Pacífico, 25 de abril de 2020
La Paz es un bien de la sociedad, no de las partes del conflicto
La Coordinación Regional del Pacífico conformada por organizaciones étnico territoriales y jurisdicciones eclesiásticas, la Comisión Interétnica de la Verdad de la región Pacífico y sus organizaciones mandatarias, con el respaldo de defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, académicos y otros ciudadanos, abajo firmantes, rechazamos de manera contundente los señalamientos que realizan las partes del conflicto armado sobre nuestra labor de exigibilidad de derechos y facilitación social para el logro de la paz en Colombia.
La crisis humanitaria que vive el país se agudiza en la región del Pacífico y el Suroccidente porque los actores armados legales, paraestatales e ilegales siguen su actuación militar sin respetar los derechos de las comunidades, ni siquiera se atienen a las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario. Continúan las amenazas, el confinamiento, los desplazamientos, el reclutamiento de menores y la aniquilación de nuestro liderazgo social.
La Pandemia del COVID 19 conllevó a que organismos internacionales, como la ONU y la Santa Sede, convocaran a que cesaran en el mundo las acciones armadas, llamado al que se sumaron sectores de la sociedad colombiana, incluidas nuestras comunidades. El ELN respondió decretando un cese al fuego unilateral por 30 días desde el pasado primero de abril, según ellos de carácter defensivo. Hecho positivo y buen mensaje de camino hacia la paz. Sin embargo, no se ha logrado el propósito de alivio en nuestra región, pues se arreciaron los combates entre este grupo y estructuras paraestatales. Por su parte, el Gobierno Nacional no ha atendido nuestro llamado de promover un cese al fuego multilateral.
El pasado 21 de abril, el segundo comandante de la guerrilla del ELN en pronunciamiento público expresó un abierto rechazo a las actuales iniciativas de facilitación de paz, paradójicamente contrario a los supuestos postulados de este grupo de construir la paz con la participación de la sociedad. En su comunicación, el alto mando de esta guerrilla descalificó abiertamente la labor de Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, a quién le reconocemos su gran compromiso y destacamos como aliado de nuestras comunidades en la labor de exigibilidad de Derechos y en la búsqueda de la paz. Rechazamos este ataque aleve y cobarde.
Nuestra gestión de facilitación social para la paz no es un asunto diplomático, es ante todo la manera de sobrevivir y exigir que se respete definitivamente el derecho que les asiste a las comunidades, y a la sociedad en general, a no vivir bajo la zozobra de la confrontación armada.
Todos los actores armados dicen representarnos, pero a ninguno le hemos otorgado ese rol. Nuestros procesos se representan a sí mismos, pues somos gestores de construcción de paz con justicia social y ambiental, no nos identificamos con ningún bando bélico ni acción militar.
La presencia de los actores armados nos genera más dificultades para atender los problemas estructurales que acrecientan la inequidad social, como la corrupción, el abandono estatal, la acumulación inmoral del capital por parte del sector financiero. Asuntos reflejados hoy de manera evidente en la grave crisis de los Derechos Humanos en general, de manera especial en el derecho a la alimentación y a la salud, agudizada por la actual pandemia del Covid 19.
Ante este panorama, de nuevo levantamos la voz para pedir a todas las partes un cese al fuego que conduzca a un alivio humanitario inmediato para las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, y que, a su vez allane el camino para un proceso que complete y consolide la paz que anhelamos seguir construyendo.
Reiteramos la solicitud a la Fuerza Pública para que obre en el marco de la legalidad y el respeto del Sistema Internacional de los Derechos Humanos y no permita que ninguno de sus miembros actúe en connivencia con organizaciones procedentes de las antiguas estructuras paramilitares.
A las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia les insistimos que respeten nuestra vida y autonomía y no hagan presencia en nuestros territorios. Les convocamos a retomar su decisión de acogimiento colectivo a la justicia.
Al Ejército de Liberación Nacional le exigimos se comprometa en la aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario, respete la vida, la seguridad y autonomía de las comunidades, de sus líderes y organizaciones, y se retire de nuestros territorios para que avancen sin dilaciones hacia la paz.
A las demás estructuras armadas disidentes de anteriores procesos de paz y otros actores que delinquen en la región involucrados en el impulso del narcotráfico, les exigimos que no sigan atacando a nuestras comunidades, terminen sus acciones criminales y abandonen nuestros territorios.
Reiteramos el llamado al Gobierno Nacional y al Estado en su conjunto a cumplir el mandato constitucional, según el cual la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Coordinación Regional del Pacífico Colombiano-CRPC.
Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico – CIVP.
Consejo Comunitario General del San Juan –ACADESAN.
Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico territorial del Bajo Atrato –ASCOBA.
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato –COCOMACIA.
Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato –COCOMOPOCA.
Asociación de Cabildos, autoridades tradicionales indígenas Embera, Dóbida, Katío, Chamí y Dule – ASOREWA.
Federación de asociaciones de cabildos indígenas del departamento del chocó –FEDEOREWA.
Cocominsa.
Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca –COCOCAUCA.
Fundación Espacios de Convivencia y Desarrollo Social – FUNDESCODES.
Parroquia del Carmen Río sucio.
Diócesis de Quibdó.
Diócesis de Istmina.
Diócesis de Apartadó.
Diócesis de Tumaco.
Diócesis de Buenaventura.
Vicariato Apostólico de Guapi.
Arquidiócesis de Cali.
Aliados de la CRPC: (Podión, CINEP, Uniclaretiana).
Asociación de desplazados 2 de mayo.
Asociación de Desplazados del Baudó – ASODESBA.
Asociación Cabildos indígenas Valle del Cauca -ACIVA-RP.
Asociación de Consejos Comunitarios del Río Baudó –ACABA.
Asociación de Desplazados Afrodescendientes del Chocó –ADACHO.
Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico-territoriales de Nariño –ASOCOETNAR.
Asociación Cultural Rostros Urbanos.
Centro de Estudios Étnicos.
Comité de Desplazados de Gestión y Veeduría Departamental –CODEGEVED.
Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana CEPAC- Buenaventura.
Corporación Organizando, Haciendo y Pensando el Pacifico CORHAPEP.
Corporación Red de Consejos Comunitarios del Pacífico –RECOMPAS.
Foro Interétnico Solidaridad Chocó- FISCH.
Fundación Kiango.
Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó.
Proceso de Comunidades Negras- Palenque Regional EL CONGAL.
Asociación Juntos por el Progreso Jóvenes y Mayores JUNPRO.
RESPALDAN:
Corporación Jurídica Libertad
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Red ConPaz-Somos Génesis del Bajo Atrato. Valle, Cauca.
Corporación Memoria y Paz-COMEPAZ
