El 25 de agosto de 2010, a propósito de los últimos acontecimientos alrededor de las ejecuciones extrajudiciales y/o “falsos positivos” Jorge Mejia Martínez escribió: “no podemos perder la capacidad de asombro e indignación ante miles de ejecuciones de personas indefensas, generalmente inocentes, cometidas por miembros de la fuerza pública en aras de darle más brillo a la política de seguridad democrática del Gobierno nacional. Fue tan recurrente esa práctica estimulada por una comandancia ávida de reconocimientos y estímulos por resultados, supuestos o no, que la comunidad internacional logró demostrar la configuración de “Elementos que indican que en Colombia existe un patrón persistente de ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática y de impunidad de esos crímenes”.
La aseveración no la hizo ningún vocero de la oposición. Fue el resultado de la investigación realizada por la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, compuesta por 13 profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos forenses y expertos en derechos humanos) procedentes de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido; desarrolló su trabajo entre los días 4 y 10 de octubre de 2007 por invitación de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)”.
“Posteriormente el profesor Philip Alston, relator especial de la Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias en Misión a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009, refiriéndose a lo ocurrido en Antioquia, consideró que en el oriente del departamento la proliferación de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos –en esta región se presentó por lo menos el 80% del total de casos denunciados por el Gobierno departamental 20042007hizo parte de la estrategia de “retomar” el control territorial perdido por la presencia activa y violenta de organizaciones guerrilleras mediante el secuestro, bloqueos a carreteras, extorsión, minas anti personas. El éxito de la seguridad democrática contra estas organizaciones estuvo contaminado por las crecientes denuncias de asesinatos de pobladores acusados falsamente de pertenecer a grupos armados ilegales”.
“La seguridad no puede estar por encima de los ideales: frase hermosa y contundente de Obama. En Colombia hemos creído otra cosa: sin seguridad no hay nada y para lograrla todo se justifica. El Gobierno nacional y el Ministerio de Defensa decapitaron cabezas de militares supuestamente responsables. No les ha temblado la mano. En las mochilas de los militares se depositan las cartillas sobre los Derechos Humanos, cantaleta va y cantaleta viene. Pero los falsos positivos continúan, no desaparecen. ¿Por qué? Porque la culebra sigue viva: la vigencia de la diabólica directiva ministerial o circular 029 de 2005, auspiciadora de la muerte de personas a cambio de recompensas o dádivas”.
“Mientras siga viva la culebra en forma de circular 029 será muy difícil demostrar que los falsos positivos no son consecuencia de una práctica que, por fuerza de su extensión y magnitud, se convirtió en una política Institucional objeto por tanto de la mirada rigurosa de la justicia internacional cuyos resultados inmediatos, en lugar de satisfacción, lo que nos produce es vergüenza”[1]
Cuatro años y aún falta por conocer la verdad.
El 5 de agosto de 2010, se cumplieron cuatro años del asesinato de Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Eduardo Prieto, por parte de integrantes del Grupo de Caballería Mecanizada N°. 18 Gabriel Rebeiz Pizarro, del Ejército nacional.
En el proceso penal que se adelanta por este crimen del Estado, fueron condenados a 40 años de cárcel varios de sus ejecutores, pero esto no es suficiente, pues sus familiares, las organizaciones populares de Arauca y el movimiento sindical reiteran que irán hasta donde sea necesario para mostrar la verdad que se quiere esconder y que produjeron este abominable hecho[2].
[1] Jairo Mejía Martínez, La culebra de los falsos positivos, Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 216, Corporación Viva la Ciudadanía, Bogotá, 25 de agosto de 2010
[2] Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, En memoria a cuatro años de asesinato de los sindicalistas de Arauca, Bogotá, 5 de agosto de 2010.
Tomado del boletín Ejecuciones Extrajudiaciales No 11
