En una audiencia de legalización de cargos a Freddy Rendón Herrera alias `El Alemán`en los Tribunales de Justicia y Paz de Bogotá, la Fiscalía lo acusó por el delito de reclutamiento forzado, presentando pruebas de 329 casos de menores que fueron reclutados por el bloque de autodefensas Élmer Cárdenas, del cual fue su jefe.
Para llevar este caso ante los tribunales de Justicia y Paz, la Fiscalía cruzó la información aportada por ‘El Alemán’ durante su desmovilización y las versiones libres presentadas en Justicia y Paz, con las declaraciones de varios de los ex integrantes del Bloque Élmer Cárdenas que ingresaron al grupo ilegal siendo menores.
A partir de estas dos fuentes, la Fiscalía estudió más de 400 casos posibles de reclutamiento de menores, de los cuales encontró pruebas suficientes para acusar al ex jefe paramilitar por 329.
En el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se dice que se entiende como crimen de guerra “Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades”.
Colombia, de manera particular estableció en el Código Penal (Artículo 162) que era un crimen todo reclutamiento a menores de 18 años.
Para sustentar sus acusaciones la Fiscalía presentó en la audiencia las declaraciones hechas por cada una de las posibles víctimas en versión libre, entrevistas, los certificados de nacimiento, los registros como víctimas ante Justicia y Paz, y documentos que los acreditan como desmovilizados.
Por medio de estas pruebas la Fiscalía presentó ante los magistrados las fechas y las razones del ingreso de cada uno de los menores al grupo armado ilegal, el tiempo de pertenencia, los ingresos y los rangos, y los frentes en los que militaron.
Según la Fiscalía el promedio de edad de los menores al ingresar al Élmer Cárdenas fue de 16 años.
El fiscal que lleva el caso de `El Alemán`, presentó el caso de un niño que ingresó al grupo armado a los 12 años y que para el momento de su desmovilización en 2006 apenas había cumplido los 18 años.
La magistrada de Justicia y Paz pidió al fiscal y a los abogados de las víctimas hacer un seguimiento constante, ya que en varios casos estos menores no contaron con representación durante las audiencias. La Fiscalía admitió haber perdido contacto de varios de estos desmovilizados.
Durante la exposición general sobre el tema, ‘El Alemán’ aseguró que los jóvenes que fueron reclutados por el Élmer Cárdenas llegaron por su propia cuenta y no por presión.
Según las versiones entregadas por los ex paramilitares, en el momento en que fueron reclutados los menores éstos supuestamente se encontraban sin posibilidades de ir al colegio, con responsabilidades económicas en sus casas y viviendo por fuera de la casa de sus padres (en la mayoría de estos casos en casa de un familiar), por lo que fueron fácilmente llevados por los grupos armados.
En otros casos, según lo que han relatado los desmovilizados, muchos de los menores de edad, o tenían un hermano en las autodefensas o veían al grupo paramilitar como la única salida posible para su situación económica o como la única posibilidad de encontrar formación y futuro.
La mayor parte de estos jóvenes fueron patrulleros (es decir soldados rasos) y durante su pertenencia a las autodefensas ganaron el salario mínimo. Varios de ellos aprendieron a usar y fueron responsables de un fusil AK-47 desde su ingreso.
La Fiscalía encontró que ante el proceso de paz el Bloque Élmer Cárdenas tomó la decisión de desvincular a los que en el 2005 fueran menores de edad. Algunos de estos regresaron al cumplir los 18 años y se desmovilizaron con el grupo en el 2006.
El Código de la Infancia y la Adolescencia Ley 1098 de 2006 establece el deber de remisión de los menores desvinculados, sin excepción, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), «en calidad de víctimas del reclutamiento de menores”.
En el caso de los 150 menores que el mismo ‘Alemán’ dice haber desvinculado del conflicto antes de la desmovilización, sólo se registró la entrega de tres por parte del grupo paramilitar al Bienestar Familiar.
Según lo relatado la gran mayoría fue enviada a su casa, por lo que quedaron desprotegidos y sin los beneficios de la reinserción como la ayuda psicológica, volver al colegio y auxilios económicos.
Por este hecho los defensores de víctimas acusaron a Rendón Herrera de intentar esconder a los menores, y evadir su responsabilidad.
La Juez de Justicia y Paz encargada del caso pidió a la Fiscalía profundizar de la acusación, como también hacer un seguimiento de los entonces menores enviados a sus casas.
