Así se desprende de un nuevo capítulo documentado por la justicia sobre los presuntos nexos entre empresas de palma y las autodefensas. En un extenso documento, conocido por este diario, un fiscal de Derechos Humanos detalló que la cuestionada firma Urapalma S.A. creó asociaciones ficticias de pequeños cultivadores, como Acopalma y otras ubicadas en la cuenca del río Curvaradó, que tuvieron un papel protagónico para legalizar los despojos de los terrenos ancestrales de las comunidades afrodescendientes.
En ese contexto, concluyó la Fiscalía, el empresario Hernán Íñigo de Jesús Gómez Hernández fue fundamental para la ejecución del proyecto de palma que a toda costa impuso Vicente Castaño. Gómez, viejo conocido de la Casa Castaño, quien trabajó en la desmovilización de facciones del Epl y el M-19 o en los diálogos de Tlaxcala, México, y, por último en el proceso de paz con los paramilitares, fue gestor de la firma Urapalma y un enclave, pionera de toda suerte de adquisiciones de tierras ilegales y desplazamiento en Urabá que tenía como fin generar millonarias rentas al paramilitarismo por cuenta del mercado de los biocombustibles.
En su indagatoria, el empresario recordó que en 1996 fue convocado por el obispo Isaías Duarte Cancino a una reunión en la Arquidiócesis de Cali con Carlos Castaño, que después asistió al acuerdo del Nudo de Paramillo en 1999, que tuvo problemas con Castaño porque se negó a aceptar una solicitud de él para que fuera intermediario con la DEA en la entrega de un grupo de ‘narcos’ colombianos, pero que aun así zanjó sus diferencias y en 2003, en virtud del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, junto con la Iglesia, participó del proceso de desmovilización como interlocutor de Ernesto Báez.
No obstante, la Fiscalía tiene evidencias de que a través de su esposa Katia Sánchez manejaba los hilos de Urapalma junto con Antonio Zúñiga, y los testimonios de Gilberto Álvaro Alzáte o el ex congresista Carlos Alonso Lucio refrendan que era un asesor de los ‘paras’. El extraditado H.H. y Pedro Bonito lo señalaron como emisario de Vicente Castaño para cooptar la estratégica zona del tapón del Darién en el Urabá como un proyecto de las autodefensas que tenía una curiosa consigna promovida por Castaño: “La palma se siembra con sangre”.
Uno de los procesados en este caso, en el que ya fueron detenidos 24 palmicultores, Carlos Merlano, dio más pistas sobre cómo se usurparon las tierras ancestrales en el Urabá, en la que participaron empresas de la costa y personas naturales como los hermanos Zúñiga, quienes eran palmicultores reconocidos. H.H. contó que Javier Zapata Pretelt, en calidad de gerente de Urapalma, desempeñó estrategias para legalizar casi 6 mil hectáreas que la firma dijo adquirir a través de compra de derechos de posesión. El ex jefe paramilitar añadió que Gómez, junto con Carlos Spath, fueron enviados por las Auc para negociar con azucareros del Valle.
En criterio del fiscal, Hernán de Jesús Gómez, excedió sus misiones humanitarias para constituirse en promotor de los proyectos de los paramilitares y a él se le atribuye “la ejecución de las políticas de penetración de las autodefensas en los negocios más rentables de la economía como el azúcar y la palma”. Es más, la Fiscalía fue más allá: “Con él principió la debacle para los desposeídos del bajo Atrato chocoano”. En últimas era Gómez, Zúñiga y otros colaboradores quienes le rendían cuentas a Vicente Castaño sobre “su fecunda labor en la compra de posesiones que después pasarían a ser el marco de tierras en que se acomodaría la titulación de los terrenos ocupados por Urapalma”.
Por su parte, de Dagoberto Montiel, entonces secretario de Acopalma, se sabe que se prestó para legalizar grandes extensiones de terrenos en Urabá propiciando el desplazamiento y el deterioro del medio ambiente con los proyectos de cultivo de palma. Desde esta asociación, además, gestionó jugosos préstamos que terminaron siendo utilizados en la adquisición de terrenos de comunidades afrodescendientes. La Fiscalía también descubrió que Robin Manuel Calonge y Luis Eduardo Tuberquia, en calidad de desmovilizados, también promovieron estos despojos y la apropiación de los títulos de estos fundos rurales.
Todos ellos fueron detenidos por orden de un fiscal de Derechos Humanos que está en la tarea de desentrañar la radiografía de la violencia que se extendió en el Urabá por casi una década por cuenta de empresas palmicultoras que, según parece, terminaron al servicio de Vicente Castaño en el rentable negocio de los biocombustibles y el aceite de palma.
