Si bien el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha repudiado insistentemente las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, son muy pocos los casos en que los responsables de estos actos son llevados ante la justicia.
El gobierno de Santos ha adoptado diversas medidas que frustran la posibilidad de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. El gobierno impulsó reformas constitucionales en materia de justicia transicional y el sistema de justicia penal militar que podrían asegurar que abusos aberrantes cometidos por las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas militares queden impunes. En procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno negó que las fuerzas armadas hubieran participado en atrocidades por las cuales en la justicia nacional ya habían sido condenados varios militares.
El gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen negociaciones de paz en Cuba desde 2012. El conflicto armado interno colombiano se ha cobrado aproximadamente 220.000 vidas desde 1958, el 81,5 por ciento de las cuales fueron civiles, según surge de un informe publicado en 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, creado por el gobierno.
Abusos de las guerrillas
Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúan cometiendo graves abusos contra civiles, incluidos asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento y uso de niños como soldados. En septiembre de 2013, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante el reclutamiento forzado de niños de las comunidades indígenas Paeces en el departamento de Cauca, presuntamente por las FARC.
Las FARC y el ELN continúan usando minas antipersonal. El gobierno informó que 13 civiles murieron y otros 107 sufrieron heridas entre enero y agosto de 2013 a causa de minas antipersonal y municiones sin detonar.
Varios altos mandos de las FARC y el ELN han sido condenados en ausencia a prolongadas penas de prisión por distintos delitos graves, como homicidios, secuestros y reclutamiento de niños.
Los paramilitares y sus sucesores
Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha participaron en un proceso de desmovilización que presentó graves falencias y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos. Los grupos sucesores de paramilitares, que en muchos casos son liderados por miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas, cometen abusos generalizados contra civiles, incluidos asesinatos, desapariciones, violencia sexual y desplazamiento forzado. Según el informe anual 2012 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), estos grupos serían responsables de al menos la misma cantidad de muertes, amenazas, incidentes de desplazamiento y desapariciones que el conflicto armado entre las FARC y las fuerzas estatales.
A pesar de los notables avances en la captura de sus líderes, las autoridades colombianas no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares: en mayo de 2013, la Policía informó que los grupos contaban con 3.866 miembros que operaban en 167 municipios, en comparación con la estimación efectuada por la Policía en julio de 2009, que indicaba que existían 4.037 miembros en 173 municipios. Estos grupos aún mantienen su poder, entre otros motivos, debido a la tolerancia y a la connivencia de miembros de la fuerza pública local.
La implementación de la Ley de Justicia y Paz, que redujo drásticamente las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen atrocidades, ha sido sumamente lenta. En julio de 2013, ocho años después de la aprobación de la ley, los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz habían obtenido condenas contra solamente 18 personas. En 2013, la unidad adoptó un nuevo método de investigación que dio mayor celeridad a los procedimientos, permitiendo la imputación de cargos contra decenas de paramilitares.
Desde que en 2006 se desató el escándalo de la “parapolítica”, más de 55 miembros y ex miembros del Congreso han sido condenados por sus nexos con paramilitares. En agosto de 2013, la Corte Suprema dispuso el arresto de Luis Alfredo Ramos, presidente del Senado en el período 2002-2003, gobernador de Antioquia de 2008 a 2011 y aspirante a las elecciones presidenciales de 2014.
La Procuraduría General de la Nación, que lleva adelante investigaciones disciplinarias de funcionarios públicos, ha conseguido resultados mucho más limitados en lo que respecta a la sanción de miembros del Congreso que colaboraron con paramilitares. La Procuraduría exoneró de cargos disciplinarios a varios ex legisladores cuya responsabilidad penal por esta colaboración había sido establecida anteriormente.
El ex Presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y sus allegados enfrentaron cada vez más señalamientos de presuntos vínculos con paramilitares. En 2013, la Fiscalía reabrió una investigación preliminar sobre supuestos vínculos entre Uribe y paramilitares. Uribe niega tales acusaciones. La Fiscalía también llamó a indagatoria a Santiago Uribe, hermano del ex presidente, en relación con el presunto rol que el primero tuvo en la conformación de un grupo paramilitar y un asesinato ocurrido en el departamento de Antioquia en la década de 1990.
En octubre de 2013, la Fiscalía identificó formalmente al jefe de seguridad de Uribe durante su presidencia, el general de Policía retirado Mauricio Santoyo, como presunto implicado en la investigación sobre la “desaparición” forzada de dos activistas de derechos humanos en 2000. En 2012, Santoyo se declaró culpable de colaborar con paramilitares entre 2001 y 2008 en la justicia federal de Estados Unidos.
Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública
Durante el gobierno de Uribe, el Ejército colombiano cometió una cantidad alarmante de ejecuciones de civiles, especialmente entre 2004 y 2008. En muchos casos —que se conocen como “falsos positivos”— miembros del Ejército asesinaron a civiles y luego informaron que se trataba de combatientes muertos en enfrentamientos, aparentemente como respuesta a las presiones que recibieron de sus superiores para demostrar resultados. El número de presuntas ejecuciones ilegales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente a partir de 2009, si bien durante 2012 y 2013 se registraron algunos casos.
El gobierno no mantiene un registro de datos estadísticos que clasifique a los casos de “falsos positivos” como una categoría específica de delitos, distinta de otros tipos de ejecuciones ilegales. No obstante, hasta junio de 2013, se había asignado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía la investigación de 2.278 casos de presuntas ejecuciones ilegales perpetradas por agentes del Estado que afectaban a casi 4.000 víctimas, y esta había obtenido condenas en 189 casos. Las condenas alcanzaron a 605 miembros del Ejército, de los cuales 91 eran oficiales (en su mayoría de grados inferiores). Más de 40 coroneles y tenientes coroneles del Ejército estaban siendo investigados, pero solamente cuatro habían sido condenados al momento en que se redactó este informe.
En 2012 y 2013, en casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno negó que las fuerzas militares hubieran participado en violaciones de derechos humanos por las cuales ya habían sido condenados militares en la justicia nacional. El gobierno sostuvo que en 1998 las FARC asesinaron a 17 civiles en Santo Domingo, Arauca, a pesar de varias sentencias dictadas en Colombia que establecían la responsabilidad de miembros de la Fuerza Aérea por la masacre. La Corte rechazó los argumentos de Colombia y determinó que el Estado era responsable. De manera similar, en procedimientos ante la Corte relativos a la toma del Palacio de Justicia en 1985, el gobierno no aceptó que el Ejército hubiera participado en “desapariciones” forzadas por las cuales ya se había condenado a un general de esa fuerza.
Reformas que favorecen la impunidad
En julio de 2012, el gobierno sancionó el Marco Jurídico para la Paz, una reforma constitucional que abre la puerta a la impunidad generalizada por atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares en caso de que se alcance un acuerdo de paz con las FARC. La reforma autoriza al Congreso a limitar el juzgamiento de atrocidades a quienes se identifiquen como sus “máximos responsables”, y ofrecer inmunidad legal a todos los demás que hayan participado en la planificación, la ejecución y el encubrimiento de esos mismos delitos pero no se consideran los “máximos responsables”, una categoría que no se definió en la reforma.
Asimismo, habilita al Congreso a eximir de la posibilidad de investigación penal casos de atrocidades —como violaciones sexuales o “desapariciones” forzadas— que no formen parte de un ataque sistemático. Por último, la reforma permite al Congreso suspender penas de prisión en forma total a todos los guerrilleros, paramilitares y militares que hayan sido condenados en relación con abusos atroces, incluidos aquellos que se identifiquen como “máximos responsables” de los más graves delitos cometidos en Colombia.
La Corte Constitucional de Colombia examinó el Marco Jurídico para la Paz y determinó su constitucionalidad en agosto de 2013. No obstante, la Corte corrigió un error fundamental de la reforma al prohibir la plena suspensión de las penas para los “máximos responsables” de atrocidades, según consta en un comunicado de prensa donde se resume la sentencia, que no se había publicado al momento de la elaboración de este documento.
En diciembre de 2012, el gobierno de Santos consiguió que se sancionara una modificación constitucional del sistema de justicia penal militar, por medio de la cual se generó un riesgo grave de que las investigaciones de “falsos positivos” fueran transferidas de los fiscales de la justicia ordinaria al sistema de justicia militar.
En junio de 2013, y como resultado de la reforma, un proceso contra un coronel del Ejército por su presunta participación en dos casos de falsos positivos fue transferido al sistema de justicia militar. Además de generar la posibilidad de que se transfieran los casos de falsos positivos, la reglamentación de la reforma, aprobada por el Congreso en junio de 2013, también autorizó a la fuerza pública a aplicar la fuerza letal en un espectro peligrosamente amplio de situaciones. En octubre de 2013, la Corte Constitucional invalidó la reforma al sistema de justicia penal militar por vicios de procedimiento; sin embargo, el Presidente Santos anunció que en 2014 el gobierno presentaría al Congreso una nueva versión del mismo proyecto de reforma.
Desplazamiento interno y restitución de tierras
Conforme indican datos revisados recientemente por el gobierno, más de 5 millones de colombianos han sido desplazados internamente desde 1985. Según el gobierno, más de 150.000 personas fueron desplazadas en 2012, mientras que CODHES, una respetada organización no gubernamental (ONG) colombiana, informa que casi 260.000 colombianos fueron desplazados ese año. Los niveles de desplazamiento son particularmente elevados en la región de la costa del Pacífico, como la ciudad de Buenaventura, que alberga a una importante población afrocolombiana, y donde los grupos sucesores de paramilitares provocaron el desplazamiento forzado de más de 2.500 personas durante la primera semana de noviembre de 2013.
El gobierno colombiano ha conseguido avances limitados en la implementación de su programa de restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas, sancionada en 2011 para restituir millones de hectáreas de tierras abandonadas y despojadas a desplazados. El Ministerio de Agricultura estimó que para fines de 2014 se dictaría sentencia en casi 80.000 casos de restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas. No obstante, hasta septiembre de 2013 el gobierno había obtenido sentencias que ordenaban la restitución en 666 de las más de 45.000 solicitudes recibidas. En septiembre de 2013 —más de dos años después de la sanción de la Ley de Víctimas— el gobierno informó que tan sólo tres familias habían regresado a vivir en su tierra como resultado de sentencias dictadas en el marco de la ley.
Numerosos desplazados sufren amenazas y violencia por intentar reclamar su tierra. Entre enero de 2012 y septiembre de 2013, más de 700 desplazados y sus líderes que exigían la restitución de tierras a través de la Ley de Víctimas denunciaron ante las autoridades que habían recibido amenazas. La Fiscalía no ha imputado cargos a presuntos implicados en ninguna de las investigaciones que impulsa sobre estas amenazas. En agosto de 2013, la Fiscalía informó que estaba investigando 43 casos de asesinato de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” cometidos desde 2008.
Violencia de género
La violencia de género es un problema generalizado en Colombia. La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir atención médica luego de hechos de violencia, y como resultado las víctimas pueden enfrentar demoras en el acceso a servicios médicos básicos. Los responsables de delitos de violencia de género pocas veces son llevados ante la justicia.
Violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas
Defensores de derechos humanos y periodistas continúan siendo objeto de amenazas y ataques. El 1 de mayo, hombres armados no identificados dispararon contra Ricardo Calderón, un destacado periodista de investigación que recientemente había revelado a través de la revista Semana que miembros del Ejército condenados por atrocidades gozaban de extravagantes privilegios en el centro de reclusión militar de Tolemaida. Calderón consiguió sobrevivir ileso al ataque.
La Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal ONG colombiana dedicada al seguimiento de la situación de los derechos laborales, continúa denunciando asesinatos de sindicalistas. Son comunes las amenazas contra sindicalistas.
El Ministerio del Interior administra un programa de protección que alcanza a miles de personas en riesgo que pertenecen a grupos vulnerables, como defensores de derechos humanos, sindicalistas y reclamantes de tierras.
Actores internacionales clave
Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En 2013, aportó cerca de US$ 473 millones para asistencia, de los cuales el 59 por ciento se destinó a las fuerzas armadas y la Policía. Una proporción de la ayuda militar proveniente de Estados Unidos está supeditada a requisitos en materia de derechos humanos, si bien el Departamento de Estado de ese país no ha exigido su cumplimiento. En septiembre de 2013, el Departamento de Estado certificó que Colombia estaba cumpliendo las condiciones de derechos humanos, a pesar de que la reforma del sistema de justicia penal militar se oponía abiertamente al requisito que exigía que todas las presuntas violaciones de derechos humanos fueran investigadas y juzgadas por autoridades de la justicia penal ordinaria.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) tiene presencia activa en Colombia. En abril, el gobierno anunció que renovaría el mandato de la oficina local de ACNUDH hasta 2016, pero tres meses después, tras una declaración de la oficina en la cual exigió que se investigaran incidentes de presunto uso excesivo de la fuerza por policías, el Presidente Santos señaló que no había tomado una determinación con respecto a si ampliaría el mandato. Finalmente el gobierno extendió el mandato hasta octubre de 2014.
El CICR también tiene presencia activa en Colombia, y como parte de su labor brinda asistencia a desplazados internos. La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) continuó monitoreando investigaciones locales de delitos que estarían comprendidos dentro de la competencia de la CPI. En julio de 2013, la Fiscal de la CPI envió una carta a la Corte Constitucional en la cual indicó que la plena suspensión de las penas para los máximos responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra podría dar lugar a una investigación por parte de este organismo internacional.
