A 115 kilómetros de Cali, atravesando la Cordillera Occidental, se encuentra Buenaventura. El municipio con mayor potencial económico del Valle del Cauca. Es una ciudad/puerto enclavada en la costa del Océano Pacífico por la que entra y sale el 60% del comercio internacional marítimo de Colombia, lo que deja un recaudo tributario de más de $2 billones anuales. Su zona rural es una inmensa mina de oro y su entorno natural la sitúa como una de las zonas más biodiversas del país. Una poderosa capa vegetal que se extiende hasta el departamento del Chocó y alberga importantes ríos como el Dagua, el Anchicayá, el Calima, el Cajambre, el Yurumanguí, una parte del Naya y otra del San Juan. Es, en pocas palabras, uno de los tesoros naturales del país. Sin embargo, la belleza de su geografía, lo estratégico de su ubicación y la grandeza de sus recursos hacen de Buenaventura un fortín que se disputan lo más selecto de la delincuencia de este país y algunos de los más encopetados empresarios. Situación que lo convierte en uno de los municipios más pobres, desiguales y violentos de todo Colombia.
La degradación del conflicto que se vive allí, las espantosas tipologías de su violencia y la enorme brecha social que separa a una minoría acomodada de una mayoría pobre, miserable y desempleada inspiran tristes frases, como la del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, quien luego de compararla con el Congo, afirmó: “El nivel de pobreza de la población de Buenaventura es una vergüenza para un país que, como Colombia, tiene dinero”.
Los bonaverenses se encuentran atrapados en un dramático escenario del conflicto armado: mientras la guerrilla de las Farc domina su área rural, las nuevas formas del paramilitarismo, menos ideológicas y más mafiosas, se disputan el control de la zona urbana y su población. Estas bandas de neoparamilitares operan bajo los nombres de La Empresa, Los Urabeños, Los Rastrojos y Los Machos. En documentos de Inteligencia de la Policía se explica la existencia de un crudo conflicto entre La Empresa, que durante años dominó Buenaventura y ahora se encuentra en decadencia, y Los Urabeños, que absorbieron a Los Rastrojos y Los Machos, cuyos principales capos son El Negro Orlando, Martín Bala y El Chicho Urdinola. Este último se encuentra vinculado a la investigación por el asesinato de Lorena Henao, ocurrido el pasado 27 de diciembre. Según Inteligencia de la Policía, el poder detrás de Los Urabeños es el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, quien regresó a Buenaventura para sembrar el terror en sus calles. De este entramado de bandidos sólo que da un resultado: una crisis humanitaria que desborda la imaginación de cualquier violentólogo.
Los homicidios entre 2006 y 2012 en Buenaventura suman más de 1.400, según fuentes de la Policía de Buenaventura. Y aunque en los últimos años se ha presentado una disminución, las cifras siguen siendo escalofriantes: en 2012 fueron 122, siete menos que en 2011. En los últimos tres meses del año pasado se presentaron más de 40 asesinatos. Lo que coincide con los meses en que se presentó la entrada de Los Urabeños al puerto y la cruda confrontación con La Empresa. Y la situación no mejora en los primeros meses de 2013, cuando se registra que en enero se presentaron 26 homicidios, incluyendo la masacre ocurrida el 11 de enero, en la que murieron diez personas en un aparente enfrentamiento entre las dos bandas.
Pero la tragedia no para allí. El reporte de desaparecidos también crece de manera desenfrenada: mientras en 2011 se recibieron 57 denuncias de desaparecidos, el año pasado cerró con saldo de 113. Y aunque el comandante de la Policía de Buenaventura, coronel Óscar Gómez, matiza la cifra explicando que la mayoría de casos ocurrieron en años anteriores y que el registro toma el año de la denuncia, la gente en Buenaventura habla de la desaparición como una estrategia sistemática del terrorismo.
Y la tragedia sigue sin tocar fondo. Una cara más de este espantoso panorama es el desplazamiento forzado. La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, en un documento de noviembre de 2012 sostuvo lo siguiente: “Desde el mes de octubre se ha venido intensificando la confrontación de los grupos armados posdesmovilización conocidos como Los Urabeños y La Empresa, a raíz de la ruptura de un acuerdo tácito, bajo el cual operaron desde el año 2011 y se distribuyeron el control territorial del puerto de Buenaventura (…) Tal situación ha derivado en un incremento de las violaciones a los derechos humanos y reiteradas infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cuya consecuencia más grave se ha materializado con ocurrencia de ocho eventos de desplazamiento masivo, afectando a seis barrios de bajamar. Hasta la fecha se conoce de 1.038 familias, 4.021 personas desplazadas masivamente en las últimas dos semanas”.
En dicho informe el Ministerio Público insiste en el tema e incluso suministra datos mucho más espeluznantes que los registrados por la Policía: “En lo corrido del mes de noviembre van más de 47 homicidios. Hay una concentración de personas amenazadas en lugares no seguros y los casos de amenaza son desproporcionados, frente a lo cual no existen medidas y acciones ágiles y eficaces para su protección”, y continúa: “Durante los meses de octubre y noviembre se presentaron desplazamientos forzados en los ocho barrios, con 4.916 personas desplazadas, 1.245 familias afectadas”.
Y empeora la situación cuando se indaga en las tipologías del delito, cuando se le pregunta a la gente por cómo ocurren las cosas y tartamudeando del miedo, y sin cifras a la mano, relata la espantosa forma como ocurren las cosas en Buenaventura. “Ha hecho carrera la más cruel de las modalidades de asesinato: la desmembración, la descuartización de gente a todas horas, de día y de noche. Hay casas donde llevan a la gente a descuartizarla. Los vecinos escuchan los gritos de dolor, la gente no puede dormir y menos denunciar, si no quiere ser el próximo picado. Son casas en muchos barrios, no es un solo caso, son muchos y a esas casas las llaman los picaderos”, relata Jorge*, un negro que mientras cuenta deja entrever el miedo de ser escuchado, persignándose a cada ruido, volteando la cabeza de un lado a otro para ver si alguien lo oye, y baja el tono y tiembla y los ojos se le brotan sin explicación.
Pero esta historia no es una novedad en la opinión pública. Desde octubre del año pasado trascendió que venían apareciendo cuerpos desmembrados de personas que habían desaparecido. Y en un informe especial del periodista de RCN Radio Antonio José Caballero, unas mujeres relatan las dantescas escenas que vieron y oyeron. La mujeres que hicieron las denuncias fueron obligadas a limpiar una de esas casas y cuentan, con pelos y señales, cómo funciona esta cruel tipología del delito.
Sin embargo, el miedo a denunciar se ha apoderado de la población. Nadie está dispuesto a acudir a las autoridades para poner denuncias formales. La gente transpira miedo y nadie se atrevería a señalar las casas donde ocurren los horrores, porque saben que eso los llevará a ser los próximo “picados”, como relatan en privado algunas personas. Y aunque la explicación de las autoridades apunta a que se trata de la lucha entre las bandas que operan en el puerto por el control de las rutas del narcotráfico, existe otra lectura del problema: “Lo que está en el fondo de esta violencia no es sólo el narcotráfico, es el control territorial del municipio, es una táctica de terror para que la gente se vaya de la zona insular ‘para’ y se desplace hacía las zonas rurales, para que los megaproyectos puedan tener rienda suelta. Los mafiosos, aliados con algunos empresarios, quieren sacar a la gente a punta de miedo y comprando barato, para luego hacer buenos negocios”, explica Daira*, una líder social.
Y mientras este drama humano ocurre, y las pocas voces que se alzan contra lo ocurrido son acalladas, Buenaventura se apresta para recibir al presidente Juan Manuel Santos, quien el próximo martes estará en el puerto para socializar un plan de choque a la crisis social.
Tomado de Elespectador.com
