Las circunstancias más recientes de afectación a los derechos humanos por cuenta de estas organizaciones ocurrieron en Barbacoas, Nariño, donde 15.743 habitantes de la cabecera municipal y otros 15 mil de los corregimientos Junín, Buenavista y Yacualá, se encuentran en riesgo por la influencia del Clan Úsuga, allí llamados Gaitanistas.
En días pasados, miembros de ese grupo armado ilegal llegaron hasta el barrio El Paraíso, donde asesinaron con cuatro disparos de arma de fuego a la ciudadana Mabel Cabezas, en presencia de sus seis hijos menores de edad, los cuales fueron entregados al ICBF.
El viernes anterior, se conoció un panfleto cuya autenticidad está siendo valorada por las autoridades, pero que amenaza a varios a líderes, pobladores y organizaciones, precisamente a nombre de las Autodefensas Gaitanistas.
A raíz de estos hechos y la fuerte presencia de la banda criminal en la zona, la Defensoría del Pueblo emitió el informe de riesgo de inminencia 3014, el cual fue remitido a las autoridades para que se adopten las medidas para contener el escalamiento del conflicto. Según cifras de Medicina Legal el año pasado hubo ocho asesinatos en Barbacoas, frente a 24 en lo corrido de este año.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría también observó la expansión de esa estructura hacia los sectores de los ríos Patía, Magüí y Telembí, en el mismo departamento de Nariño, donde también hay injerencia de las Farc y el Eln, grupos a los cuales el Clan Úsuga disputa el control de territorios en Valle del Cauca y Chocó.
Allí se han presentado fuertes enfrentamientos como los registrados durante el primer semestre del año en el Medio y Alto Baudó con el desplazamiento masivo de 3.300 personas y el confinamiento de otros 1.900 habitantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Como lo indicó Naciones Unidas a finales de la semana pasada, volvieron a ser víctimas de la violencia ante el bloqueo a 1.648 habitantes en el resguardo Embera del río Purricha, jurisdicción del Bajo Baudó, donde por si fuera poco 9 líderes habrían sido objeto de amenazas por parte de las estructuras en confrontación.
En Cali, donde este puente festivo fueron reportados 18 homicidios, la Defensoría del Pueblo ha advertido desde febrero, cuando se dio a conocer el informe de riesgo 002-14, sobre el panorama de vulnerabilidad en al menos 30 barrios pertenecientes a 12 comunas de esa ciudad, donde se ha detectado la presencia del Clan Úsuga y Los Rastrojos.
Así mismo, la Defensoría afirma que el accionar de las bandas criminales también es latente en regiones como Córdoba (particularmente en Lorica, Moñitos, San Bernardo del Viento, San Antero, Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador), Antioquia, Vichada y Guaviare, donde las modalidades delictivas cambian según se trate de jurisdicciones rurales o urbanas.
La Defensoría del Pueblo identificó además que en los campos, estas organizaciones ilegales aparecen con uniformes, armas de corto y largo alcance, y en algunos casos tienen sus propias jerarquías claramente definidas. «En el perímetro urbano, en cambio, actúan en pequeños grupos vestidos de civil y se movilizan en camionetas o motocicletas, según el nivel al que pertenezcan dentro de la estructura», indica el informe.
Cabe señalar que, además de los homicidios selectivos, la extorsión, el reclutamiento forzado, la influencia que ejercen sobre la minería ilegal y el narcotráfico, las bandas criminales, de conformidad con el diagnóstico elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, han incursionado con preocupante vigor en temas como la explotación sexual infantil y la trata de personas.
La entidad indicó que el 24 de enero de 2014, se advirtió que desde febrero de 2012 hasta entonces la banda del Clan Úsuga había sumado 642 integrantes nuevos en sus filas, información que fue refrendada el pasado 6 de septiembre, cuando se dio a conocer que sólo tres de las bandas criminales tenían la mitad de hombres que las Farc, siendo el Clan Úsuga el más fuerte con 2.650 integrantes.
La Defensoría reiteró su llamado a las autoridades para que refuercen las operaciones encaminadas a desmantelar estas estructuras, y particularmente a impedir que sigan protagonizando situaciones de grave vulneración a los derechos humanos como actualmente ocurre en la Costa Pacífica.
