Tras cuatro años como contralora de Buenaventura y de enfrentarse en una batalla desigual al sector político que lidera el exsenador Juan Carlos Martínez y el exalcalde José Félix Ocoró, finalmente la justicia le acaba de conceder un triunfo a Ana Betty Arboleda.
Después de abandonar la ciudad portuaria por presiones y amenazas, logró que le trasladaran a Cali cinco de los siete procesos penales que le iniciaron, según ella, los jueces, fiscales y la procuradora que respondían en Buenaventura al exsenador Martínez.
En diálogo con El País, la excontralora rompió su silencio y habló de la presión que la Alcaldía y algunos medios ejercieron contra ella solo por pedir una relación de gastos a la Secretaría de Hacienda e investigar denuncias sobre malos manejos en la educación.
Fueron esas las irregularidades que denunció este diario en diciembre pasado, sobre la manera como dirigentes del Partido PIN contrataron con casas elevadas a escuelas la educación más barata y de peor calidad. “Empecé a indagar y llegaron las amenazas y los procesos en mí contra para mantenerme ocupada y que no investigara”.
¿Qué significa que le hayan sacado de Buenaventura los casos penales en su contra?
Para mí es muy importante porque yo no tenía ninguna garantía. Allá existe una especie de código entre quienes hacen parte de los entes de control y que responden o llegaron por influencia del sector político del exsenador Juan Carlos Martínez.
¿Conocía la forma como desviaban el dinero de la educación?
Recibí varias denuncias de docentes y rectores y pese a las limitaciones de la Contraloría empezamos a investigar. Hicimos visitas sorpresa y llamábamos a lista y los otros niños respondían que no conocían a muchos de esos supuestos estudiantes. Entonces los rectores llamaban a los otros para contarles como era la metodología y cuando fuimos al Lleras todos los niños muy convenientemente a todo el que llamábamos y no estaba, gritaban en coro: ‘No vino, está enfermo’. Entonces les preguntaba cómo era físicamente el niño y se quedaban callados. En otros lugares decían que había un número de niños y no había ni diez pupitres.
¿Sabía que varios de esos colegios eran de los mismos políticos?
En el colegio Margarita Hurtado funcionaban cuatro instituciones en la misma sede, como lo descubrió El País. Cuando fuimos, habían cambiado la representante legal y ahora era el mismo de la Fundación Luz de Conocimiento, que patrocinaba o era dueña la concejal del PIN Johanna Rodríguez. Esa fundación tenía casi toda la contratación de la Oficina de Desastres y otros colegios en el Lleras eran cercanos a la concejal Noris Cano.
¿Qué supo de la Fundación Educativa Juvenil, a la que le entregaron más de seis mil alumnos sin tener colegios?
Los rectores dijeron que esa fundación la llevó el congresista Jairo Hinestroza, cercano a Martínez, pero nadie se atrevía a denunciar. Yo sabía cuando los reunían en un hotel en el centro, pero no confiaba en la Fiscalía ni en la Policía para llegar. Supe que los dueños de colegios que no cumplían con los requisitos para ampliación de cobertura los llamó un señor Lucho Morales y les decía que era lo que les ofrecía o nada. Uno de los rectores denunció que Jairo Hinestroza ofrecía “$20.000 por alumno, cuando el Ministerio pagaba $75.000 mensuales por estudiante; luego supe que lo amenazaron y que recibió cupos.
¿Por qué no denunció esos hallazgos?
Claro que sí. Yo mandé un oficio a la Procuraduría en Bogotá. Fui al Ministerio de Educación y llevé la información; luego recopilé lo que más pude para cuando vinieran de Bogotá a investigar y aceleré las visitas; fui a la interventoría donde Abel Rodríguez y me atendió otra señora, pero alcancé a sacar mucha información que le dejé pulpita a la contralora actual. Ahí decía que nunca hubo un banco de oferentes porque los mismos miembros del banco de oferentes negaban estar en él. A Hermínsul Valencia, encargado de cobertura, le dije que me explicara cómo se hizo la selección y dijo que no porque yo estaba impedida.
¿Qué le dijeron en el Ministerio de Educación cuando llevó la denuncia?
Me atendió el señor encargado de Buenaventura, le expliqué lo del banco de oferentes y me dijo que esa información no la conocían; que las instituciones que no cumplían los requisitos, entonces llegaba el pulpo y les daba cualquier cosa por cada estudiante para que no se quedaran por fuera del sistema y que la mayoría de ellos la absorbió la Fundación Educativa Juvenil de Colombia que ni siquiera estaba en el banco de oferentes; yo me vine feliz de Bogotá porque ya el Ministerio conocía el truco y el señor me dijo que en una o dos semanas iban para allá. Luego supe que quienes fueron los llevaron a comer mariscos y no pasó nada.
¿Cuándo empezaron los problemas?
Cuando pedí el estado de las cuentas del Municipio a la Secretaría de Hacienda y luego por la cobertura educativa, donde teníamos más de cuatro mil folios con denuncias como las de una rectora que la sacaron del banco de oferentes porque no acompañó a Yiminson Figueroa a la Asamblea y a Copete a la Alcaldía. O el esposo de la dueña de otra institución, que dijo que les cobraban una comisión por darles cupos y el dinero lo recogía el señor Lucho Morales. Eso fue en marzo del 2011 y en esos días recibí una llamada que me decía que ya el exsenador Martínez había dado la orden los órganos de control, jueces y fiscales que se fueran con toda en contra mía. Luego la Procuradora me aperturó el primer proceso oral en Buenaventura.
¿Pero es cierto que fue Martínez el que la puso en la Contraloría?
Él armó la coalición en el Concejo para elegirme, a través del congresista Jairo Hinestroza, porque supuestamente entre los tres feos, la menos fea era yo. Yo no tenía filiación política y me eligieron porque los otros dos candidatos estaban definidos y por eso pretendían que yo hiciera todo lo que ellos querían.
¿Y al comienzo le dijeron qué debía hacer y que no?
Por suerte Martínez estuvo enfermo y llegue a hacer mi trabajo. Pero cuando volvió, como en agosto, a tratar de meterse ya era muy tarde y empezó Jairo Hinestroza a meterme en líos por situaciones que prefiero no mencionar; y Martínez me mandó a decir que él había hecho parar mi muerte por una primera investigación de educación en la que encontré un presunto detrimento de más de $25.000 millones, por el que investigan al exalcalde Saulo Quiñónez.
¿Martínez no dejó que la mataran?
Eso dijo y que por eso necesitaba hablar conmigo; que dejara la rebeldía y me mandó a pedir varias citas y yo le mandaba a decir que fuera a mi oficina que las puertas estaban abiertas. Incluso con el concejal Wiston Segura me mandó razones que yo tenía que ir porque él me había hecho elegir, como si fuera mi jefe, y que hablara con él porque él paró mi muerte.
¿Llegó a darse esa reunión?
Sí, él me citó en Simón Parrilla, en Cali, a la salida de Yumbo. Íbamos a vernos a las 9:00 a.m. y yo llegué con mi papá, mi hermano y mi marido desde las 7:30 a.m. y dejé a mi hermano entre el carro con un celular y le dije ‘Lewis si pasa alguna cosa, llamás a la Policía’. Al rato llegó Martínez con Heriberto Arrechea y varios escoltas y muy amablemente nos invitó a desayunar y no le recibimos nada. Él empezó muy diplomático, pero como nos vio muy firmes, de inmediato me dijo: ‘Vea doctora Ana Betty, yo lo que le quiero decir es que si usted se viene en contra mía, yo la destruyo’, con una voz miedosa y empezó a ponerme quejas de lo que le habían dicho.
¿Cuál fue su actitud luego de que Martínez la amenazara?
Él me hizo sentir como si le debiera la vida, pero no sé de dónde saqué fuerzas, quizá de mi ignorancia, y le conté lo que estaban haciendo en mi contra. Que me estaban correteando en Buenaventura, que el secretario general de la Alcaldía, un señor Lopera, nos cortó el internet, que no me querían pagar las cuotas de la Contraloría en la fecha que era y que me estaban haciendo la vida imposible. Incluso, un funcionario al que le pedí la renuncia también me amenazó y me fue a pegar. Entonces me dijo que no creía que eso fuera así.
¿En qué terminó la reunión?
Ellos se equivocaron porque pensaban que mi valor era el dinero y no entendían que mi sueño era arreglar a Buenaventura y no llenarme los bolsillos; de todas formas Martínez me dijo que eso había que aclararlo y que íbamos a hablar con José Félix en Buenaventura y resulta que me puso una cita, pero con el personaje que supuestamente me iba a matar.
¿Decían en Buenaventura que usted se enojó porque no le dieron plata?
Buscaron dañarme como funcionaria y como persona y mi nombre lo pusieron por el piso. Hasta mi peluquero me preguntó si era verdad que no me importaba que me inhabilitaran porque yo estaba podrida en dinero. Algunas personas que entraron a la Contraloría ayudados por Abadía decían que yo pedí $1.000 millones, otros decían que $3.500 millones y que como no me los dieron, me enojé y empecé a investigar. En el programa de Oswaldo Viera me torturaron durante dos años; todos los días me llamaban loca y a lo último no decían mi nombre sino la loca del vestido rojo del séptimo piso. Hasta una psicóloga de la Fiscalía de allá mandó a pedir mi hoja de vida con el fin de declararme loca.
¿Quién le ofrecía dinero?
En Buenaventura hay gente muy alcahueta que le parecía normal ofrecer dinero; entre ellos el periodista (de radio) Oswaldo Viera me dijo por teléfono que si no había una forma de arreglar. Para mí era increíble escuchar gente supuestamente prestante de Buenaventura diciendo que arregláramos. Después me di cuenta que había una especie de competencia y que había un premio para el que lograra que yo bajara la guardia o que lograra inhabilitarme . Había una manguala entre algunos representantes de la justicia para mantenerme ocupada defendiéndome y que no tuviera tiempo de investigar a nadie.
¿Y qué era arreglar con el alcalde?
Eso era lo que no entendía. Yo les dije ‘qué vamos a arreglar si las cosas están ahí’. Fue muy triste encontrar que la comunidad sabía lo que estaba pasando y nadie dijo nada. Allá toda la corrupción era normal y lo anormal era que yo ejerciera el control. Eso fue una lucha contra todos porque la que pensaba mal y la que estaba loca, era yo.
