Aguas claras para Riosucio, Chocó

Los integrantes de los consejos comunitarios de la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (ASCOBA) y del Consejo Comunitario de la cuenca del río CACARICA y del Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato (CAMIZBA), están preocupados, y lo expresaron claramente durante el encuentro del Observatorio en Riosucio en la primera semana de marzo. La inquietud de los líderes se refiere a la autonomía territorial de los consejos comunitarios, y  – no menos preocupante – a la crisis humanitaria que se está presentando en el departamento Chocó. Esta crisis ha venido siendo denunciada por las organizaciones etnicoterritoriales conjuntamente con la Iglesia católica desde julio del año pasado[1].

En efecto, la crisis humanitaria tiene que ver con un grave déficit de seguridad alimentaria, al igual que con el precario sistema de salud y de agua potable. Estas circunstancias estructurales han provocado que en los últimos meses hayan muerto cerca de 20 niños indígenas por consumo de agua impotable y por la mala atención de salud donde los indígenas tienen que comprar los medicamentos y consumir agua contaminada. Es una situación denunciada en los primeros días de marzo de 2015 por el Defensor del Pueblo, Armando Otálora, y el representante de la Alta Comisionada para los DDHH en Colombia, Todd Howland[2].

El no cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se ve acrecentado por la intensificación del conflicto armado y las afectaciones de la explotación minera en el departamento[3]. En el caso de Riosucio, la iglesia y las organizaciones temen que esta crisis aún se pueda agudizar una vez que las entidades en posición de títulos mineros otorgados por el Estado arranquen oficialmente con las actividades mineras a gran escala en la región.

Del documento de certificación del Grupo de Seguimiento y Control de la Agencia Nacional de Minería de octubre de 2013 se puede deducir que el Estado colombiano ha otorgado 12 títulos mineros sobre los territorios de Riosucio, tres de ellos en zonas límites con Juradó; así, la sociedad La Muriel Mining Corporation (sucursal Colombia), por ejemplo, se ganó cuatro títulos, Votorantim Metais Colombias S.A. seis, uno va para AngloGold Ashanti Colombia S.A. y uno para Martha Lía Ramírez Sánchez, al parecer persona natural[4]. El documento revela que en total, en el Chocó se han otorgado 172 títulos mineros a empresas multinacionales y nacionales, personas naturales y consejos comunitarios. Estos títulos han sido repartidos sobre territorios colectivos supuestamente protegidos por la Ley 70 de 1993 que en su artículo 7[5] dice que estos territorios son “[…] inalienables, imprescriptibles e inembargables”; quiere decir: la tierra que es de la comunidad no la puede vender  nadie – en teoría. En la práctica el Estado colombiano ya lo ha hecho, indicando en el Artículo 6 de dicha ley donde dice entre otras, que todo lo que hay en el subsuelo no puede ser titulado comunitariamente, por consiguiente es propiedad del Estado, ni siquiera de la Nación.

Aún no hay mayor evidencia de la minería mecanizada en Riosucio, como manifestaron los participantes durante la actividad del Observatorio, pero eso cambiará rápidamente una vez que se firme la Paz en La Habana y con ella los actores armados oficialmente se retiren de estas tierras favorables a los títulos mineros. Es paradójico, pues da la impresión que los territorios estuvieran “protegidos” de la minería por los mismos actores armados, los cuales cometen excesos y amenazan la integridad cultural de las comunidades.

Algunos mineros, menos pacientes, ya han empezado a quitarle sus tesoros al suelo: en la comunidad Nueva Luz, zona carreteable de Riosucio está en marcha un proyecto de hidrocarburos; y mientras que en la cuenca del río Jiguamiandó en la comunidad Urada la minería mecanizada ya es un hecho conocido desde hace más o menos dos años, la presencia de cinco retroexcavadoras y dos dragas en la cuenca del río Curbaradó (Carmen del Darién) es una realidad relativamente nueva, de la cual se acaban de enterar integrantes de la ASCOBA, a mediados del mes de febrero de 2015.

Si el Estado no pone fin a la venta de terrenos y al otorgamiento de títulos mineros, si las comunidades no se conciencian de los daños ambientales y sociales que les trae la minería a gran escala, el Chocó va a enfrentar una catástrofe aún más fuerte que la crisis actual. En fin, se va a acabar con el espacio vital de los pobladores del Pacífico. Como ha sido demostrado, después de terminada la explotación minera, el terreno se vuelve inutilizable para la agricultura y la pesca, sobre todo por el uso de mercurio y cianuro utilizado para separar el oro de otros metales o arcilla. Entonces, las preguntas existenciales serán una vez cuando la minería se haya ido y no se pueda cultivar más yuca, plátano (cultivos de pancoger) y cuando los ríos contaminados se queden sin peces, ¿dónde van a vivir los chocoanos y los habitantes del Pacífico? y ¿de qué?

A un líder Embera Katío que participó en el evento en Riosucio se le hizo la pregunta:

-          ¿Qué significado tiene el territorio para su comunidad?

Él respondió:

-          Para nosotros el territorio es la madre que nos alimenta, nosotros somos los hijos y  vivimos en ella.

Esta visión del territorio como madre, revela la fuerte conectividad espiritual de los pueblos con el territorio, es el vientre de una mujer que los ha parido y que los nutre, es la esencia de la vida. Y así como una madre protege a sus hijos, el territorio es el refugio donde se puede estar tranquilo; donde se reproduce la identidad cultural colectiva de un pueblo a través de sus cantos, su cosmovisión, sus creencias, sus mitos y sus conocimientos tradicionales, como la medicina o la agricultura[6].

Si el territorio se considera un cuerpo, se podría pensar en los ríos como las venas que garantizan que el organismo territorial es mantenido con vida; el agua es vital para este organismo natural y cultural que es el Pacífico.

Llega el momento en que a los hijos les toca cuidar a su madre, y es precisamente por ella que los ribereños en el municipio de Riosucio están inquietos, porque para el río Atrato y sus afluentes la situación se ha vuelto muy crítica; las aguas están altamente contaminadas y como consecuencia mueren los peces y no se reproducen.

La razón fundamental de esta contaminación es el uso indiscriminado de mercurio y cianuro, subproducto de la actividad minera en el bajo y medio Atrato. Pero también hay otras causas, como el taponamiento de los ríos tales como el Salaquí, el Truandó y el Jiguamiandó, sólo para nombrar tres, por los residuos forestales dejados a  la deriva, como consecuencia de la tala indiscriminada promovida por Maderas del Darién, con el aval de CODECHOCÓ[7].

Pero además, la falta de acueducto y alcantarillado que no desemboquen en los ríos y la no existencia de rellenos sanitarios, hace que todo sea arrojado a estas vertientes. Los aproximadamente ocho mil riosuceños del casco urbano y otras poblaciones y municipios ribereños (Beté, Bojayá, Vigía del Fuerte, Murindó, Carmen del Darién) no tienen otra opción que bañarse en los ríos, usar el agua para consumo humano y hacer todas sus labores como lavado de ropa y vajilla. La gente espera paciente la lluvia para servirse de ella a través de tanques, pero esta agua tampoco es potable y corre por techos sucios donde merodean cucarachas, ratas y murciélagos.

Pero, ¿está todo perdido? ¿Puede llegar la indiferencia de un Estado a esta magnitud de degradar no sólo los derechos fundamentales, sino la dignidad humana? ¿Por qué planes como Plaidecop, Plan Pacífico, Biopacífio, entre otros, no construyeron por lo menos, los acueductos necesarios y vitales? Esto fortalece nuestro argumento como Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, que el gobierno desarrolla una política de exclusión y etnocidio, donde importan más los recursos naturales que la población que ha hecho uso racional de los recursos naturales. 

En consecuencia, frente a los hechos expuestos anteriormente, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA), el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA), el Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó (FISCH), y la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (ASCOBA), representados por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, interpusieron una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que fue admitida el 27 de enero de este año, para exigir del Estado:

1) La constitución de una mesa interinstitucional con recursos para tomar medidas integrales y viables para que cese la amenaza y la vulneración de los derechos de las comunidades; 2) un diagnóstico del estado de salud de los habitantes y la realización de un muestreo de la calidad del agua para evitar la contaminación; 3) garantías para el saneamiento básico y el abastecimiento de agua potable, 4) el emprendimiento de un plan de emergencia que garantice el abastecimiento de alimentos, su cultivo y que éstos estén libres de contaminantes; 5) una moratoria de todas las actividades generadoras de la afectación a la cuenca del río Atrato y sus afluentes, entre otras, entre las cuales están el cese de la minería mecanizada en el Chocó[8].

Queda por esperar que las instancias judiciales respondan pronto y en salvaguarda de los territorios y de los derechos de las comunidades que lo habitan.

Decididos a debatir propuestas propias, los líderes terminaron el ejercicio del Observatorio con el compromiso de aprovechar el espacio del Foro Interétnico que se realizará en Riosucio el 26 y 27 de marzo, para convocar a líderes afros e indígenas a que se busque una posición unida frente a la defensa del territorio.

Resuena la esperanza que algún día las aguas de Riosucio se vuelvan claritas otra vez.