La promesa que les hicieron a los bonaverenses hace exactamente doce años y tres meses, de que a través de una nueva empresa se les suministraría agua potable, las 24 horas del día, terminó siendo una gran inocentada.
Justo un 28 de diciembre del 2001 fue inscrita ante la Cámara de Comercio de Medellín la empresa Hidropacífico S.A ESP (con el número 330 del Libro IX), y un día después estaba en Buenaventura firmando el contrato de operación, diseño e interventoría del servicio de acueducto y alcantarillado por 20 años, según las actas conocidas por El País.
En adelante, una mezcla de corrupción administrativa, abandono estatal, voracidad de los grandes empresarios y el silencio de los organismos de control, han convertido en una interminable pesadilla el sueño de tener agua potable que poseen los habitantes del principal puerto colombiano sobre el Pacífico.
No son menos de $160.000 millones los que han llegado al Puerto en la última década desde el Gobierno Central, de Fondos Nórdicos, del Plan Pacífico, del Plan Carrasquilla y del Fondo Nacional de Regalías pero Buenaventura sigue siendo el único puerto comercial importante del mundo donde el agua solo llega cuatro horas por día.
Un compendio de hallazgos de varias investigaciones y auditorías dan cuenta de que esos dineros solo han contribuido a formar una generación de nuevos ricos en el Puerto, mientras la ciudad sigue sin planta de tratamiento de agua potable, abasteciéndose con un sistema diseñado hace 80 años, con un reguero de obras inconclusas, canceladas casi en su totalidad, y con costosos equipos inutilizados que en su mayoría ya han sido desmantelados.
Fueron estas las razones por las cuales el presidente Juan Manuel Santos anunció recientemente en Buenaventura la intervención de Hidropacífico en razón a que “la plata del agua y alcantarillado se la han robado muchísimas veces y en varios gobiernos; a eso le vamos a poner coto”.
Pero detrás de los escasos resultados del contrato, hay una historia plagada de supuestos, de intereses y de esguinces a las leyes que auguraban desde un comienzo el fracaso de un ‘modelo especial’ para Buenaventura que no fue modelo y que no tuvo nada de especial.
Todo se gestó en aguas turbias
Para que Buenaventura pudiera beneficiarse del documento Conpes 2861 de 1996, que autorizaba al Estado a contratar créditos por US$17 millones para financiar el plan de alcantarillado y saneamiento de la ciudad, debía crear una empresa que administrara el sistema.
En el propósito de dar cumplimiento a ese requisito surge el primer absurdo. Se crea la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, Saab, con dinero de la Alcaldía y con cuatro amigos que pusieron mil pesos cada uno para hacer parte del negocio, según la escritura 902, del 30 de julio del 2001.
Entre esos socios beneficiados estaba Jorge Eliécer Hurtado, uno de los grandes contratistas de la actual administración y que en un informe del pasado 13 de abril aparecía en fotos en su cuenta de Facebook con fajos de billetes y con mensajes como: “estamos haciendo dinero”.
Ante la evidente falta de experiencia, se autorizó a la Saab para contratar un operador externo y como por arte de magia apareció la cuestionada sociedad Hidropacífico, conformada por la empresa antioqueña Conhydra y la firma bogotana Hidroservicios que, dicho sea de paso, era la primera vez que hacían un negocio juntos en el país.
De acuerdo con un exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Económico, el organismo que a través de la subdirección de Agua Potable y Saneamiento se encargó de todo lo referente con la licitación, las condiciones y los pliegos, “no existió una licitación como tal porque todo se direccionó desde Bogotá para que la ganadora fuera Hidropacífico”.
Eso explica, según la fuente, por qué la firma se creó días antes del contrato cuando demandaba tres años mínimos de experiencia; por qué se pasó por alto que Hidropacífico no mostrara solvencia económica; porqué la negativa de la directora de Agua Potable, Carminia Moreno, a aplazar el concurso; por qué la empresa encajó perfecto en el pliego de condiciones y por qué el Ministerio aceptó un contrato en el que todos salían perdiendo, excepto Hidropacífico S.A.
En diálogo con El País, Eduardo Pizano de Narváez, quien para la época se desempeñaba como ministro de Desarrollo, negó que el contrato haya sido direccionado, dijo no conocer siquiera los representantes de esa empresa y aseguró que la persona que estaba a cargo del proceso era Carminia Moreno. “Pero hasta donde yo sé hubo un proceso transparente de adjudicación”.
“Muchos de los acueductos del país se entregaron a empresas privadas porque las empresas públicas de agua estaban llenas de politiquería y acababan era metiendo al sobrino del tipo que les ayudaba a conseguir los votos en un barrio y fue así como esas empresas las quebraron todas. Acuavalle se sacó de Buenaventura porque no había ninguna posibilidad de que pudiera prestar el servicio”, aseguró el exministro Pizano.
Pero lo cierto es que las condiciones en las que adjudicaron a Hidropacífico el contrato parecen favorecer los intereses del contratista: le entregaron la planta física para que empezara a operarla con un canon mínimo de arrendamiento; le encargaron el recaudo para que lo distribuya a su antojo; la eximieron de tener que invertir en obras para el mejoramiento del servicio; quedó establecido que de cada contrato se queda con 4% del costo total de la obra por el diseño y el 8% más por la interventoría y de ñapa, sin haber producido el primer litro de agua, le entregaron como suya una cartera por más de $8.000 millones que le adeudaban los usuarios a Acuavalle.
La Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, a su turno, tenía como objeto jalonar recursos, administrar y contratar las obras necesarias para el buen funcionamiento del sistema de acueducto de la ciudad. Pero más temprano que tarde terminó convertida en la caja menor de los mandatarios de turno y hoy está al borde de la liquidación y en una grave crisis.
Gustavo Adolfo Duque, gerente de Hidropacífico S.A., defendió la actuación de su empresa e indicó que si no ha mejorado la prestación del servicio es porque el municipio no ha hecho la inversión suficiente en obras que permitan ese avance.
“El corazón del contrato es la inversión, pero si el municipio no hace esa inversión, es muy difícil. Apenas en el 2011 se empezaron a hacer unos proyectos importantes que hoy en día están en ejecución y se espera que este año con esas obras y la ayuda del Gobierno Nacional se puedan atacar los diferentes componentes del sistema”, dijo Duque.
En cada recibo que pagan los bonaverenses por servicio de acueducto se cancela una Cuota Media de Inversión, CMI, que debe ir a mantenimiento de redes y ampliación de las mismas. Pero resulta que Hidropacífico tampoco ha entregado esta cuota a la Saab para el objeto del pago.
Sobre el particular el Gerente de la empresa reconoció que no han hecho esa transferencia, que en estos años habría llegado a los $54.000 millones, porque la están utilizando para terminar de cubrir los costos de operación. “Hasta que el Municipio cumpla con las inversiones que debieron hacer, en acuerdo con ellos, correremos la entrega de la CMI. Al menos hasta que mejore la facturación, que todo los días baja, y esos dineros se van en costos de operación”.
No obstante, dio a entender que liquidar el contrato de común acuerdo, como lo piden diversos sectores, no es una opción para Hidropacífico.
El desagüe de recursos
David Luna, alto consejero presidencial para las Regiones, en entrevista con El País, aseguró que la corrupción se ha apoderado de los dineros para el acueducto de Buenaventura.
Solo por el Plan Carrasquilla la ciudad recibió entre el 2002 y el 2010 recursos por $60.910 millones que se adjudicaron en tres paquetes de obras, de las cuales solo se tiene un estimativo de los recursos que se habrían perdido en cada una de ellas, según un informe de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Procuraduría General.
Ese informe señala contratos como el 028, realizado con Luis Enrique Rentería, a quien que se entregó el 98,7% del valor y su ejecución era apenas del 33%, o el contrato 043 realizado con Álvaro Freddy Forero, que pese a recibir más del 99% del valor total para la estación de bombeo del barrio Pueblo Nuevo, las obras apenas llegaban al 10% de ejecución.
Irregularidades que se repiten en casi todos los contratos que entregó el gobierno de José Félix Ocoró y que debió ejecutar el gobierno del alcalde Bartolo Valencia, y en los que figuran varios contratistas cercanos a su gobierno, como William Hurtado y Ferney Aragón.
El gerente de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, James Casquete, aseguró que no son ciertas las conclusiones del informe que ordenó la Procuraduría y agregó que ya esos trabajos está casi concluidos, excepto aquellos que tenían una póliza de cumplimiento con la empresa aseguradora Cóndor, que para nuevo infortunio de los bonaverenses entró en proceso de liquidación.
Entre tanto, la comunidad espera que el anuncio de intervención que hizo el Gobierno se cristalice y que no sigan pagando inocentadas como la que le hicieron al abogado Jorge Castañeda, a quien la Saab ordenó hacer una auditoría al contrato con la empresa Hidropacífico a mediados del 2012 y por pedir que se liquide el convenio, fue a él a quien le decretaron la insubsistencia.
Socio y fundador de la SAAB
Jorge Eliécer Hurtado, uno de los mayores contratistas en la administración de Bartolo Valencia, de quien en un informe anterior de este diario se publicaron unas fotos de su cuenta de Facebook en las que aparece haciendo alarde con fajos de dinero, resultó ser socio de la Administración en la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, Saab.
A juzgar por las declaraciones del exministro Eduardo Pizano, el modelo que se implementó en Buenaventura tampoco impidió que la politiquería se apropiara de la empresa y hoy de la Saab solo queda el cascaron, según los informes recientes.
Ya sus cuentas están embargadas y recientemente ha debido recurrir a préstamos del mismo Hidropacífico para pagar su nómina.
La Contraloría de Buenaventura emitió el pasado 17 de marzo un aviso de advertencia al alcalde Bartolo Valencia en el que le dicen que la Saab no tiene cómo seguir funcionando, que acumula tres años consecutivos de pérdidas y que de acuerdo con la ley, se debe liquidar la empresa. El Gerente de la Saab reconoció que hoy es inviable y arrastra una crisis.
