Nosotros no nos oponemos al desarrollo, nos oponemos a la destrucción de la vida y los territorios ancestrales, nos oponemos a la destrucción ambiental, nos oponemos a la pérdida de la soberanía alimentaria, nos oponemos a la destrucción de nuestra cultura, nos oponemos a que nuestros ríos Ovejas y Cauca, Teta y Palo se envenenen con cianuro y mercurio y que hoy los caleños estén siendo envenenados sin saberlo.
Nos oponemos a ser desplazados de nuestros territorios ancestrales, nos oponemos a la corrupción de funcionarios públicos que no realizan las acciones establecidas en la Constitución para proteger nuestros derechos como colombianos.
Es en este contexto de riesgos, amenazas, desplazamiento y muerte que está generando la minería legal e ilegal, que NOS PREGUNTAMOS: ¿Dónde está La CVC, La CRC y el Ministerio de Ambiente ejerciendo el control ambiental? ¿Dónde está la Procuraduría ejerciendo el control disciplinario frente a los funcionarios que están omitiendo cumplir con su deber? ¿Dónde está la Fiscalía ejerciendo las investigaciones y judicializaciones contra los múltiples delitos que se están cometiendo en el Norte del Cauca por la minería ilegal? ¿Dónde está el Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras protegiendo nuestros derechos como pueblos étnicos? ¿Dónde está el Ministerio de Minas ejerciendo control frente a los títulos mineros que ha otorgado y en los cuales se está permitiendo que se realice minería ilegal? ¿Acaso los amparos administrativos sólo se aplican para sacar a las comunidades negras de sus territorios ancestrales como el caso de La Toma? ¿Por qué no los aplican para parar la minería ilegal? ¿Dónde está el Ministerio de Salud dictaminando los impactos que produce el cianuro y el mercurio en la vida humana? ¿Dónde está el Ministerio de Cultura defendiendo las prácticas culturales de las comunidades afros que se están destruyendo con ese tipo de minería? ¿Dónde está la policía de tránsito ejerciendo los controles sobre la movilidad de esa maquinaria pesada? ¿Dónde está la policía y el ejército sacando esas maquinarias de nuestros territorios?
¿Acaso el estado social de derechos desapareció para los que continuamos creyendo que la vida debe anteponerse a los intereses económicos?
¿Acaso desaparecieron los tres poderes del Estado colombiano?
¿Dónde están los órganos de control del Estado colombiano?
¿Dónde está la comunidad internacional?
¿Acaso hablar de Paz no implica poner sobre la mesa estos temas?
Queremos respuestas reales a estas preguntas.
En el marco de la Movilización de las Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y de los Territorios Ancestrales el Gobierno Nacional en cabeza del Ministro del Interior se comprometió con nosotras a:
1. A partir del 4 de diciembre de 2014 iniciar las acciones necesarias para erradicar la minería ilegal en el Norte del Cauca y en todo el departamento.
2. Implementar las medidas de protección necesarias para las mujeres de la movilización y sus comunidades.
3. Implementar las órdenes de la Corte Constitucional en materia de protección de las comunidades afrocolombianas Auto 005, y 092.
4. Reparar los daños ambientales, sociales, culturales y económicos que ha generado la minería ilegal.
“No es posible que la corrupción borre el Estado Social de Derecho.»
