Hechos
- El 12 de diciembre, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, hizo pública la investigación disciplinaria que abrió el 1 de agosto de 2013, contra el congresista Iván Cepeda Castro por supuesto “abuso de función pública” y “fraude procesal”, con base en las reuniones efectuadas por el congresista con paramilitares en los sitios de reclusión. El congresista Cepeda, quien hace parte de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República había encontrado a su llegada a dicha Comisión, un cúmulo de cartas dirigidas al Congreso pidiendo que se visitaran las cárceles del país con el fin de comprobar las condiciones en que viven los reclusos. En una de estas visitas oficiales lo contactaron desmovilizados del Bloque Cacique Pipintá y Juan Monsalve, a través de sus abogados representantes, quienes solicitaron unas entrevistas con el congresista Cepeda. Dichas entrevistas fueron grabadas a solicitud de los procesados y entregadas a la Fiscalía directamente. En ellas, se acusa al ex-presidente Álvaro Uribe Vélez de vínculos con paramilitares.
En septiembre del presente año el representante Cepeda logró que la CPI aceptara el caso en contra de Uribe por crímenes de lesa humanidad.
Juan Monsalve es el hijo del mayordomo de la finca Guacharacas, propiedad del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez y en donde se formó según Monsalve un grupo paramilitar auspiciado por los hermanos Santiago y Álvaro Uribe. Entre la fecha de la entrevista con el representante Cepeda y la entrega de las grabaciones a la Fiscalía se producen dos atentados contra el señor Monsalve, al interior de la cárcel.
Varias organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han manifestado su preocupación frente a la investigación en contra del representante Cepeda, incluyendo a Human Rights Watch, que dijo: “al recabar información proporcionada por ex paramilitares sobre la creación de grupos paramilitares y los presuntos delitos cometidos por estas organizaciones criminales, el representante Cepeda cumplió con una de las principales funciones que le corresponde como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.”[1]
- El día 4 de diciembre, fueron detenidos Hector Sánchez, Campo Elías Ortiz y Dilio Naranjo, dirigentes de la USO y trabajadores del campamento de Pacific Rubiales, acusados de secuestro agravado, obstrucción de vías, amenazas y violación al derecho al trabajo.
- El 24 de noviembre de 2013, ocho habitantes del municipio de Algeciras Huila, fueron capturados, acusados de rebelión, y el 1 de diciembre de 2013, 12 habitantes de los municipios de Baraya y Neiva, fueron detenidos acusados de los delitos de rebelión y concierto para delinquir. Todos participaron en el Paro Agrario Nacional, y fueron capturados por el SIJIN y el Ejecito Nacional.
Contexto
- Este año, se han visto varias acusaciones públicas y sin fundamento contra líderes sociales hecho por funcionarios de alto gobierno, puesto en evidencia por declaraciones del Presidente Juan Manuel Santos [2], el General Rodolfo Palomino, entonces director de Seguridad Ciudadana de la Policía, ahora jefe de la Policía al nivel Nacional,[3] y Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa,[4] entre otras, durante el Paro de Catatumbo y el Paro Agrario Nacional.
- También se ha manifestado en detenciones y montajes judiciales: Según cifras de la campaña “Libertad Asunto de Todos” entre enero y el fin de agosto de 2013, hubo más de 3,000 detenciones arbitrarias. Además, en este momento se encuentran encarcelados con base en montajes judiciales numerosos miembros de las organizaciones sociales, líderes del Paro Agrario y del Movice, entre otros los siguientes:
- David Ravelo Crespo, fundador del Movice Magdalena Medio, detenido desde el 14 de septiembre de 2011. El 10 de octubre de 2013, fue ratificado por la Tribunal Superior de Santander la condena en contra de David Ravelo Crespo, a pesar de numerosos irregularidades.
- Manuel Antonio Márquez Mejía, Alexi Antonio Arroyo Moreno y Eulogio Tapiero Galindo, miembros de la Asociación Campesina Agrícola del Putumayo (Ascap), afiliado de Fensuagro, detenidos desde junio de 2011.
- Omar Combita, miembro de Fecode, la Federación Colombiana de Educadores, y la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, detenido, sin ser condenado de ningún delito desde el 3 de octubre de 2011, acusado de rebelión.
- Huber Ballesteros, vice presidente de Fensuagro y miembro del ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), detenido el 25 de agosto de 2013, acusado de rebelión y administración de recursos con fines terroristas.
- Jorge Luis Montes Hernández, miembro de la Asociación Agropecuaria Mixta María La Baja, Coordinador general del Movimiento de Alta Montaña del municipio del Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar e integrante del MOVICE, detenido el día 9 de septiembre de 2013, acusado de rebelión.
- Además, los siguientes miembros del Movice son víctimas de montajes judiciales, desde la libertad:
- Carmelo Agamez, integrante del Movice Sucre, acusado de concierto para delinquir, por vínculos con los paramilitares que ha denunciado.
- Juan David Díaz, integrante del MOVICE Sucre, tiene en su contra cuatro procesos, todos acusándolo de vínculos con los paramilitares que asesinaron a su padre, Eudaldo Díaz.
- Oscar Orozco, presidente de la subdirectiva de la CUT Caldas, e integrante del Movice Caldas, acusado de daño en bien ajeno agravado, falsedad en documento privado, falsedad en denuncia agravada, falso testimonio, fraude procesal y fraude a subvenciones, por supuestamente ser uno de los perpetradores del atentado contra él mismo, el 4 de agosto de 2012.
- Adicionalmente se ha puesto en marcha la reforma a la Ley de Seguridad Ciudadana que convierte en nugatorio el derecho a la protesta criminalizando toda acción política que involucre movilización social. Por ejemplo, el delito de obstrucción de vías por medios ilegales se ampliaría a incluir la simple obstrucción de vías. La reforma propuesta además incluye como agravante de este delito cubrirse el rostro o portar objetos peligrosos. El Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, insiste en la revaluada categoría del terrorismo.
- Esta situación demuestra la implementación de nuevas prácticas de persecución política, que junto a los asesinatos y las amenazas que aún continúan, suponen la ausencia de garantías para denunciar abusos a los derechos humanos, expresar críticas de las entidades del Estado y para oponerse a políticas de gobierno, todo ello preocupantemente en antesalas al proceso de paz.
Solicitudes
- Que los representantes del gobierno nacional, actúen para dar las suficientes garantías a los grupos de oposición y permitir su libre ejercicio de sus derechos políticos.
- Que el Senado y la Cámara de Representantes, quienes eligen y rigen el poder del Procurador de la Nación, actúen de manera inmediata para frenar el abuso de poder y su utilización con fines políticos. Pedimos la renuncia inmediata del Procurador Alejandro Ordoñez.
- Que la comunidad nacional e internacional haga un seguimiento de cerca a esta situación, durante el proceso de paz, y después de cualquier posible acuerdo.
NOTAS
[1] http://www.eltiempo.com/politica/ARCHIVO/ARCHIVO-13278915-0.pdf
[2] El día 21 de junio de 2013, en la ceremonia de ascenso de generales y mayores generales de la Policía Nacional en Bogotá, el Presidente Juan Manuel Santos acusó públicamente que las protestas del Catatumbo estaban infiltrados por las FARC: http://www.youtube.com/watch?v=3ItksYNGQeI
[4] http://www.elmundo.com/movil/noticia_detalle.php?idx=222434&
