Desde el 17 de julio de 2013 se está realizando un paro minero nacional, que busca negociar el reconocimiento de la minería informal y derogar el decreto 2235 del 30 de julio de 2012 por el cual el gobierno autoriza a la policía nacional a destruir la maquinaría pesada en ejercicio minero «ilegal». El 26 de julio se llegó a unos acuerdos para levantar el paro en el departamento del Chocó, mientras que en Irra, Marmato, Caucasia y otras zonas, los huelguistas acusan al gobierno de negligente.
Si bien, muchos de los puntos exigidos por el gremio minero hoy en la «ilegalidad» pueden contener reivindicaciones sociales, como Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) que agrupa a organizaciones étnicoterritoriales y de Iglesia católica de la región en mención, queremos manifestar nuestras profundas preocupaciones dadas las distintas tensiones surgidas de la triada mineros-gobierno-comunidades afrocolombianas e indígenas y en el impacto negativo que sobre el frágil ambiente de la región han tenido hasta ahora las prácticas mineras con retroexcavadora y las que van a tener, tal como lo quiere el gobierno, las prácticas de la gran minería.
En este sentido, enfatizamos el doble discurso manifiesto en el decreto 2235 por el cual el gobierno autoriza a la policía para que destruya la maquinaria pesada, que no cuente con los permisos exigidos por la ley. Uno de los argumentos del decreto es «Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia señaló entre los deberes ambientales del Estado el de proteger el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, así como la diversidad e integridad del ambiente y la conservación de áreas de especial importancia ecológica». (Ver: wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/OCTUBRE/30/DECRETO%202235%20DEL%2030%20DE%20OCTUBRE%20DE%202012.pdf).
Como es sabido, en el Pacífico colombiano el Estado ha otorgado concesiones mineras a multinacionales en territorios de comunidades negras e indígenas. Esto implica una normatividad nacional e internacional que el Estado sigue violando a discreción: No hay consultas previas, no se conocen los estudios de impacto ambiental y socio-económico, la voz de las organizaciones etnicoterritoriales es acallada y las amenazas son también parte de la estrategia de entrega de lo poco que le ha sobrevivido territorialmente a estos pueblos.
En el contexto del paro minero, hay que recordar que en el Pacífico colombiano hay más de siete millones de hectáreas de títulos colectivos de las comunidades negras y de resguardos indígenas. Esto infiere, de entrada, la necesaria presencia de las organizaciones étnicoterritoriales en la toma de decisiones sobre lo que se va hacer en el territorio de su propiedad.
En el Chocó, varias organizaciones no participaron de las negociaciones, pues ya han fijado su posición de no a la minería:
La Asociación OREWA ha dicho: «Si examinamos bien el pliego de peticiones minero lo que nos está diciendo es que ellos le piden al gobierno que les otorgue licencias o títulos de explotación SIN NINGUNA RESTRICCION, que se puedan mover de un lugar a otro sin ser molestados y eso no lo podemos permitir por el bien de nuestras comunidades y territorios».(Ver: www.pacificocolombia.org/novedades/vida-respeto-nuestros-territorios-ancestrales-mineria/878)
El Consejo Comunitario Mayor del Alto Atrato COCOMOPOCA ha expresado en comunicado del 22 de junio de 2013 que se retiran de la mesa de concertación minera, pues vienen recibiendo amenazas y acusaciones temerarias donde son señalados como instigadores de la quema de retroexcavadoras, situación que pone en peligro sus vidas. (Ver: www.renacientes.org/index.php/home-bottom-123/984-comunicado-a-la-opinion-publica-de-los-municipios-de-atrato-lloro-bagado-y-certegui).
Como se puede ver, tanto mineros de retroexcavadora como el gobierno han estado pasando por encima de esta titulación y por encima de los consejos comunitarios y cabildos indígenas, y vienen tomando decisiones a sus espaldas, como si no tuvieran voz y sus territorios fueran baldíos.
En este sentido, las reivindicaciones en cuanto al uso del territorio para minería que piden los mineros con retroexcavadora no las puede solucionar el gobierno, si no pasan por negociaciones y consultas con las organizaciones etnicoterritoriales, únicas dueñas del territorio, y a quienes se les ha invisibilizado y desconocido.
De otra parte, el gobierno debe aclarar su posición frente a la minería y el impacto socio-económico y ambiental que va a producir la entrega a través de concesiones de los territorios colectivos y resguardos a multinacionales.
Es evidente que la negligencia de años atrás para parar el sinnúmero de retroexcavadoras en el Pacífico colombiano, es parte de un estratagema tendiente a preparar el camino para la entrada de las multinacionales. Hacerse el de la vista gorda ha implicado zafarse de la responsabilidad por el daño ambiental que han generado miles de retroexcavadoras en el Pacífico, y por tanto, una manera maquiavélica de decir que las multinacionales sí respetan las normas ambientales, «pagan» impuestos y son la solución para el crecimiento económico que «tanto necesita el país».
El Estado colombiano es responsable de la fiebre de retroexcavadoras para la extracción minera en el Pacífico colombiano, pues tal como se lo exige la Constitución política colombiana en su artículo 80 «… el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, así como el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y de imponer las sanciones legales correspondientes» (Justificación del decreto 2235).Y está claro que el deber no ha sido cumplido. Nuevamente nuestro Estado no es el Estado garante de derechos, sino el Estado policial que todo lo resuelve con gases lacrimógenos, balas y cárcel.
En consecuencia, las comunidades afrocolombianas e indígenas, deben tener claro que la propuesta económica minera no es la que va a salvar a la región Pacífica. Ni la de retroexcavadora, y mucho menos la minería a gran escala que está concediendo el gobierno a las multinacionales.
Es bien sabido que los pueblos que han cedido al espejismo minero hoy padecen de desnutrición y del resquebrajamiento de su tejido socio-económico. Un entable minero siempre ha venido acompañado de prostitución, licor, armas y grupos ilegales. Una vez se llevan el último grano de oro, quedan los grandes pozos -focos de infección del paludismo-, ríos contaminados con mercurio y cianuro, bosques talados, y sin lugares para cultivar, en fin, una situación peor que la inicial. La consecuencia inmediata en buena parte de la población ha sido el desplazamiento.
La Coordinación Regional del Pacífico Colombiano llama a las organizaciones étnicoterritoriales a buscar consensos que sienten posición frente a la minería y demás recursos naturales en armonía con sus usos y costumbres. Nadie sino ellos, pueden decidir sobre el qué hacer en su territorio.
Ni el gobierno, ni los mineros con retroexcavadoras, ni las multinacionales pueden decir o negociar sobre lo que no les pertenece. Pues como dijo un dirigente chocoano: «El gobierno dice que es dueño del subsuelo, pero primero tiene que pasar por el suelo, y ese es nuestro».
Saludamos la actitud democrática y decisiva del municipio de Piedras en el Tolima que han dicho en las urnas no a la gran minería que pretende ejecutar la multinacional AngloGold Ashanti en la «Colosa». La minería avanza, pero la resistencia de los pueblos es cada día más fuerte y solidaria.
Como CRPC brindamos toda nuestra solidaridad y apoyo a los procesos de resistencia que vienen haciendo las organizaciones étnicoterritoriales en defensa de su territorio, de sus prácticas tradicionales y de su cultura. Esto debe ir en consonancia de un correcto y consensuado plan de ordenamiento territorial que permita definir, como se ha venido haciendo desde hace varios años, el uso adecuado del territorio acompañado de un trabajo fuerte de incidencia política en los ámbitos nacional e internacional.
CRPC, 28 de julio de 2013
