El Alto Comisionado expresó, a través de un comunicado, su «preocupación por la suerte de los campesinos, pobladores y comunidades indígenas de los municipios del sur del Meta y Guaviare, en respuesta a las condiciones de alto riesgo causadas por el conflicto».
El representante de ACNUR en la oficina de Villavicencio, Giovanni Lepri, señaló que «las condiciones humanitarias de los indígenas Jiw, o Guayaberos, que todavía permanecen en el resguardo Mocuare, son precarias por el incremento de los hostigamientos y enfrentamientos desde principios de agosto».
Esas acciones armadas se llevan a cabo especialmente entre Mapiripán y Mocuare, en las dos orillas del río Guaviare.
En una reciente visita a Mocuare por una delegación de ACNUR y la Defensoría del Pueblo, la comunidad denunció que vive entre el «fuego cruzado».
«Los frecuentes hostigamientos, enfrentamientos y bombardeos tienen a la comunidad atemorizada y hay secuelas psicológicas fuertes sobre todo en los niños», agregó el representante de ACNUR.
El Alto Comisionado además explicó que esta situación de conflicto ha generado graves implicaciones para los pobladores.
«La comunidad indígena Jiw cambiaba yuca y maíz por todos los otros bienes de primera necesidad en el pueblo ubicado al frente del resguardo, con el desplazamiento masivo de todo el pueblo en el mes de agosto, la comunidad no tiene más acceso a todos los bienes básicos para su subsistencia y tampoco hay posibilidad de pescar o movilizarse en el río», remarcó.
ACNUR insistió así en que el recrudecimiento del conflicto ha llevado a la comunidad a «una situación de confinamiento y alto riesgo».
En Colombia hay 90 pueblos indígenas de los cuales alrededor de 34 están en riesgo a causa de las acciones armadas y el desplazamiento forzado, recuerda la oficina de la ONU en su comunicado.
Mientras que Acción Social tiene registradas oficialmente a 3,5 millones de personas como desplazadas en Colombia, la Corte Constitucional informó la semana pasada que entre 2004 y 2009 la cifra pasó de 1,5 a más de cuatro millones.
Por su lado, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) eleva a 4,5 millones el número de colombianos que se han visto obligados a abandonar sus hogares, lo que hace que este país padezca una de las mayores tragedias humanitarias a nivel internacional.
