El Proceso de Comunidades Negras en Colombia –PCN, expresa su profunda decepción y preocupación frente a la apertura del Presidente Obama a la aprobación del TLC con Colombia, a pesar de la clara oposición de un sector considerable de la sociedad civil tanto en Colombia como en Estados Unidos, e incluso la oposición de sectores del Congreso de ese país.
Mientras reconocemos y valoramos que los mandatarios se ocupen, aun parcialmente, de la crítica situación de los trabajadores Colombianos, reiteramos, como lo hemos expresado en múltiples ocasiones, que los impactos negativos del TLC no se dan solo en el campo laboral.
En Colombia millones de campesinos, afrocolombianos e indígenas veremos como con las ventajas ofrecidas a multinacionales Estadounidenses en el capítulo de inversiones del TLC USA-Colombia, que no son objeto de discusión en el recién concertado Plan de Acción, tendrán profundos impactos territoriales, sociales, culturales y en los derechos humanos de estas poblaciones. El Plan de Acción, mientras no toca a profundidad las raíces del problema laboral y de seguridad, tampoco se interesa en los impactos que el TLC tendrá en los derechos de indígenas y Afrodescendientes antes de su aprobación y durante su implementación.
Mientras el Presidente Obama celebra los avances en materia de derechos humanos en Colombia, las comunidades, organizaciones y líderes negros e indígenas viven bajo una constante agresión a sus derechos, que el mandatario desconoce.
Solo dos meses atrás, en Febrero 28, la armada nacional quemo las casas de 119 personas del Bajo Calima, zona cercana al Puerto de Buenaventura, defendiendo los interese del megaproyecto Puerto Industrial de Agua Dulce S.A, sobre los derechos territoriales de de estas familias que llevan setenta años en esos territorios. El Puerto Industrial de Agua Dulce es parte de la infraestructura que el gobierno Colombiano prepara para el desarrollo del TLC.
De igual manera, mas de tres mil quinientas familias Afrodescendientes enfrentan desplazamiento en cinco barrios de Bajamar en Buenaventura, para dar paso al megaproyecto de expansión portuaria y turismo, con el cual se espera abrir las puertas y conectar los mercados internacionales por el Pacifico. En el mismo marco, la ampliación de la carretera Cali-Buenaventura, ha dejado tragedias ambientales y sociales como la de Zaragoza, que ha costado la vida de por lo menos dos mil personas.
La misma suerte corren las comunidades de Paz de Jiguamiando y Curvarado, en la región Chocoana y las de Cacarica en Uraba. Estos casos emblemáticos de usurpación ilegal y violenta, donde el gobierno Colombiano ha utilizado una política de pan y garrote contra las comunidades, le ha costado la vida a 197 miembros de la comunidad de Paz del Cacarica y a un número cercano de líderes de Jiguamiado y Curvarado.
La llamada Locomotora Minera, plato fuerte dentro de las políticas económicas de la administración Santos, tienen al borde de la expropiación y desplazamiento a comunidades de territorios ancestrales en el Norte del Cauca, el Choco, Guapi (zona costera del Cauca) y zonas ribereñas de Buenaventura. El actual código de minas niega el derecho consuetudinario de mineros locales que por siglos han practicado la minería artesanal como medio de subsistencia.
Proyectos predatorios como los mencionados, en aras de la implementación del TLC, han afectado y afectaran la soberanía alimentaria de comunidades con posibilidades de desarrollar alternativas económica, ambiental y culturalmente sostenibles. En cambio, han causado el desplazamiento interno de 1.5 millones de Afrocolombianos, 78% de los cuales se encuentran hoy en condiciones de indigencia. Propuestas como la del sistema de cooperativas, además de perpetuar el empobrecimiento de las comunidades Afrodescendientes forzadas hacia mercados laborales informales, solo contribuyen a debilitar la lucha por reivindicaciones laborales justas del movimiento sindical que el Plan de Acción Obama-Santos pretende proteger.
A los impactos económicos, culturales y ambientales se suman las constantes amenazas, asesinatos, persecución a los Afrodescendientes defensores de derechos humanos. Agrupaciones paramilitares bajo el nombre de las Águilas Negras mantienen bajo amenaza de muerte a cerca de un centenar de organizaciones, Consejos Comunitarios y lideres, entre ellos organizaciones de desplazados internos como Afrodes y PCN. Estudios recientes mostraron que 10 de cada cien mujeres negras reciben amenazas de muerte. Mal contados, ya son más de 50 los líderes negros asesinados en los últimos diez años por defender sus derechos. La impunidad ha reinado en todos los casos, legitimando a los violentos.
Las comunidades, Consejos Comunitarios, organizaciones y miembros del PCN nos sumamos a las voces de descontento de los Congresistas Estadounidenses Hank Jonson, McGovern, Louise Slaughter, Sherrod Brown y Linda Sánchez entre otros, y mantendremos una posición contraria al TLC Colombia-USA hasta tanto:
El TLC sea modificado de manera sustancial en sus disposiciones sobre inversión y se definan los mecanismos que de manera efectiva garantizaran la protección de los derechos de las comunidades donde las multinacionales estadounidenses y sus afiliados esperen tener intervención.
El gobierno Colombiano demuestre con acciones concretas su voluntad política de respeto y aplicación del derecho de las comunidades a procesos legítimos, libres e informados de consulta y consentimiento previo. Esta voluntad se expresa a través del cumplimiento a cabalidad del Auto 005, la Ley 70 de 1993 y el Convenio 169 de la OIT, donde los mecanismos y protocolos de Consulta Previa y Consentimiento Previo, Libre e Informado están especificados. Igualmente esta voluntad se expresa en la implementación de un proceso legítimo de consulta sobre el Plan de Desarrollo “Oportunidad para Todos” y la consulta y apropiación de recursos para la implementación del Plan de Desarrollo Integral para Población Negra, afro-colombiano, Palenquera y Raizal.
Se elimine el sistema de cooperativas y se formule una política coherente de protección del sector informal de la economía del país.
El gobierno de Estados Unidos haga una valoración, a través de un mecanismo independiente, de la situación real de los derechos humanos y en particular de los derechos y situación de los Afro-descendientes y determine, aplicando el derecho de Consulta y Consentimiento Previo, los pre-requisitos que el gobierno Colombiano deberá cumplir en materia de protección de derechos de estas comunidades previa aprobación de cualquier tratado.
