La Colosa, en Cajamarca, queda en un área de reserva forestal de alta y muy alta importancia ambiental y en el nacimiento del río Coello, que baña siete municipios del Tolima, entre ellos Espinal, donde le da vida a Usocoello, el distrito de riego agrícola más grande de Colombia. Como estos proyectos mineros son de altísimo consumo de agua, para utilizar inmensas cantidades de cianuro al día, hay una contradicción insalvable con el agua de uso humano y agropecuario, entre otros problemas ambientales.
Si el debate sobre la conveniencia y legalidad de La Colosa se diera sin las presiones que suelen acompañar los grandes proyectos mineros, y más con los altos precio del oro y el muy cuestionado estilo de Anglo Gold Ashanti, este proyecto ya se habría hundido. Pero su trámite empezó mal. Un día, Álvaro Uribe anunció, como un éxito suyo, que esa sería la mina de oro más grande del mundo, afirmación que implicó que su gobierno y el de Santos esgrimirían su poder para imponerla. Sobre la supuesta lotería que se ganaron los tolimenses hay que decir que las regalías para Colombia son de apenas el 3.2 por ciento, y que de eso a ellos, por la reciente reforma, les tocará algo muy cercano al nada por ciento. Luego sus condiciones serán incluso peores que las de otros proyectos mineros, donde las gentes de las regiones no salieron de la pobreza y sí reciben los impactos negativos.
Las inconveniencias e ilegalidades de La Colosa se plantean desde hace años. En 2008, Cortolima, la autoridad ambiental, ordenó suspender la exploración. Y el año siguiente, Diego Alvarado Ortiz, Procurador Agrario y Ambiental del Tolima, le demostró al Minambiente que el proyecto violaba la ley. Pero Anglo Gold Ashanti, con el respaldo del alto gobierno, gasta millones para poner a su favor a la opinión pública. Tan cínica es su actitud, que hace poco le quitó el patrocinio al Festival del Folclor de Ibagué porque en los desfiles participan comparsas estudiantiles que critican a La Colosa.
Las movidas oficiales para imponer los proyectos mineros de las trasnacionales pasan de castaño a oscuro. El 6 de agosto de 2010, el Minambiente les quitó a las CAR el control del agua en la exploración minera, y la reforma de estos entes tiene como primer objetivo arrebatarles su autonomía para volverlas aparatos de bolsillo del Jefe del Estado e instrumentos de la aplanadora minera.
Lo que se mueve en Ibagué debe hacer sonar las alarmas de los demócratas. Carmen Sofía Bonilla, la valerosa directora de Cortolima, apoyada en estudios del Ideam, declaró “agotado el recurso hídrico” en el río Coello, lo que significa que no pueden otorgarse nuevas concesiones de agua –ni a Anglo Gold Ashanti ni a nadie–, porque el caudal que hay apenas si alcanza para los actuales usuarios, cuyo consumo humano y agropecuarios es legalmente prioritario. Y el problema tiende a complicarse porque el Ideam también ha dicho que en el Coello será grave el impacto del calentamiento global. Ante la declaratoria, un alto funcionario de la Gobernación presionó en la junta directiva de Cortolima para que la directora echara atrás la decisión, al tiempo que blandía unos papeles de la Contraloría que no tenían por qué estar en sus manos. El personaje quedó en ridículo y al desnudo cuando se mostró una resolución suya, de cuando él fue director de Cortolima, que declaraba “agotado el recurso hídrico” en el Coello.
Llamo al gobierno nacional a jugar limpio en el Tolima y a los tolimenses a sostener en alto su reconocida dignidad. Y llamo a los organismos de control a no permitir que funcionarios suyos sirvan de martillos contra una funcionaria que cumple con su deber.
