Han desaparecido desde siempre y por el motivo que sea: por amor, por odio, por la guerra, por las deudas, por miedo, porque sí, porque no. El primer caso del que se tiene noticia es de 1919. Entonces pocos se enteraron, la ausencia de ese ser que sólo tiene identidad para los suyos no fue noticia nacional.
El 9 de septiembre de 1977 se perdió Omaira Montoya Henao con sus cuatro meses de embarazo. Una bacterióloga de 30 años, militante de izquierda, quien se encontraba en Barranquilla cuando unos hombres que se identificaron como del F2 se la llevaron a una playa. Hoy su historia es un símbolo en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).
Difícil, lenta, solitaria, pero nada silenciosa ha sido la labor que ha adelantado esa organización desde 1982, año de su fundación, que fue por causa de la desaparición de 13 estudiantes. Como casi siempre sucede, la pena fue tejiendo lazos entre los familiares de los muchachos y un buen día surgió la idea de la asociación. Una de esas precursoras es Gloria Gómez, la coordinadora general, quien con una sonrisa de esas que sirven para disimular la tristeza repite una de las frases que más escuchó en aquella época: “Aquí no hay desaparecidos, eso es por allá en Argentina”.
Era tan cierta la sentencia que el delito de desaparición forzada ni siquiera estaba en la ley colombiana. Sencillamente, los ausentes eran llamados secuestrados o perdidos. El asunto fue una de las principales empresas de Asfaddes hasta el 6 de julio de 2000, cuando —después de seis intentos en el Congreso— fue aprobada la Ley 589 que, además, creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Son dos los momentos históricos que marcaron para siempre la asignatura pendiente del Estado con los desaparecidos: la definición del “nuevo” delito y otra ley: la de Justicia y Paz, de 2005, que creó el marco jurídico para las desmovilizaciones de los grupos paramilitares y puso tan de moda la frase esa de Verdad, Justicia y Reparación a las víctimas.
La sentencia es categórica: “Actualmente, el 80% de los cuerpos de las víctimas se encuentran gracias a las confesiones de victimarios, ya sean guerrilleros o ‘paras’, postulados en Justicia y Paz”. La dice el fiscal Luis González, jefe de esa unidad en la Fiscalía General de la Nación.
Ahora, prosigue González, el país cuenta con una cifra única de desaparecidos gracias al registro virtual de casos, que alimentan las entidades que integran la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría, la Vicepresidencia, la Policía y Fondelibertad, por parte del Estado, y Asfaddes y la Comisión Colombiana de Juristas, por parte de la sociedad civil).
Sin embargo, las investigaciones en la materia no avanzan con la diligencia que los familiares y las mismas autoridades desearían. El fiscal González cuenta apenas con 80 expertos —divididos en 18 equipos de policía judicial y fiscales— para buscar por todas las regiones en fosas comunes, cementerios de NN, cualquier hueco olvidado y lugares inescrutables como ríos y montañas.
En ese sentido, el punto de vista del senador Juan Manuel Galán es claro: “A pesar de que, gracias a la cooperación internacional, se han hecho grandes esfuerzos para capacitar y formar fiscales en investigación de delitos de lesa humanidad, con la salida de varios de ellos de la institución se ha perdido buena parte de esa educación”.
Por otra parte, el sistema único virtual requiere una depuración urgente que permita tener una estadística más fiable, como lo explica González: “No es posible que haya un registro de la desaparición de ‘un NN’ o de ‘Pedro’ o de ‘un hombre’. Así no se puede verificar”.
El tema de los desaparecidos se movió a principios de este mes, cuando el Congreso comenzó a estudiar la ratificación de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. Y promete seguir moviéndose mañana, cuando en la Cámara de Representantes expliquen las obligaciones que adquiriría el Estado de aprobarse la Convención.
También, cobrará más vigencia con el proyecto de ley propuesto por el legislador Guillermo Rivera, que pretende crear la figura de la declaración de ausencia por desaparición forzada.
Para que ellos, los ausentes, encuentren su camino, se vayan de una vez o vuelvan felizmente, queda mucho por hacer. Todavía falta por conocer todo el horror de la guerrilla, por ejemplo. Pero principalmente falta solidaridad y compromiso con el verbo “repudiar”.
* Medicina Legal tiene registro de 49.756 personas desaparecidas. De éstas, 6.862 han aparecido vivas y 1.347 muertas que, no obstante, aún no salen del sistema.
Tomado de El Espectador.com
