Los detenidos, en su mayoría, son activistas de la organización Human Rights Everywhere, en la que milita Gómez. En total, seis mujeres y diez hombres (ocho ngäbes y un kuna). Todos intentaron evitar ser conducidos a la subestación de El Chorrillo, donde fueron separados, por género, en dos cuartos.
A las 7:51 p.m. (del sábado) la Presidencia divulgó un correo para anunciar que a Gómez se le detuvo por “incitar a la violencia”. No dice los motivos que condujeron a la privación de libertad de las otras 15 personas. El comunicado sostiene que a los extranjeros les está prohibida la participación “en todo tipo de actividades políticas o protestas”, por lo que se amenaza con expulsar al periodista español. Para eso aplicarían el artículo 71 del Decreto Ley 3 de 2008, que dice que el Servicio Nacional de Migración podrá expulsar al extranjero que “haga apología de delito o incite al odio racial, religioso, cultural o político” o “sea una amenaza para la seguridad colectiva, la salubridad o el orden público”.
No es la primera vez que el gobierno de Ricardo Martinelli intenta librarse del también columnista de este diario, un duro crítico de su gestión. El 4 de julio pasado, cuando se disponía a viajar a Colombia, los agentes del aeropuerto le informaron que no podía regresar al país. Gómez se quedó y canceló el viaje.
A El Chorrillo llegó Raimundo González Muñoz, abogado de la Defensoría del Pueblo, dado que a Gómez no se le permitía reunirse con su equipo legal. A las 8:00 p.m. se reunió con sus abogados y recibió alimentos.
(El sábado en la noche), mientras los abogados de Gómez presentaban ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de hábeas corpus, para evitar que sea deportado “de manera subrepticia” en la madrugada, el periodista español fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial.
Las reformas al Código de Recursos Minerales dejaron ayer (sábado) más heridos, cuando la policía, a diferencia de los días anteriores, decidió enfrentar a los manifestantes y romper los bloqueos que estos mantenían en distintos puntos del interior del país.
Al menos 12 indígenas heridos por perdigones; 15 policías golpeados, y una bebé de dos meses y dos mujeres afectadas por los gases lacrimógenos fue el saldo del tercer día consecutivo de las protestas convocadas por la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos.
