Colombia:
Los ojos de las compañías mineras se han posado en América Latina, y en Colombia se ha encendido una auténtica fiebre del oro. Por otro lado, la resistencia popular en defensa de la vida, el agua, el medio ambiente y la cultura se intensifica día a día.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos insiste en la importancia de consolidar la minería a cielo abierto y a gran escala para el desarrollo del país. La explotación de los recursos naturales no renovables constituye una de las denominadas “locomotoras de la economía”. De hecho, el Ministerio de Minas colombiano considera que la minería es practicable en todo el país, y se han concesionado 43 mil kilómetros cuadrados en 10.000 títulos mineros, 4.000 de los cuales ya están en explotación.
Pero el Código Minero vigente, modificado en 2009, no es precisamente respetuoso ni con lo territorial (los proyectos mineros pueden ser declarados de utilidad pública no pudiendo, por ejemplo, un alcalde oponerse a la explotación minera), ni con lo étnico (hay siete resguardos indígenas titulados en su totalidad a la minería), ni con lo ambiental (Colombia es el país más contaminado con mercurio del mundo). Según la Asociación Colombiana de Mineros – ASOMINEROS, en 2008 la producción de oro fue de 34.300 kilogramos.
Minería de oro en los Andes
La AngloGold Ashanti (AGA) es la minera más grande de Colombia. La exploración de oro que lleva a cabo desde la mina La Colosa, en Cajamarca, departamento de Tolima, centro-occidente del país, representa una amenaza para uno de los complejos hidrológicos más importantes del país, que abastece de agua a más de 4 millones de personas. El proyecto se sitúa en los últimos fragmentos de páramo y bosque altoandinos, reguladores de las aguas del municipio Coello, que podrían ser contaminadas con cianuro.
El territorio afectado, de gran biodiversidad ambiental, es considerado la despensa agrícola de Colombia, puesta ahora en peligro por la minería. La escasez hidrológica ya mermó la producción de arroz. La integridad y fertilidad de los suelos se verá afectada a corto plazo.
AGA violó la legislación colombiana (ley 2 de 1959) al realizar exploración minera en zona de reserva de bosques sin permiso. De acuerdo a lo que denuncian los afectados, obtuvo información sobre las reservas potenciales de oro en la región de manera fraudulenta.
Desafortunadamente, el modo de accionar de AGA ha causado ya una profunda polarización dentro de la propia comunidad e institucionalidad de la cuenca, y entre las comunidades de la cuenca alta y las comunidades usuarias en la parte baja de la cuenca. El conflicto social derivado de esta polarización ha conducido a una clara marginación y señalamiento en contra de organizaciones y personas que intentan mostrar los impactos negativos de la explotación minera a gran escala en esta parte de los Andes.
El abuso del poder económico de AGA se expresa en múltiples órdenes de la vida departamental. Lo que AGA denomina “pre-inversión” no es otra cosa que el ejercicio de la coacción por la vía del poder económico. No de otra manera se puede entender la alta tasa de contratación de personal (con salarios superiores al promedio regional) sin haber comenzado acciones de explotación. Los apoyos económicos y técnicos a organizaciones sociales, los dineros colocados en mejoramiento de infraestructura de las veredas que potencialmente se vincularían a la explotación, en juntas de acción comunal, en la misma alcaldía de Cajamarca, el hospital de Cajamarca, la vinculación comercial al equipo de fútbol del Tolima, las propuestas de apoyo a la Universidad del Tolima, la adquisición de predios muy por encima de los avalúos históricos; y ahora las propuestas de financiar entidades ambientales como el Fondo para la Acción Ambiental, entre múltiples iniciativas.
El poder económico desproporcionado ha permitido que AGA compre predios estratégicos, en particular por el potencial hídrico que representan. De la misma manera ha formalizado la solicitud de títulos mineros en la región y en buena parte del país. Ellos actúan a sabiendas de que los campesinos locales no tienen la misma capacidad para solicitar concesiones de agua.
Pero la intervención de AGA no tiene nada que ver con el desarrollo, ni con la generación de empleo, ni con el apoyo a la educación, ni al deporte, ni a la gestión de la alcaldía local, ni a la mejora de carreteras, ni a la activación de cooperativas de transporte.
Los movimientos sociales de la zona quieren generar mecanismos sociales para que nunca se realice la explotación del oro en esta región del país y menos a gran escala. Denuncian que “este asunto puede abrir la puerta a la modificación de todo el patrimonio ambiental del país y la sociedad no participará de ello.”
Fiebre del oro en la Selva Tropical del Pacífico
Otro proyecto minero de oro tiene lugar en el corazón de la selva del litoral pacífico de Colombia, en el Departamento del Cauca, Buenaventura, región del Chocó Biogeográfico cubierta de selvas tropicales y atravesada por caudalosos ríos como el Dagua, fuente de vida al que desembocan otros muchos, como el San Cipriano, que da nombre a una reserva de bosque tropical.
Zaragoza es un asentamiento de comunidades negras. La actividad minera otorga unos beneficios paupérrimos a cambio de un gran deterioro del ecosistema y convierte al río en una corriente de deshechos químicos.
Con el descubrimiento de la mina, desde principios de 2009 han llegado empresarios de numerosos lugares, como Medellín, Cali y Bogotá, para extraer indiscriminadamente el oro. La población pasó de unas 100 familias a más de 10.000 cazafortunas.
En la actualidad, la explotación aurífera se extiende entre los kms. 23 al 38 de la vía Buenaventura-Cali afectando varias villas que funcionan a modo de “ciudades sin ley”. “Esta minería se extiende como un cáncer a otros ríos del Pacífico”, denuncian desde la ciudad de Buenaventura.
El deterioro ambiental es más que evidente. Se han tomado unas fotografías aéreas que muestran un panorama totalmente devastado. Las malas condiciones y la ilegalidad de las explotaciones crean riesgo de avalanchas, derrumbes y accidentes, a lo que se suma el peligro de las crecientes del río. La presencia de más de 250 máquinas retroexcavadoras ha dañado la flora y la fauna así como los cultivos de subsistencia o “pancoger”.
El consumo doméstico de las aguas se vuelve imposible. Surgen focos de malaria y dengue. Las alteraciones que ha sufrido el río no permiten distinguir el cauce natural y sus márgenes están plagadas del plástico y cartón que constituyen las precarias tiendas y restaurantes, almacenes y bares. Muy recientemente, un estudio científico cuyos resultados fueron publicados por la prensa local en noviembre 2010, comprobaba que los niveles de mercurio en la desembocadura del Río Dagua en el océano Pacífico son tres veces mayores al máximo recomendado. Además, han destruido sitios de esparcimiento de la población. A la comunidad local sólo le queda el cascajo y la miseria, la destrucción de sus cultivos y viviendas y el río altamente contaminado.
La tradición local y el disfrute del territorio se han visto igualmente afectados. La violencia y el conflicto armado en la zona se han agudizado, generando desplazamientos forzados y desestabilizando la vida comunitaria. El control de la zona y de la actividad minera por paramilitares es evidente. Las familias no pueden moverse libremente por el territorio. La labor de los Consejos Comunitarios se ve obstaculizada. Se han producido violaciones de derechos humanos entre las que se cuentan más de 100 muertes y homicidios. Una mujer de la comunidad que reclamó al conductor de una retroexcavadora por poner en peligro su casa fue asesinada por la espalda delante de todos.
Diversas organizaciones étnicoterritoriales del municipio de Buenaventura lanzaron en el mes de abril la Declaración de Buenaventura (http://www.pacificocolombia.org/nov…), llamando a la unidad de las organizaciones afrodescendientes e indígenas, la defensa del entorno como aporte a la defensa del planeta, y la declaración de emergencia social para el Pacífico.
El pueblo de Marmato condenado a muerte por el oro
El pueblo de Marmato está sentenciado literalmente a desaparecer. Estos son los planes de la empresa canadiense MEDORO, que se propone explotar a cielo abierto una mina de oro. La empresa no ha presentado el proyecto claramente a la comunidad, y existe una gran incertidumbre. Lo que sí está claro es que el oro se agotaría después de veinte a treinta y cinco años.
Situado en el departamento de Caldas y enclavado en la cordillera occidental, Marmato es uno de los municipios con los indicadores de pobreza más altos de Colombia. Los moradores del lugar se sienten saqueados y denuncian reiteradamente ante instituciones y opinión pública que el Gobierno colombiano presta su aval y apoyo activo a este proyecto de explotación a gran escala. Según la legislación colombiana vigente, en el área es posible practicar la explotación de la pequeña y mediana minería, como viene sucediendo, pero no a gran escala. Igualmente, MEDORO pretende convertir 143 concesiones en el área en una única explotación que constituiría una mina a cielo abierto. Las labores de exploración se extenderían por dos o tres años. Diferentes fuentes hacen referencia a 200 mil perforaciones.
Por su parte, la Gobernación de Caldas ha alertado de posibles derrumbes de la montaña, invitando a la gente de Marmato a desocupar el pueblo .Yamil Amar, Presidente de la Junta Cívica Prodefensa de Marmato, explica que «con el ánimo de sacar a la comunidad se inventaron el cuento de que todos estamos en riesgo, y no es así». El secreto a voces es que la explotación a cielo abierto los obligaría a trasladarse a la vereda El Llano, a donde han ido a parar muchos de quienes se creyeron en riesgo de deslizamiento.
Todos dudan que la minería a pequeña escala de la que viven muchas familias del lugar sobreviva a la explotación a cielo abierto. Incluso los “guacheros”, nombre con el que se conoce a mineros ilegales que operan en búsqueda de oro en la montaña, están preocupados porque saben que no tienen prioridad para los empleos que promete la MEDORO. Y las inquietudes siguen junto con la incertidumbre. Los guacheros empezaron a operar cuando la anterior empresa presente en Marmato, la Goldfields, quebró a finales del 2008 y se quedaron sin trabajo.
Por su parte, la comunidad marmateña y los indígenas de Caldas, que se oponen a la destrucción del pueblo, argumentan que “nuestro pueblo no son solo unas minas ni sus habitantes solo aquellos poseedores de minas y otras fuentes de trabajo. El pueblo marmateño somos la gente que hemos vivido en él y sentimos por él un afecto que no podemos medir en dinero: El paisaje que observamos, las calles empedradas que transitamos, la singular arquitectura que caracteriza nuestro pueblo, los vecinos con quienes construimos solidaridad, las historias que nuestros viejos cuentan a los jóvenes sobre un pasado antiguo de historias cruzadas de indígenas, afrodescendientes y blancos, los mineros y barequeros que desde siempre sabemos extraer el oro de la montaña, los arrieros que hacen posible el transporte de materiales por nuestros escarpados caminos, los campesinos e indígenas que desde nuestras veredas nos abastecen con sus productos agrícolas”.
A pesar de grandes dificultades, desde febrero de 2010 se ha consolidado la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, que agrupa a más de 50 organizaciones sociales y ambientales colombianas que se oponen a la minería en el país y dan a conocer todos los conflictos mineros en Colombia. La resistencia ya cuenta en su haber con algunos éxitos, como el triunfo de la movilización contra el proyecto minero en el páramo Santurbán, departamento de Santander, de la multinacional canadiense Greystar, que tomó la decisión de renunciar a la solicitud de la licencia ambiental.
A esta lucha, acompañada con la fuerza de los argumentos y librada en las calles de Santander, se unieron miles de colombianos que convirtieron a Santurbán en un caso emblemático de resistencia a la gran minería trasnacional.
Leer Informe completo Saca el metal y corre – Junio 2011
Extractado y adaptado del informe “El oro de Colombia: rebelión social contra explotaciones mineras sin control”, junio de 2011, de Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva, correo electrónico: guadalupe@regenwald.org,basado en informaciones difundidas a través de RECLAME y en investigaciones de Salva la Selva. El informe, enviado por la autora, puede leerse en su versión completa en http://wrm.org.uy/deforestacion/min… ; y el artículo “Triunfó la movilización contra el proyecto minero en Santurbán”, Red Colombiana Frente A La Gran Minería Transnacional, http://reclamecolombia.org/index.ph…
