A Consuelo* la vida le cambió una tarde de agosto de 2002, cuando a su finca, ubicada en zona rural del departamento de Boyacá, ingresó un grupo de paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Ni las súplicas ni el llanto desgarrador de su madre, quien se encontraba en la casa en ese momento, pudieron evitar que el comando armado se la llevara a la fuerza con rumbo al departamento de Cundinamarca, hasta donde este grupo paramilitar había extendido sus operaciones por órdenes del entonces comandante de las Auc, Carlos Castaño Gil.
Para aquel entonces la joven aún no había alcanzado la mayoría de edad. Pero ello no fue impedimento para que alias ‘César’, jefe de las tropas en la zona, la obligara a cocinarle a los paramilitares, lavar sus uniformes y su material de intendencia, empuñara un fusil, aprendiera a manejarlo y participara en los operativos destinados a “combatir al enemigo”.
Las obligaciones de Consuelo se extendieron al campo de la intimidad. Valiéndose de su posición de poder, alias ‘César’ la convirtió en su esclava doméstica y sexual. De esta convivencia forzada nació un niño, que el propio ‘César’ se encargó de llevarlo al municipio de Arboletes, Urabá antioqueño. La joven, por su parte, fue trasladada al Urabá chocoano, donde terminaría desmovilizándose como integrante del Élmer Cárdenas el 15 de agosto de 2006.
Años después, esta joven decidió contarle su historia a la justicia y hoy hace parte de los 14 casos de violencia basada en género que la Fiscalía 48 Delegada ante Justicia y Paz le imputó a Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien fuera máximo comandante de esta estructura paramilitar que operó en amplias zonas del norte del Urabá antioqueño y chocoano, así como en Boyacá y Cundinamarca.
Se trata de los primeros hechos de violencia sexual que se le imputan a este exjefe paramilitar, a quien también se le responsabilizó de 915 casos de desplazamiento forzado, 55 desapariciones forzadas y 12 casos de reclutamientos forzados.
Pocos registros
De acuerdo con este despacho, la falta de denuncias por parte de víctimas directas, que en muchos casos prefieren ocultar sus historias por miedo o pudor, sumado a las pocas confesiones sobre violencia sexual hechas por los postulados de este bloque a los beneficios de Justicia y Paz, han impedido documentar muchos más casos de este delito, priorizado en este proceso de justicia transicional junto con el desplazamiento, la desaparición forzada, el homicidio y el reclutamiento forzado.
Con todo y ello, los investigadores judiciales señalaron que el estudio de los 14 casos imputados a Rendón Herrera permite concluir que si bien no era parte de la política del Bloque ejercer violencia sexual contra las mujeres en los territorios donde hicieron presencia, muchos de sus miembros, valiéndose de la posición de poder que les confería portar un arma, vestir camuflado y ser autoridad, cometieron toda clase de vejámenes y ultrajes contra la población femenina.
“Efectivamente, dentro de los estatutos del Bloque no aparece ninguna referencia de recurrir a la violencia sexual en los territorios donde se asentara la estructura paramilitar, pero tampoco aparece una línea donde se le imponga un castigo al miembro del Élmer Cárdenas que incurriera en esta práctica. De hecho, se conocen solo dos casos de ajusticiamiento de integrantes de este bloque que incurrieron en delitos sexuales: uno en Juradó (Chocó) y otro en Dabeiba (Antioquia)”, reveló el titular de este despachó.
Según lo mencionado por el funcionario judicial, “entre las motivaciones para cometer este ilícito se encontraron, entre otras, la presunta vinculación con el bando contrario y, en un porcentaje aún mayor, el abuso por cuenta del estatus de poder que ostentaban los miembros de la organización en sus zonas de injerencia”. Asimismo, el fiscal agregó que varios de los casos recopilados, cometidos en su gran mayoría en el departamento del Chocó, conllevan además otros delitos como el reclutamiento forzado, el desplazamiento forzado y el homicidio.
Tal es el caso de Verónica*, víctima de reclutamiento forzado y acoso sexual. Su historia se remonta al mes de junio de 2003. Cansada del maltrato de su padrastro, la joven, que para ese entonces no llegaba a los 16 años, decidió refugiarse en casa de una amiga, en zona rural del municipio de Riosucio, Chocó.
Semanas después conocería a un miembro del Bloque Élmer Cárdenas, que para esos años tenía un fuerte dominio del Bajo Atrato Chocoano, quien terminaría invitándola a unirse a las filas del paramilitarismo. Una vez en el campamento recibió entrenamiento militar y le fueron encomendadas tareas de patrullaje. Pero también debió soportar maltratos físicos y un fuerte acoso sexual, dada su condición de mujer.
Sus negativas a las pretensiones masculinas eran castigadas con más trabajo, más maltrato físico, más insultos. Hasta que un día fue violentada sexualmente por uno de sus comandantes. La joven hizo parte de esta estructura paramilitar hasta septiembre de 2004, cuando fue enviada a su lugar de origen por orden de sus superiores. Según le relató a la Fiscalía, en su memoria aún permanece vivo el recuerdo del maltrato y el acoso del que fue objeto mientras integró las huestes paramilitares.
Ejercicio de poder
Otro de los casos que evidencia el abuso de poder en el que incurrieron los paramilitares bajo el mando de ‘El Alemán’, es el de Doris*. Una noche de mediados de mayo de 1997, la mujer se encontraba en una de las tiendas del casco urbano del municipio de Acandí, Chocó. Estando allí fue abordada por un reconocido paramilitar conocido con el alias de ‘Serrucho’, quien le dio un ultimátum: si no se presentaba al otro día en una casa en la playa que servía de base a los paramilitares su hermano sería asesinado.
Sin más opciones, la mujer acudió a la cita, sabiendo lo que le esperaba. Además del ultraje del que fue víctima, alias ‘Serrucho’ la amenazó de muerte si llegaba a denunciar el hecho. La situación se repetiría durante los tres meses siguientes. Doris quedó en embarazo pero fue obligada a abortar al cuarto mes de gestación por orden del paramilitar.
En otros casos, las víctimas debieron desplazarse forzosamente luego de ser violentadas sexualmente. A Marta*, por ejemplo, le tocó abandonar su natal Juradó, Chocó, una día de mayo de 1997 luego de que un integrante del Élmer Cárdenas abusara sexualmente de ella. Según lo relató a la justicia, un día antes de su éxodo se encontraba departiendo en un establecimiento nocturno del pueblo cuando un reconocido paramilitar la invitó a un trago.
Ella se negó, pero éste la tomó por la fuerza y en compañía de otros dos hombres la condujo hasta unas residencias, donde la amenazó con arma blanca y la violentó sexualmente. Para evitar ser delatado, el paramilitar la buscó por todo el pueblo para asesinarla, pero no la encontró. La mujer había huido del pueblo.
Si bien los casos presentados revelan un riguroso ejercicio de documentación, en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, existe preocupación por el bajo número de casos de violencia sexual presentados hasta el momento. Así lo hizo saber el Magistrado con función de Control de Garantías, quien señaló que 14 casos no es un universo representativo para presentarlo como un patrón de macrocriminalidad.
Por ello, pidió a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía superar todas las falencias que se presentan en la investigación de crímenes sexuales pues a su juicio, en su afán de mostrar resultadas el Ente Investigador le está haciendo un flaco servicio a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
*Se omiten nombres por petición expresa
