El Consejo Comunitario “Renacer Negro” de la comunidad negra del río Timbiquí, está ubicado en la parte alta del Municipio de Timbiquí, Departamento del Cauca; es un territorio ancestral de 71.010 Has, titulado colectivamente mediante Resolución No 01120 del 16 de Mayo de 2001 por el INCORA.
El Municipio de Timbiquí ha sido sometido a vivir una historia muy particular; en 1900 se asentó por títulos de la República la compañía inglesa The New Timbiquí Gold Mines Ltda, compañía minera cuyas oficinas principales se encontraban en París, y a quien el gobierno colombiano le tituló en ese entonces la margen derecha del rio Timbiquí, en su totalidad. En 1989 en esa misma margen del Río y también con un permiso gubernamental, se asentó hasta 1993, una Compañía Rusa que además de los enormes daños ambientales en el territorio, fincas de los nativos y sus casas, saqueo el oro y empobreció a las familias que vivían de esta actividad, generando además un gran deterioro social en todo el Municipio. La presencia de estas compañías y la responsabilidad sobre estos impactos, jamás ha sido asumida por el Estado Colombiano.
El periódico El País, en su edición del 29 de abril del 2010 que tituló Timbiquí podría ser epicentro de una masiva explotación minera, expresó ante la opinión pública nacional e internacional, la situación de riesgo que presentaban las comunidades de Timbiquí, por la amenaza de más 28 dueños de retroexcavadoras, podrían trasladar algunas de las 200 retroexcavadoras que al parecer hasta ese momento se encontraban aún asentadas en Zaragoza (valle), a este municipio caucano a saquear el oro y a destruir el patrimonio ambiental y ecológico del los pobladores del río Timbiquí y de otros ríos de la costa caucana.
El pasado mes de Mayo de 2010, el Municipio de Timbiquí, a través de los Consejos Comunitarios Renacer Negro y Negros Unidos en la Cuenca del Rio Timbiquí, Negros en Acción en la Cuenca del Rio Bubuey, Parte Alta Sur del Saija, Patía Norte San Bernardo y Bajo Saija en la Cuenca del Rio Saija, articulados en el Palenque Mayor el Castigo – Asociación de Consejos Comunitarios de este mismo Municipio, lanzó un S.O.S. por el ingreso al territorio de 2 retroexcavadoras en el rio Timbiquí, también alertaron a la comunidad Nacional e Internacional sobre la presencia de estas retroexcavadoras y la tendencia a invadir sus territorios para la explotación minera de manera ilegal. Denunciaron que lo que estaba ocurriendo en Suarez y Buenos Aires en el Norte de Cauca, lo ocurrido en Zaragoza en Buenaventura y lo que pudiera ocurrir en Timbiquí y la costa caucana, son una clara muestra que frente a la minería legal o ilegal y frente a su responsabilidad de proteger los derechos ambientales, territoriales y culturales de nuestras comunidades, el gobierno no aplica lo dispuesto por el convenio 169 de la OIT, la ley 70 de 1993 y lo ordenado por la Corte Constitucional, entre otras de sus disposiciones en el auto 005 del 2009. No aplica, frente a la minería legal e ilegal, la protección de los derechos constitucionales de las comunidades negras/afrocolombianas, mientras nuestras comunidades son profundamente afectadas en su integridad cultural y sus vidas, todas las entidades estatales y gubernamentales parecieran ponerse de acuerdo para no operar.
En julio de 2010, en el marco de la Campaña Renacer: “Desde las entrañas protegiendo el territorio” impulsada por ASO MANOS NEGRA y la agenda común para la protección de los derechos del Territorio-región del Pacífico, y después de una gran caravana de lanchas por el río Timbiquí en un recorrido de más de cinco días, se lanzó una acción preventiva urgente por amenazas de muerte a representantes comunitarios en territorios ancestrales de la región del Pacífico Caucano, así como se solicitó de manera enérgica, entre otras peticiones: i) Que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Europea, y demás instancias internacionales de protección de derechos humanos se mantengan alertas a los acontecimientos que pudieran suscitarse con la Campaña RENACER, y, ii) a la Comunidad Internacional que manifieste su apoyo a los procesos sociales que vienen desarrollando las Comunidades Afrocolombianas dirigidos a salvaguardar sus derechos fundamentales reconocidos por los Convenios y Tratados Internacionales que han sido suscritos y ratificados por Colombia, y para que exija al Estado Colombiano la garantía en la seguridad y el respeto a la integridad personal y la vida de las personas que hicieron parte de la Campaña y a los representantes de los Consejos Comunitarios que se encuentran en peligro.
Recientemente, cuando el mundo entero estaba concentrado en lo que ocurría en Japón como consecuencia del terremoto y tsunami, las autoridades de Timbiquí se informaban que el día 10 de marzo de 2011, se habían presentado graves hechos en la comunidad de Santa María ubicada en la parte alta de Timbiquí, Consejo Comunitario “Renacer Negro”. Vale la pena resaltar, que la comunidad de Santa María, en este momento es el epicentro de más de 28 retroexcavadoras (algunos manifiestan que hay el doble) provenientes de Zaragoza y que como se había advertido, este territorio colectivo hoy es víctima de la codicia minera que ha traído consigo la gran presencia e incidencia de un grupo armado que según el ejército nacional, pertenece a « los Rastrojos».
Según versión oficial del Ejército Nacional- Base militar de Guapi, dada a conocer por los medios de comunicación nacionales, el 10 de marzo la comunidad de Santa María enlutó tres familias y un pueblo entero, cuando al parecer, por acción de un irresponsable miembro de quienes se identifican como “los Rastrojos”, simultáneamente al momento que pedía agua en una humilde vivienda, manipulaba un arma de largo alcance frente a unos menores y por esta acción impactó de frente a una niña de apenas 13 años de nombre INGRID ANGULO CUERO quien en pocas horas falleció, así como a dos niños más, JAIRO JAVIER ZUÑIGA AMU de 12 años e IDER ANGULO OCORO de 10 años, los cuales resultaron heridos de gravedad y aún se debaten entre la vida y la muerte en una clínica de la ciudad de Cali.
Hay silencio, intimidación, miedo, complicidad por ocultar varios hechos, pero esta vez, se hizo público debido a que debieron bajar los heridos para recibir atención médica en el hospital de la cabecera; pero de los muertos -como se entierran y desaparecen allá en las minas- nadie da razones.
Algunos periodistas y académicos han advertido también, que detrás de esta actividad minera hay grandes intereses y poderes económicos, políticos y militares, y que ello, agudiza el riesgo para la población nativa y dueña de los territorios ancestrales de nuestra querida región del Pacífico, a quienes no se les escucha y se les está violando todo derecho. Hoy, el peligro es inminente, el crecimiento de esta actividad en la región, avanza a pasos agigantados; en estos momentos es de conocimiento público que sólo en la costa caucana existen 28 o el doble de retroexcavadoras en Santa María (Timbiquí), dos en el río Saija (Timbiquí), tres más que están llegando a San Bernardo (Timbiquí), cinco con presencia en López de Micay, dos en el río Guajuí (Guapi) y las que están en camino para instalarse en el río Napi (Guapi).
Insistimos en la imperiosa necesidad de hacer valer los Derechos individuales y colectivos de esta población Timbiquireña, hoy, cada vez más vulnerable frente a los intereses y maquinaria de la codicia minera que históricamente ha cobrado cientos de víctimas y que sigue campeando y violentando los nativos en sus propios territorios.
Exigimos que se cumpla el derecho a la Consulta Previa fundamentado en la Constitución Política a favor de los grupos étnicos, que además ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en sus sentencia T-769 de 2009 y en la que se ordena que debe hacerse antes de la exploración preliminar de la viabilidad económica de un yacimiento de minerales; que se cumpla la Ley 70 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, los mandatos de la Honorable Corte Constitucional respecto de la Sentencia T- 025 de 2004 y el Auto 005 de 2009, relativos a la protección de la integridad cultural de las comunidades afrodescendientes, y de manera especial, el derecho a la vida y a permanecer en nuestros territorios ancestrales.
Convocamos a todos los organismos nacionales e Internacionales de DDHH, a que realicen seguimiento permanente de los hechos ocurridos y las gestiones necesarias para la protección y defensa de las comunidades y procesos comunitarios afectados por la minería ilegal en Colombia.
Territorio-región del Pacífico, marzo 2011.
