El Consejo de Estado tiene en sus manos una solicitud de las comunidades negras de la cuenca del río Anchicayá (Valle del Cauca) para que ordene a la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA E.S.P.) y a la Corporación Autónoma del Valle (CVC) cumplir la sentencia del Tribunal Superior del Valle (proferida en septiembre del 2009), que las condena a pagar una indemnización de casi $150 mil millones por el desastre ambiental que causaron hace 10 años en la cuenca del río. A EPSA, empresa con un capital de casi 3 billones de pesos, le corresponde pagar el 80% del monto.
Las entidades tenían seis meses a partir de la condena para pagar y hasta la fecha no lo han hecho. Por esto, el defensor Germán Ospina Muñoz, uno de los abogados de la acción de grupo, pidió al alto tribunal librar mandamiento ejecutivo contra las entidades demandadas y someter a revisión la sentencia. La petición está radicada desde el 16 de junio y hasta la fecha se sigue esperando la respuesta.
A esta petición se sumó la gestión del procurador general Alejandro Ordóñez, quien, mediante oficio del pasado 20 de junio dirigido al Consejo de Estado, intervino pidiendo a los magistrados darle prelación al proceso y pronta definición de la revisión eventual. “Es un proceso de evidente trascendencia social, pues está por definirse la reparación individual de los miembros de la comunidad negra que habita la ribera del río”, dice el documento.
El caso, por tratarse de comunidades negras en situación de vulnerabilidad, tiene especial interés, al punto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya puso sus ojos en él y está a la espera de los últimos pronunciamientos para decidir si actúa o no.
A pesar de estos trámites ya han pasado casi dos meses, que se suman a la larga espera de estas comunidades por la prometida reparación del daño que les causaron las entidades demandadas, EPSA por acción y CVC por omisión de su deber como autoridad ambiental.
El caso
La historia de la comunidad de la cuenca del río Anchicayá (que nace en Cali y desemboca en Buenaventura) dice que hasta el 22 de junio del 2001 derivaba su sustento de la riqueza del afluente. Al día siguiente el caudal se convirtió en una espesa colada de lodo y comenzó su calvario.
La Empresa de Energía del Pacífico había abierto las compuertas de la represa del bajo Anchicayá, como parte de una tardía labor de mantenimiento que planeaba desde 1999, liberando 500 mil metros cúbicos de sedimentos que llevaban 50 años represados en el embalse. Todos los peces murieron, los cultivos se dañaron y seis mil personas (asociadas en 11 consejos comunitarios y 9 títulos colectivos) resultaron afectadas y quedaron prácticamente en la ruina.
Justo después del desastre, la Corporación Autónoma del Valle (CVC), autoridad ambiental en el departamento, se declaró impedida para investigar el problema ecológico porque es dueña del 16% de la empresa eléctrica. El caso pasó a manos del Ministerio del Medio Ambiente que, tras corroborar el daño, sancionó a la Eléctrica a pagar una multa de $200 millones, a redoblar las especies de peces afectadas y suministrar alimentación diaria a las comunidades afectadas con el vertimiento. La gente sufría hambre.
La comunidad no se conformó con esta sanción y desde entonces libra una guerra jurídica por un resarcimiento económico, que ya cumple 10 años de litigio. Ya han ganado dos batallas: la primera, el 20 de mayo de 2009, en el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura y la segunda, el 7 de septiembre del mismo año, en el Tribunal Administrativo del Valle.
En ambas instancias se condenó a la Empresa de Energía del Pacífico y a la Corporación Autónoma del Valle a pagar una indemnización que la comunidad no ha podido cobrar. La hidroeléctrica, que cuenta con un patrimonio cercano a los tres billones de pesos, sigue alegando que no causó la tragedia ambiental y el caso está ahora ante el Consejo de Estado.
Su defensa se basó en que las labores de mantenimiento a su represa no causaron perjuicios a los habitantes, que no vertieron la cantidad de sedimentos que les atribuyen y que se trató de una simple turbiedad y una mortandad de peces. Además, que su labor de mantenimiento fue lícita, porque en el Plan de Ordenamiento y Manejo, elaborado por la Corporación Autónoma Regional del Valle en 1998, se establece que la principal destinación del río Anchicayá es la generación de energía.
A pesar de esos argumentos, la justicia administrativa, en primera y segunda instancia, ratificó el daño. Indicó que el deterioro social, económico y cultural sufrido por las comunidades se debe a los problemas ocasionados que afectaron sus cultivos y la vida de los peces del río.
“Se expuso a los habitantes al deterioro de su calidad de vida y a serias dificultades de supervivencia… Aunque hoy (2009) los cultivos muestran indicios de querer recuperarse, su productividad no es rentable. Además, persisten las condiciones de insalubridad asociadas a la calidad del agua. Esto lo agrava la falta de alcantarillado y sistemas de tratamiento de agua para las comunidades”, indicaron los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle en segunda instancia.
Curiosamente, a pesar de que estas comunidades negras viven cerca de una de las hidroeléctricas más poderosas del país, muchas de ellas no cuentan con servicio de electricidad, ni alcantarillado, ni agua potable.
Accionistas de la empresa energía
La Empresa de Energía del Pacífico tiene como accionista principal a la Unión Fenosa Colombia (63,82%), seguida de Emcali (18,02%), la Corporación Autónoma del Valle (15,88%), el Municipio de Morales (0,93%), Central de Inversiones (0,91%), el Ministerio de Hacienda (0,35%) y otros con el 0,9%.
Los accionantes
Las comunidades que presentaron la acción de grupo fueron el Consejo Mayor de la Comunidad Negra del Río Anchicayá, representado por Benjamín Mosquera; el Consejo Comunitario de Tapara y Humane, representado por Luis Antonio Valencia; el Consejo Comunitario de Bracito y Amazonas, representado por Luis Benito Valencia González; los habitantes del corregimiento El Danubio, representados por Eleuterio Saa; la Corporación Mar Pacífico, representada por Otoniel Zamora; la Asociación Civil Pescomertil, representada por Cruz Elodia Aragón; la Asociación de Plataneras Las Tintoreras, representada por Rafael Hurtado Colorado, y el Consejo Comunitario de Sabaletas, representado por Caicedo Angulo y Stella Hinestroza Angulo.
Tomado de Elespectador.com
