Pacífico, 27 de agosto de 2021
A 28 años de la Ley 70
Hoy hace 28 años se promulgó la Ley 70, por la cual se desarrolla el Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que a su vez fue fruto de la lucha de las comunidades que exigieron mediante acciones de presión que este artículo quedara en la carta magna.
La Ley 70 de 1993 tiene por objeto el reconocimiento de las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva.
“Así mismo, tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”, según lo indicado en su artículo 1°.
Pese a las expectativas que generó esta ley, casi 3 décadas después, las comunidades siguen a la espera de que el Estado colombiano cumpla y garantice presupuestos que permitan la implementación y la reglamentación de la misma.
Ni el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva ni mucho menos la reglamentación para el uso de la tierra y la protección de los recursos naturales y del ambiente, y de los recursos mineros, se han hecho realmente efectivos.
A pesar de los avances en relación a la titulación colectiva, aún hacen falta tierras por titular; además, no hay garantía del dominio pleno de la propiedad colectiva debido a los efectos del conflicto armado que continúa vigente en los territorios.
En relación al capítulo 4 y 5 que tienen que ver con los recursos naturales, ambientales y mineros, no solo no ha habido voluntad del Estado para reglamentar, y los avances han sido casi nulos, sino que para la región Pacífico, las crisis humanitarias y ambientales derivadas del narcotráfico, la destrucción de los bosques, la minería, la agroindustria, los hidrocarburos y los megaproyectos son cada vez más contundentes.
En lo que tiene que ver con los mecanismos para la protección y el desarrollo de los derechos y de la identidad cultural; pese a que, el decreto 1122 de 1998, establece que “todos los establecimientos estatales y privados de educación formal que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media, incluirán en sus respectivos proyectos educativos institucionales la Cátedra de Estudios Afrocolombianos”; a la creación de la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras y de la Universidad del Pacífico, y a los avances en etnoeducación; la calidad educativa, el presupuesto estatal y el alcance de cobertura en los diferentes niveles educativos en el Pacífico siguen siendo deficientes.
Según el censo del DANE de 2018, entre la población que se autoreconoce como negra, mulata, afrodescendiente o afrocolombiana, la inasistencia escolar de población entre los 5 y los 24 años, es de 26,1% en el Chocó; 27,7% en Buenaventura; 26,3% en la Costa Pacífica caucana y 29,3% en la Costa Pacífica nariñense. Esto indica que el 27,3% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Pacífico colombiano no tienen acceso a la educación.
El incumplimiento de las responsabilidades por parte del Estado colombiano en relación al derecho a la educación, sumado a las dinámicas del conflicto armado que impiden que la población en edad escolar tenga la posibilidad de educarse, debido a los diversos riesgos y vulneraciones a la vida que hay en el territorio (minas antipersona, fuego cruzado entre grupos armados, reclutamiento, uso y utilización de menores, confinamiento de las comunidades, control del territorio, entre otros.), no solo impide el cumplimiento efectivo de la ley 70, sino que vulnera gravemente los derechos individuales y colectivos de las comunidades negras y afrocolombianas del Pacífico.
De otra parte, en relación a la educación superior, las cifras del DANE (2018) indican que el 4,3% de la población chocoana alcanza el nivel educativo técnico o tecnológico y el 8,7% el nivel universitario; en Buenaventura, el 6,7% de la población alcanza el nivel educativo técnico, tecnológico y universitario; por su parte, en la Costa Pacífica caucana el 2,4% alcanza la educación técnica y tecnológica y el 2,9% la universitaria; y en la Costa Pacífica nariñense el 3,5% alcanza la educación técnica o tecnológica y solo el 2,5% la educación universitaria. Es decir, el 5,2% de la población de la región Pacífico que se autoreconoce como negra, mulata, afrodescendiente o afrocolombiana tiene formación universitaria y el 4,2% tiene formación técnica o tecnológica.
Estas cifras evidencian las realidades que viven las comunidades negras del Pacífico y el sometimiento a la desigualdad ejercido por el Estado colombiano. Además, denotan el incumplimiento al artículo 38 de la Ley 70, que indica que “los miembros de las comunidades negras deben disponer de medios de formación técnica, tecnológica y profesional que los ubiquen en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos.”
Durante 28 años, ninguno de los ocho capítulos que conforman la Ley 70 ha sido realmente implementado de manera efectiva, hay un incumplimiento sistemático por parte del Estado. Además, continúa la negación de personerías jurídicas a los consejos comunitarios para evitar la reclamación de la tierra colectiva y las solicitudes de territorio, y siguen las aprobaciones de megaproyectos en el territorio Pacífico que generan conflicto social y político.
La actuación de los gobiernos nacionales evidencia que no hay intereses en reglamentar. En los últimos periodos de gobierno, Juan Manuel Santos, incumplió los acuerdos realizados en el marco del Paro Cívico Chocó (2016) y el Paro cívico Buenaventura (2017) que tenían como plazo para la reglamentación de la ley, el mes de diciembre de 2017. Así mismo, en el plan nacional de desarrollo 2019, el gobierno de Iván Duque, se comprometió a concluir la reglamentación integral de la Ley 70 a más tardar el 30 de junio de 2020. Este compromiso se prorrogó inicialmente al 30 de octubre de 2020 y luego al 30 de diciembre del mismo año. Hoy 8 meses después el compromiso no se ha cumplido.
Por el contrario, los intereses y la disputa por el territorio Pacífico han incrementado las dinámicas del conflicto armado. Las comunidades étnicas se encuentran en una grave crisis humanitaria.
Es por todo lo anteriormente mencionado, y por los derechos colectivos de las comunidades negras de Colombia que es urgente que se cumplan los compromisos de reglamentación de la Ley 70 y que se implemente la ley de la mano del Acuerdo de Paz de la Habana. Es preciso frenar las dinámicas del conflicto armado y permitir que la Paz se tomé la región Pacífico y que las comunidades que la habitan vivan libres, en Paz y con el goce efectivo de sus derechos humanos.
Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico – CIVP
