Evencio Toro* le vio el rostro a la muerte: «Me apuntaron a quemarropa, pero gracias a Dios el arma no accionó», confesó el curtido educador. Su pecado, dice, fue intentar arrebatar de las garras de un grupo criminal a un joven de su barrio que le confesó sin desparpajo que andaba en malos pasos. El muchacho lo puso en evidencia con los jefes de la banda y lo declararon objetivo militar.
El profesor huyó hace un mes de Tumaco junto con sus hijos y esposa, mientras que el joven a quien trató de ayudar patrulla con un arma en la cintura las calles de Los Ángeles y California, dos barrios separados por la miseria, donde no se conoce lo que es una pizca de cemento y las casas de madera se empinan para huirle a la marea.
Ese territorio hace parte del nuevo eje criminal impuesto por quienes dicen llamarse Las Águilas Negras y Los Rastrojos. Para el país esos dos grupos no son nuevos, y en Tumaco se habla de ellos hasta el cansancio porque urbanizaron un conflicto que hace un par de años era rural. Hoy la guerrilla produce coca en la selva, mientras que Los Rastrojos y Las Águilas la comercializan y exportan por mar.
La situación es como una olla a presión a punto de estallar. El sicariato sigue campante, hay zonas vedadas, las bandas reclutan jóvenes que muchas veces sacan de los colegios y los comerciantes son extorsionados. Este año fueron secuestradas tres personas y las masacres en la zona rural no desaparecen. En 2009 Tumaco registró una tasa de 139 muertes por cada 100.000 habitantes, y supera con creces la tasa departamental, que es de 41 muertes, y la nacional, que era de 33.
Esta situación, que amenaza con convertir a Tumaco en un infierno, coincide con el desplazamiento de los cultivos de coca que a comienzos de la década llegaron del Putumayo a raíz de la fumigación del Plan Colombia. Detrás de la coca arribaron los grupos armados ilegales que «encontraron en esta tierra a gente que accede fácilmente a los negocios ilícitos», argumenta el obispo Gustavo Higuita.
Hoy el municipio nariñense, llamado por muchos `La esquina del Pacífico`, está parcelado por esas bandas criminales. Los barrios Viento Libre, La Paz, Panamá, El Obrero, Unión Victoria, Jardín y Ciudadela viven a merced de un nuevo régimen de terror fundado en la extorsión, que opera bajo el mismo esquema criminal implantado en las comunas de Medellín. «Hace unas semanas me llamaron al celular y me dijeron: `Debe ayudar a la organización con una modesta suma de cinco millones de pesos`», relata una maestra que aguanta en silencio la presencia de hombres armados que se meten a los salones de su escuela a imponer disciplina. En total, este año se han presentado 36 casos de extorsión.
Álex Castillo, personero local, explica que de estos chantajes no se salvan ni las empleadas domésticas, mototaxistas, vendedoras de pescado o minutos de celular. El problema es tan grave que incluso ya hizo crisis en la productividad local: muchos comerciantes prefirieron cerrar sus negocios y marcharse. «Ya sumamos 375 matrículas canceladas», dijo Talia Estupiñán, jefe jurídica y directora encargada de la Cámara de Comercio de Tumaco.
La violencia también golpeó a Talia. Desde el viernes 19 de noviembre se transporta en una patrulla policial porque fue amenazada de muerte. Un drama similar al que padece Rafael Vallejos, director de la Defensa Civil, quien el 17 de este mes recibió una llamada en la cual le advirtieron que abandonara el municipio, «Si te quedas, te pelamos», cuenta.
El tema de las amenazas, de las que hay 90 denuncias este año, tiene un macabro antecedente en esa localidad. En 2009 la secretaria de Educación Irma Correa sufrió un atentado que la dejó cuadripléjica. Su asesora Alexandra Satizábal fue asesinada. Y el 23 de octubre pasado un sicario lanzó una granada en una taberna; hubo tres muertos y una decena de heridos. El hecho se atribuyó a Los Rastrojos.
De los tiempos recientes, de los coletazos de la inseguridad no se salvan ni siquiera los políticos. El sábado 6 de noviembre, ocho hombres armados con fusiles y mini uzi raptaron a plena luz del día al ex alcalde Nilo del Castillo Torres y a su esposa, Giaconda Segovia Illesca, quienes se encontraban en su finca, ubicada en la zona rural de Tumaco. Doce días después el político fue liberado, pero retuvieron a su esposa. «Ellos se identificaron como Los Rastrojos y me dijeron que el secuestro era por dinero», relató a SEMANA el ex alcalde y posible candidato en 2011.
El drama personal de Del Castillo despertó sentimientos de solidaridad, pero también suspicacias. Por un lado, buena parte de la comunidad se une a las cadenas de oración, marchas y misas para pedir por la liberación de doña Giaconda; pero por el otro, crece el perverso rumor de que todo es un macabro montaje político tendiente a ganar favorabilidad y retomar el poder en las elecciones de 2011.
Varios observadores consideran que la política local es responsable de la bomba social en la que se convirtió Tumaco. De hecho, la corrupción no ha sido ajena y es la causante de que aún hoy sea un municipio lleno de necesidades. El Plan de Desarrollo del actual alcalde, Neftalí Correa, quien llegó al poder avalado por el partido Colombia Viva, del ex senador Habib Merheg, investigado por parapolítica, advierte que más del 60 por ciento de la población no cuenta con agua potable y el 35 por ciento de los barrios no tienen servicio de alcantarillado y aseo. Necesidades que no se compadecen con las regalías que recibe este municipio. Solo a junio de este año le fueron girados 13.600 millones de pesos.
El trasfondo de esta trágica historia de Tumaco tiene que ver con la pobreza que se pasea por sus calles. «Los jóvenes tienen dos caminos: se ponen a trabajar como mototaxistas o se enlistan en esos grupos», confiesa una líder que hace trabajo comunitario con la Pastoral Social. Y es que esas bandas criminales vieron en Tumaco una fortaleza natural inmejorable: «Espesa selva, cientos de ríos con salida directa al mar y un tramo del oleoducto de Ecopetrol, que continuamente ordeñan para abastecerse de insumos», insiste el coronel Javier Martínez, comandante del batallón contra el narcotráfico que existe en la zona, quien reveló que este año fumigaron 40.000 hectáreas sembradas con coca en la región. De acuerdo con el monitoreo de esos cultivos, en 2008 el departamento de Nariño tenía la mitad de las siembras de coca del país, en un negocio a cargo del frente 29 de las Farc y la banda de Los Rastrojos.
Hace unas semanas, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, y la cúpula militar presidieron un consejo extraordinario de seguridad en ese municipio, pero para el gobernador Antonio Navarro «mientras no se incremente el pie de fuerza y se reemplacen los cultivos ilícitos, esto no cambiará». Por eso, tal y como están las cosas, no es descabellado advertir que si no se toman acciones rápidas y efectivas, Tumaco, `La esquina del Pacífico`, fácilmente terminará siendo la puerta al infierno.
