Si bien el comunicado manifiesta estar dirigido a varios municipios del Cauca, las amenazas se dirigen de forma mayoritaria al Municipio de Cajibío, concretamente contra personas pertenecientes a tres comunidades campesinas, líderes indígenas y sus cabildos, funcionarios públicos, lideres comunitarios y aspirantes a la Alcaldía.
Esta situación se presenta en un contexto electoral, generando mayor incertidumbre para el ejercicio democrático aun mas cuando hace unos meses la guerrilla de las FARC secuestrara a un precandidato para tratar de impedir a los partidos participar en las elecciones próximas. Las Comunidades de Cajibío miran con horror como los actores armados las colocan en medio del conflicto, menoscabando la Democracia, destruyendo el tejido social, coartando los derechos, sembrando el miedo y el terror.
El comunicado manifiesta varias ambigüedades y contradicciones:
Por un lado, a través de las amenazas, señalamientos y decretos de muerte o destierro, aparecen en tiempos electorales señalando a corruptos, delincuentes y colaboradores, es decir, se convierten en jueces de una comunidad para ganar legitimidad, y por otro lado, señalan a las comunidades de ser agentes de inteligencia de varios bandos antagónicos y al mismo tiempo buscan de ellas su apoyo y compromiso con su causa, también critican al Gobierno pero invitan a este a no combatirlos.
Rechazamos de forma contundente y requerimos:
- Que no se estigmatice a las comunidades campesinas e indígenas, ya que estas están inmersas en procesos organizativos de hace muchos años para alcanzar una vida digna lo que les ha costado persecución, señalamiento y hasta la vida de varios compañeros.
- Rechazamos las sindicaciones que se hacen acerca de que las situaciones de riesgo que les sucedan a personas pudientes instaladas en la parcelaciones contiguas, son responsabilidad de estas comunidades; puesto que la zona donde están ubicadas están militarizadas permanentemente y en diferentes ocasiones el ejército utiliza las instalaciones comunitarias para ubicar sus campamentos.
- Es el Estado el llamado a garantizar los derechos y a salvaguardar la democracia de toda una comunidad, entonces abogamos por los líderes comunitarios, representantes de los diferentes partidos y funcionarios de las diferentes instituciones, para que se les garantice su integridad y su vida.
Hacemos un llamado a las Organizaciones sociales y de Derechos Humanos, a la Comunidad Nacional e Internacional a exigir al Gobierno Colombiano garantías de los derechos y protección para las personas y comunidades amenazadas.
