Su voracidad no tiene límites y siempre han concebido la explotación de los recursos naturales como un ejercicio de poder, de dominación, de violencia y corrupción, como lo muestran a lo largo de la historia de la humanidad el colonialismo, el capitalismo, la esclavitud, el nazismo, el fascismo, el neo-colonialismo; millones de seres humanos han muerto por la voracidad de una “civilización” que impone su modelo de desarrollo entendido en los términos descritos arriba, y con los más perversos métodos criminales.
Desde los años 70 cuando las potencias imperiales decidieron que los países del tercer mundo debían re-primarizar sus economías y debían volver a ser exportadores de sus recursos naturales, este país sufrió una transformación de los objetivos de desarrollo que siempre han sido “dictadas” desde el exterior; se impusieron varias condiciones por parte de la banca multilateral que condiciona cualquier préstamo a “garantías” para sus corporaciones multinacionales y gobiernos, luego se creó una nueva legislación forjada a partir de un tercer elemento, la violencia y la corrupción -que siempre van de la mano- todo ello para seguir permitiendo el “progreso” de las economías imperiales.
Los ajustes de la Banca Multilateral y la creación de la Legislación minero-energética.
Uno de los elementos de esta “receta” ha sido la creación de la legislación de nuestro país, para ello prepararon tres ingredientes: uno, la Agencia de Cooperación de Canadá (CIDA)[1]; dos, los abogados de las Corporaciones Multinacionales[2], y tres, los parapolíticos[3] que son el producto de la “fusión” de dos insumos sangrientos: el financiamiento de la violencia militar-paramilitar por parte de las Multinacionales y el posicionamiento de los “congresistas” en las comisiones Quinta de Cámara y Senado, llegados ahí a través del fraude y la violencia contra los electores[4], cuyo fin fue aprobar una legislación del saqueo de los recursos naturales; de esta manera, con una “mayoría” absoluta, garantizaban la devolución multiplicada por mil de la inversión efectuada por las multinacionales en la guerra, es decir una jugada de doble carambola[5].
La ruta del cambio “legal”
El artículo 1 de la ley 20 de 1969 consagraba que todas las minas pertenecían a la Nación, ficción legal que indica que todos (as) los colombianos (as) son dueños (o éramos) de los recursos naturales; el artículo 3 determinaba hasta dónde llegaban los derechos de los particulares; luego el Decreto 2655 de 1988 que estableció el Código de Minas en su artículo 3 rezaba “todos los recursos naturales no renovables del suelo y del subsuelo pertenecen a la Nación en forma inalienable e imprescriptible” y su artículo 5 definía los criterios de extinción de los derechos de los particulares, remitiéndose a la Ley 20 de 1969. Si bien no era lo mejor que pudiéramos esperar contenía criterios que permitieron hasta hace poco la existencia de la pequeña, mediana y gran minería de acuerdo a las hectáreas que la explotación pudiera ocupar, las consideraciones para operar en un área eran más o menos objetivas; consagraba el aporte minero que eran áreas de explotación exclusiva del Estado, definía el contrato de concesión, permitía la minería de subsistencia; el capítulo XIX, por su parte, definía las Asociaciones, Cooperativas y Consorcios mineros, y una cosa importante, consagraba las contraprestaciones económicas, el canon superficiario, las regalías, las participaciones e impuestos específicos, es decir, una gama de ingresos tributarios para un país que debe explotar sus recursos y derivar de ello una ganancia que permita desarrollarlo.
Pero llegada la tan cacareada Constituyente que dio nacimiento a la nueva Constitución Política de 1991, se consagró en el artículo 332 que era el “Estado”, es decir quienes administran la nación (y no la ficción que nos vendieron del Estado-nación), el que debía ser el verdadero dueño de los recursos, legalizando lo que se venía dando a través de la violencia y la colosal corrupción de los gobiernos de este país.
A partir de 1996 se inicia una operación de expropiación de las minas del sur de Bolívar a través de una trama entre una abogada que es contratada por el Ministro de Minas Rodrigo Villamizar Alvargonzález para elaborar el código de Minas, a pesar de ser abogado de una compañía minera y que luego fuera de la AngloGold Ashanti, la agencia CIDA de Canadá y la familia de un vocero político de los paramilitares, reconocido ganadero y por supuesto ¡¡embajador de Colombia en Canadá!!. El propósito de la mencionada familia fue expulsar a los pequeños mineros, usurpar la propiedad de esas minas que son la mayor reserva de oro del país, y venderlas a la AngloGold[6].
Fue precisamente ese Código que intentó cambiar el carácter de las zonas excluidas en restringidas para permitir la minería en zonas de páramo, en nacimientos de agua, en zonas de reserva forestal, etc. Previendo lo que luego sería una norma, el Código intentó, además, desaparecer la diferencia entre pequeña, mediana y gran minería y poner a competir, como se hace ahora, a un pequeño minero con una multinacional; consagraba enormes rebajas tributarias y en sus consideraciones decía que el Banco Mundial ordenaba la liquidación de la compañía estatal minera[7]…
Pero gracias a la movilización de pequeños mineros, campesinos y sindicalistas se logró que el gobierno Samper Pizano retirara el proyecto del Código de Minas.
Pero los intereses particulares no detuvieron su incidencia política. El Gobierno de Pastrana Arango contrató a dos familias de abogados de multinacionales, los Martínez y los Córdoba para que elaboraran con CIDA, los parapolíticos y ellos, lo que hoy se conoce como Ley 685 del 15 de agosto de 2001 o Código de Minas, que pasó por encima, entre otras, de la legislación indígena y negra. Y este Código de Minas sí fue aprobado en el Congreso.
¿Qué ha significado el Código de Minas para Colombia?
Ha significado la debacle del país, especialmente en regiones como el Pacífico colombiano, donde se implantó la presencia de bandas criminales enviadas como la caballería de las multinacionales[8]. Entraron a la región a acabar con los ríos, con la flora, con la fauna y principalmente con los seres humanos y su entorno, destruyendo la región para luego permitir la entrada de las Multinacionales que vendrán con el argumento de hacer “minería responsable”. Para ello fue necesario cambiar todo el marco legal, dejaron un solo contrato, quitaron todas las contraprestaciones e impuestos, desapareció la diferenciación entre pequeña, mediana y gran minería, cambiaron la legislacion ambiental para hacerla mas “suave” a las Multinacionales etc.
El capítulo VII eleva la duración de la concesión a 30 años con dos prórrogas, lo que significa la entrega a perpetuidad de los recursos mineros a las multinacionales, se declara de utilidad pública la industria minera para facilitar la expropiación a campesinos, indígenas y comunidades negras. El capitulo XXII es una completa reforma tributaria a favor de las transnacionales, el articulo 227 logra bajar las regalías de empresas que operan en propiedad privada del subsuelo con el objetivo de asegurar para las multinacionales las minas del sur de Bolívar, las de Marmato, las de Frontino y garantizar que los impuestos del Cerrejón zona media sigan siendo pírricos o a ceros.
Lo que hay ahora
Pero aquí no termina todo. Se creó la Ley 963 de 2005, de estabilidad jurídica de las inversiones, para que:
- A las multinacionales no se les pueda cambiar una sola letra de los contratos por 30 años y permanezcan con las ventajas leoninas de ahora,
- Se da total gratuidad a las compañías que están construyendo las vías para el saqueo, para que no paguen impuestos por extraer el material para las vías, puentes y obras civiles en general.
También se creó la Ley 681 de 2001 para que:
- Solamente paguen el 50% de impuesto de los combustibles,
- Permiso de interpretar a su manera la Ley de regalías
- Pasan de pagar el 15% de impuestos, a pagar el 6.7% si “adelantan” los pagos de regalias y se les deducen todo este impuesto de su declaración de renta anual.
- Tienen beneficios tributarios por exportaciones que les rebaja sus aportes de impuestos.
- Tienen rebajas tributarias adicionales por el Sistema Generalizado de Preferencias con la Unión Europea – SGP PLUS
- Son usuarios aduaneros permanentes – UAP, mediante el Decreto 2685 de 1.999 y por ello reciben beneficios por exportaciones y rebajas por hacer transacciones en moneda extranjera.
- Tienen enormes rebajas en los costos laborales mediante la Ley 789 de 2002
- En las áreas estratégicas donde está casi todo el Chocó contaran con estas ventajas, que resumen por qué de cada 100 pesos que pagan en impuestos, se les devuelven 138 pesos.
Nuestro reto es entonces acabar con este “pastel” de ventajas que gobiernos corruptos han permitido y que tienen a nuestro gente, nuestro medio ambiente y nuestro territorio al borde del colapso como grupo humano.
[1] CIDA la agencia de “cooperación” del gobierno de Canadá fue la encargada de cambiar los códigos de Minas, Petróleo y Medio ambiente inicialmente, luego sus abogados volvieron aparecer en la redacción de la ley de estabilidad jurídica y tres reformas tributarias.
[2] La firma de abogados Unión Temporal Martínez-Córdoba fue contratada por el gobierno de Andrés Pastrana para elaborar el Código de Minas, ellos eran y siguen siendo abogados de compañías cementeras, de carbón, de níquel, entre otras, todas ellas beneficiarias del actual Código de Minas y sus decretos reglamentarios.
[3] Como coordinador ponente de la Ley 685 de 2001 fungió el hoy ex senador Álvaro Araujo, también estuvieron Edgar Ulises Torres, Mauricio Pimiento, Luis Fernando Almario todos condenados por parapolítica.
[4] “Ya entonces se había puesto en marcha un gigantesco fraude electoral en la Registraduría que tendría a dos protagonistas: el ingeniero Rafael García, quien años después sería el primer ventilador de la parapolítica, y el registrador Enrique Osorio de la Rosa. Los “paras” compraron el censo electoral en Bogotá y lo manipularon de tal forma que una misma persona podía votar hasta tres veces”. José Gelves Albarracín, alias El Canoso, entrevista a El Espectador, 11 de octubre de 2015.
[5] En las investigaciones hechas por el autor del artículo y su grupo de trabajo, con base a las declaraciones de militares, paramilitares, mercenarios y exmiembros de las direcciones de estas empresas, se ha podido calcular que para la creación del bloque norte de las AUC, las compañías mineras y petroleras pusieron el 80% del dinero, alrededor de 320 millones de dólares, luego sus “congresistas” votaron rebajas tributarias que les ha devuelto a estas multinacionales una suma cercana a los 4 mil millones de dólares.
[6] Ver el documental de Sintraminercol “De la Corona Española a la Corona Gold Fields”
[7] Exposición de motivos del proyecto de ley que reformaba el Código de Minas, abril de 1996.
[8] Numerosas denuncias de ONG y organizaciones sociales muestran que dichas “bandas criminales”, no son más que paramilitares que operan en coordinación con las fuerzas militares y de policía, que sobornan guerrillas, alcaldes, gobernadores y hasta representantes de comunidades para extraer de una manera desastrosa para el ambiente el oro, la plata y el platino de la región.
