que vive la región. Los datos aportados en el informe brotan del acompañamiento que la diócesis lleva a cabo en la actualidad y del trabajo de investigación adelantado desde hace años.
“La costa Pacífica nariñense abarca el 56% del territorio del departamento y cuenta con 10 municipios: Tumaco, Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán, El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro y Santa Bárbara-Iscuandé. La diócesis de Tumaco hace presencia en los primeros nueve pues Santa Bárbara-Iscuandé corresponde a la jurisdicción del Vicariato Apostólico de Guapi”.
Una primera mirada a la región revela paradojas como la siguiente: “a pesar de la gran biodiversidad se presenta una baja capacidad económica para los nativos”. Sus principales actividades económicas son la minería, la agricultura, la pesca y el comercio formal e informal. El informe señala que al comercio informal recurre un gran número de personas (entre ellas jóvenes), debido a la falta de empleo y de oportunidades. Según el DANE, en el año 2011 el desempleo fue del 72,1%, mientras que en el resto del país fue de 10,8%. El contraste no ha dejado de ser escandaloso en los últimos años.
Con excepción del cacao y de la palma aceitera (causante de la tala indiscriminada de bosques), no ha habido mayor apoyo al sector agrícola. Se suma a esto el hecho de que los tratados de libre comercio han provocado que el cultivo de algunos productos haya dejado de ser rentable. Es el caso de la palma de coco. Y si bien el mayor impulso económico está en manos de una economía empresarial orientada a la extracción de materias primas como la madera, el oro, el palmito o a actividades como la pesca industrial, las ganancias obtenidas no se reinvierten en el desarrollo social de la zona.
Por su parte, hace unos 15 años que la economía tradicional en los diferentes municipios ha sido invadida por el cultivo de la coca y su economía ilegal conexa. La región ha sido convertida en un corredor muy importante al respecto, por parte de grupos ilegales que se benefician del negocio, entre ellos agrupaciones guerrillas arrinconadas en esta parte el país debido a operativos militares. Estos grupos se aprovechan de las condiciones geográficas y sociales del área. Las principales vías de transporte son la fluvial y la marítima, más caras que las terrestres (en su mayoría en mal estado). Monseñor Girón explica, por otro lado, que mientras un agricultor debe contar con recursos adicionales para trasladar sus productos a sitios de comercialización sin la certeza de que le serán comprados, los narcotraficantes llegan a la puerta de quienes cultivan coca y ofrecen grandes sumas a cambio.
Ahora bien, allí donde los cultivos de uso ilícito se han disminuido debido a las aspersiones de glifosato (que afectan no sólo los cultivos de pan coger sino la salud de los habitantes) aumenta la tala de madera y la economía asociada a la minería ilegal. Ésta última se vale de maquinaria pesada y desplaza, igualmente, las prácticas tradicionales de producción, que en el pasado se llevaron a cabo en armonía con el territorio. Donde impera la ley del más fuerte y del armado la afectación sobre las comunidades no es menor a la afectación sobre la naturaleza.
El incumplimiento del Estado
La diócesis de Tumaco realiza trabajo pastoral en un territorio que abarca 15.552 Km2. Aproximadamente el 78% de este territorio (1.225.000 hectáreas) está titulado colectivamente a los Consejos Comunitarios de las comunidades negras y a los Resguardos Indígenas. Señala el informe que estas tierras “son inembargables, imprescriptibles e inalienables”, es decir que de acuerdo a la Constitución y a la Ley están por fuera de los mecanismos de oferta y demanda del mercado y representan para la población afro e indígena “un espacio importante de supervivencia y desarrollo como pueblos”. Sin embargo, la crisis humanitaria está haciendo de ellas lugares de amenaza y no de buen vivir.
La Comisión de Vida, Justicia y Paz, redactora del informe, sostiene que, al ahondarse las desigualdades sociales y radicalizarse la inseguridad en el Pacífico nariñense, parece que el Estado considera a sus habitantes ciudadanos de segunda categoría, marginados, discriminados y excluidos. Esto se visibiliza en el incumplimiento respecto a los servicios sociales expresados en la Constitución para el advenimiento de un orden justo en el país.
Educación como “instrumento”
Mientras la Carta Magna habla de la educación como derecho y servicio público con función social, en el Pacífico nariñense “la mayoría de la población desconoce que su carácter gratuito no es propiedad de los alcaldes de turno y otras autoridades”. El informe subraya que la educación es instrumentalizada en las ofertas de campaña por parte del proselitismo político, el clientelismo y la corrupción.
Añade, además, la siguiente descripción, refiriéndose concretamente a los municipios de Mosquera, Olaya Herrera, El Charco, La Tola y Santa Bárbara: “En esta subregión (Sanquianga) la educación es de mala calidad, baja cobertura; cuenta con un reducido equipo humano y una pobre infraestructura de los centros en cuanto a la dotación de instalaciones y equipos”. Y hay más: “es casi imposible que la mayoría de la población pueda acceder siquiera a una formación técnica… mucho menos a una profesional”.
He ahí la paradoja, una vez más: las prácticas no tradicionales de producción se fundan en un modelo extractivista que se lleva las riquezas del territorio sin que las ganancias recaigan en la zona, en su desarrollo social.
Complementa su descripción el informe diciendo que no hay recursos económicos para cubrir gastos de matrículas, transporte, materiales… es mucha la distancia que separa los lugares en que están las instituciones y los lugares de origen de los aspirantes. Ni hablar de la incapacidad del Estado para fomentar en estas áreas proyectos de etnoeducación, que es lo que debería hacer en coherencia con las características de la población y su herencia cultural.
Exclusión en salud
Una de las manifestaciones más graves del abandono histórico en el Pacífico nariñense está asociada a la ineficiencia en el servicio de la salud. En los municipios de la subregión Sanquianga, en que enfatiza el informe, los centros de atención –en donde existen- no cuentan con los medicamentos necesarios, los equipos y el personal profesional. “Casi sin excepción, son de primer nivel y para recibir la atención de segundo nivel las comunidades tienen que realizar un recorrido de mínimo cuatro horas en lancha para llegar a Tumaco (…) Si es un caso de mayor complejidad deben dirigirse a Pasto en un recorrido de hasta siete horas más (vía terrestre)”. Es decir que para poder acceder a atención de tercer nivel hay que recorrer cerca de 279 Km y no hay recursos.
El Hospital San Andrés de Tumaco (de segundo nivel) es insuficiente para toda la costa Pacífica nariñense. Junto a problemas de negligencia, otro problema estructural son los medicamentos no incluidos en el POS que deben ser recetados por especialistas. Ahora bien, debido a la falta de especialistas y de equipos adecuados, una persona que logra una remisión debe cubrir por sí misma los gastos hasta Ipiales, Cali o Pasto. Haciendo las cuentas de tres viajes para recibir la atención necesaria, la Comisión indica que ello supondría contar aproximadamente con 600 mil pesos. Estamos hablando de una región empobrecida, donde la gran mayoría se dedica al rebusque; “por lo tanto los pobres en la práctica acaban excluidos de la atención”.
Añade el documento: “aunque la salud es un derecho constitucional los garantes de su cumplimiento han sometido durante años a la población a padecer estas condiciones”. Contrastan en la zona carretera, sobre la vía que conecta a Tumaco y Pasto, los tubos que trasportan el crudo hacia los tanques junto al puerto. Tubos junto a las viviendas pobres que albergan personas sin el servicio de salud resuelto. Tubos que contienen materias primas cuya transformación no enriquecerá a los habitantes de estos municipios. La problemática de salud se empeora por el vertimiento de petróleo en las fuentes hídricas debido a los atentados y a la refinería ilegal; por la presencia en el agua de sustancias tóxicas empleadas en la minería o en la agricultura y por la aspersión de glifosato (como ya se ha sido señalado).
Indicadores del abandono
Señala el informe de la Comisión Vida, Justicia y Paz que en una región de gran biodiversidad y de enorme riqueza cultural como el Pacífico nariñense “las estadísticas no pintan un cuadro alentador para la población”.
Mientras, por lo general, en el país el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 27,8%, en Tumaco es de 48,7%. La situación es de mayor gravedad en los demás municipios: el índice de NBI es de 65,5% en Olaya Herrera; de 71,3%, en Francisco Pizarro; de 72,9%, en Roberto Payán; de 73,8%, en Barbacoas; 81% en El Charco; de 82,5, en Magüí; de 84,3%, en Mosquera; y de 91,4% en La Tola. Es decir que en el municipio más deprimido de la región las condiciones de precariedad en que vive la población superar en más de tres veces el porcentaje general en toda Colombia.
En el Pacífico nariñense el 84,2% de la gente vive en la pobreza. El indicador supera el índice nacional, que es de 50,3%. Según datos del Bienestar Familiar, en 2010 la desnutrición crónica de los niños del litoral entre cinco y diecisiete años era del 16,1%. En un territorio característico por su riqueza hídrica es muy bajo el acceso al agua potable y al alcantarillado. “La situación más crítica la viven los habitantes de las zonas más lejanas, es decir, la población rural”.
Por otra parte, el documento anuncia que hay porcentajes entre el 14 y el 26% de analfabetismo; bajos porcentajes de acceso a los dos últimos niveles de educación secundaria y un porcentaje de 4% referido al ingreso a estudios superiores.
Cronología de la agresión
En medio de este panorama el asunto más crítico se manifiesta en la violación de los derechos fundamentales, irrespetados sistemáticamente por los actores armados, incluida la Fuerza Pública. Los principales hechos victimizantes son: las permanentes desapariciones; los asesinatos; los secuestros; la violencia sexual a mujeres, niños y niñas; la desterrotorialización; el destierro; el confinamiento; las amenazas individuales y colectivas. El grueso del informe está dedicado a hacer constar la magnitud del problema y el sin número de víctimas que deja.
Reitera el documento, amplificando el reclamo de muchas madres: “si los jóvenes tuvieran oportunidades de trabajo no habría tanta violencia”. En 2014 se presentaron más de 216 asesinatos en la región. Gran cantidad de jóvenes están siendo reclutados por grupos armados debido a la relación entre pobreza, desocupación y falta de oportunidades. En los barrios periféricos de municipios como Tumaco los líderes de las agrupaciones armadas ilegales habitan entre la población, exponiéndola al peligro. No es menor el peligro que corren quienes viven o trabajan junto a los puestos de policía o del Ejército, objetivos militares que al ser atacados por la guerrilla han producido, por su localización, la muerte de muchos civiles.
Por todo esto y más, la diócesis afirma que “una inversión en fuerza pública no acompañada de desarrollo social nunca generará paz, pues no se atacan las causas que generaron el conflicto, entre ellas la inequidad, la violación de los derechos humanos, sociales y culturales”.
Son estos los elementos más dolorosos que cubren a manera de anotaciones en un papel la extensa cruz que se yergue en el estudio del obispo de Tumaco. Un pueblo sometido a estas condiciones de vida se asemeja a un hombre enfermo atado a una cruz. Como en el cuadro de Jafeth, la Iglesia local hace las veces de una familia que acompaña al hombre en su tribulación. Profética como lo es, una Iglesia de base como la de Tumaco comparte sin excepciones el destino del pueblo al que pertenece. Lo hace en primer lugar el obispo, con su estilo de vida pobre; con las mismas carencias de la mayoría. También él debe viajar durante horas en busca de atención médica idónea. También a él, sin saberlo, se le daña por cuenta del más reciente apagón el pan guardado en la nevera de su cocina sin mercado. El mismo pan dañado que, antes de caer en la cuenta, comparte con el cronista en el desayuno de un día sin luz, sin huevos y sin leche. Sentado frente al obispo, el autor de estas líneas se despidió por un tiempo de una Iglesia local que acompaña en el dolor, mientras lo padece ella misma; que promueve acciones de vida mientras la muerte enferma a los suyos; que anuncia la paz, mientras recibe amenazas.
Pocos días después de la presentación del informe, la diócesis de Tumaco informó mediante un comunicado que la señora Norma Rivera,cooperante de origen nicaragüense y directora artística del proyecto Teatro por la paz, recibió en su celular amenazas por parte de una persona que se autoidentificó “Comandante Rubén de la Columna Móvil Daniel Aldana”. Norma tuvo que salir del municipio, donde durante años formó parte del equipo de trabajo de la Iglesia en sus esfuerzos por promover acciones de vida.
“Hemos olvidado por generaciones cómo es vivir en paz, cómo vivir sin miedo, cómo sentir la vida y no la rabia”, decía Gabi May en la introducción a la obra de teatro La gran comarca de la tonga, una iniciativa cuya realización contó en su momento con todo el entusiasmo y con toda la valentía de Norma. Una de las muchas obras que Norma ayudó a construir. A Norma, y al grupo de jóvenes y mujeres que acompañó durante años y que seguirán su trabajo, les debe Tumaco el mensaje siempre vigente de dicha puesta en escena: en el principio fue palabra, no la guerra.
“Quiero leer una carta, una carta que diga cuando fuimos gente, cuando fuimos río, cuando fuimos tiempo. Una carta que esté contada del sudor del cuerpo, del sudor del baile, del aliento de las voces, de la lluvia que entre los ojos yace. Una carta que diga cuando estuvimos cerca, cuando estuvimos lejos. Quiero escribir una carta, pero que no sea de velorio, que no sea de delirio. Quiero escribir una carta de carnavales, de cuero templado, de madera vaciada. Quiero escribir una carta que diga que tememos y que por eso andamos juntos. Una carta quiero escribir para con las palabras llenar el vacío, que diga que los que andan juntos son el aliento de los sueños, son los árboles, son las flores, son las lluvias de la mañana, son las tardes de viento. Una carta quiero escribir, que diga lo que pasó, lo que puede pasar. Una carta yo quise escribir”.
DESTACADOS
“Hay que ayudar a las personas y apoyarlas” Monseñor Gustavo Girón, obispo de Tumaco
La pobreza es una enfermedad de décadas en la región y la violencia se ha ido incrementando
Gabi May, fallecida en noviembre de 2013
A pesar de la gran biodiversidad se presenta una baja capacidad económica para la mayoría de habitantes del Pacífico nariñense
Según cifras de la Universidad Nacional el desempleo es de 70%
Donde impera la ley del más fuerte y del armado la afectación sobre las comunidades no es menor a la afectación sobre la naturaleza.
En el Pacífico nariñense el 84,2% de la gente vive en la pobreza
La problemática de salud se empeora por el vertimiento de petróleo en las fuentes hídricas
“Si los jóvenes tuvieran oportunidades de trabajo no habría tanta violencia”
Una inversión en fuerza pública no acompañada de desarrollo social nunca generará paz
Un pueblo sometido a estas condiciones de vida se asemeja a un hombre enfermo atado a una cruz
En el inicio no fue la guerra, sino la palabra
