«Se está consolidando un despojo de tierra (a la par que) se está consolidando una inversión extranjera, especialmente en minería y palmicultura, que está relacionada con el desplazamiento forzado», dijo Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).
Según Rojas, un 32% de las 280.000 personas desplazadas que se registraron en Colombia en 2010 ocurrieron en zonas donde esas dos actividades económicas se han incrementado notoriamente.
Se trata de regiones donde el gobierno busca consolidar el desarrollo económico, tras el supuesto desalojo llevado a cabo hace pocos años de grupos armados ilegales.
En 2009 se registraron 286.000 desplazados, lo que representa una reducción del 2% de ese fenómeno, puntualizó Rojas al presentar a la prensa el informe: «Desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 2010».
De acuerdo con el director de la ONG, «el desplazamiento sigue siendo un problema estructural en la crisis de derechos humanos en Colombia», donde, «cada año, en los últimos 25 años, 208.000 personas en promedio, fueron desplazadas».
Los paramilitares siguen siendo el primer grupo armado ilegal que provoca el desplazamiento forzado, aseguró Rojas al referir que las denominadas nuevas bandas criminales (Bacrim) son una nueva expresión de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha).
Le siguen las guerrillas izquierdistas que en algunos casos actúan en alianza con las bandas criminales, y en tercer lugar la fuerza pública.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos asegura que las Bacrim no son grupos paramilitares sino criminales al servicio del narcotráfico.
Entre 2003 y 2006, en el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe unos 32.000 miembros de las AUC se desmovilizaron a través de la Ley Justicia y Paz, que otorgó a sus jefes beneficios procesales a cambio de la confesión de crímenes y la reparación a las víctimas.
